OPINIÓN
La lucha por el poder
Entre Nos, por Alfredo Ponce //
Alito, es el nuevo presidente del PRI, la dinámica de las elecciones internas se dice que fue muy similar a las de antaño, donde imperaban prácticas muy alejadas a la verdadera democracia. Donde los dados, estaban siempre cargados.
En realidad, el ahora líder de los tricolores, no es una personalidad que tenga mucho impacto ante la sociedad, no tiene gran reconocimiento popular, pero ahora, enfrentará el juicio de la historia para ver si puede revivir un partido agonizante.
Ivonne Ortega, parecía que era muy buena opción, carismática, segura, conocedora de los problemas de su partido y del país, mujer destacada, pero sabe que no hay posibilidad de cambiar el panorama y la otrora gobernadora de Yucatán, pasa a ser parte de la larga estadística de verdaderos militantes que, decepcionados, abandonan las filas del partido que parece que se desmorona entre las manos, de los que ahorita tienen la sartén por el mango. Así se sigue haciendo pedazos la unidad que debería haber entre los grupos políticos, porque lo que importa es tener el poder, a costa de lo que sea.
MORENA NO CANTA MALAS RANCHERAS
Morena también tiene una lucha intestina entre grupos para quedarse con las posiciones de poder. En el Senado de la Republica, Batres se quiere quedar los seis años como presidente y lava los trapos sucios en público contra Monreal.
Mientras tanto, en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, también sigue la lucha sin cuartel, para ver que grupo se queda con el liderazgo a finales de este año. Imagínense, hay morenistas que impugnaron a uno de los pocos miembros destacados que tienen y que sí sabe hacer bien su trabajo, como Leonel Godoy. En verdad que la política no tiene cuadratura. El discurso es maravilloso. Todos saben cómo arreglar los problemas del país. Pero en la práctica siempre nos dejan la imagen de, primero yo, después yo y al ultimo yo, así parecieran ser las cosas en todos los niveles. Si no saben arreglar sus problemas en el micro cosmos de sus grupos, cómo creer que son capaces de arreglar los problemas de todo el país.
EL CASO JALISCO
También en Jalisco hace aire, no se ve ninguna actividad importante, de los que tenían el poder hace un año, al contrario, pareciera que andan como la avestruz, a excepción de los que sacan la cabeza para buscar a un “amigo” de la infancia, que milite en Morena para que les ayuden a dar el brinco.
El PAN, todos sabemos que no existe, está borrado del mapa, después de las tres administraciones estatales que tuvieron el poder, terminaron tan dañados, que prácticamente desaparecieron.
Mientras tanto, Morena, anda dando tumbos, con un presidente designado a nivel central, para que organice los comicios, que finalmente establezcan el partido en el estado y con el debate entre dos grupos, los que andan pegados a ver que sacan y los que no se sienten representados, ni identificados y no apoyan la gestión de quien dicen que al porvenir de MC y del PRI no los representa.
MC, tiene el poder y eso siempre es una ventaja, pero no se alcanza a ver trabajo de partido y el consabido desgaste que produce ser gobierno, pareciera que no les augura un gran futuro, sobre todo cuando analizamos, que el estado está pasando por momentos críticos en seguridad, salud, transporte, justicia y muchos otros temas.
Ni a cual irle. Bueno, desde nuestra humilde óptica, la única que anda trabajando es la jefa estatal del PT y mas vale que la tomen en serio, porque sí le sabe a su trabajo.
¿DONDE ESTAN LOS PILOTOS?
En medio de todo este panorama, el análisis nos deja claro, que el problema es muy difícil de resolver, pero muy simple de diagnosticar. Ningún partido, ni Estatal, ni Nacional, tiene liderazgos. El ultimo líder importante que hemos visto en México es quien ahora es Presidente, pero él ya hizo lo que tenia que hacer, el ahora tiene otras encomiendas. Los partidos políticos están “agandallados” por los que “comieron más pinole”, no por los que han demostrado su capacidad, para conducir a los grupos. No hay pilotos, no hay gente que verdaderamente sea reconocida por la sociedad, como dignos de recibir la confianza y los que andan por ahí rondando, son oportunistas que ante la crisis quieren ver si se sacan la lotería.
DINERO TIRADO A LA BASURA
Ante esta situación, me vuelvo a cuestionar, que tan válido es que a los partidos políticos se les sigan llenando las arcas de dinero del pueblo. Es momento que los partidos y las instituciones que dirigen la supuesta democracia, se amarren también los cinturones y entiendan que no pueden tener lo que no se merecen. Que salgan a la calle los partidos, busquen a sus afiliados y trabajen en lo político y en lo económico para mantenerse con la vida de reyes que quieren tener.
Necesitamos mas líderes que verdaderamente quieran a México, no solo que anden dando discursos mentirosos. Que sean congruentes. La política no puede ser mas el arte del engaño, que nos ha manejado en los últimos cien años.
Hasta la próxima.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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