OPINIÓN
La mentira del gobierno abierto en Zapopan
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Zapopan se ha reconocido por estar a la vanguardia y procurar aprovechar las herramientas tecnológicas para facilitar la prestación de servicios públicos, así como acercar la administración pública a la ciudadanía.
Durante el periodo 2012-2015 se redoblaron esfuerzos para migrar hacia un esquema de gobierno 2.0, que si bien significó un incremento exponencial en el uso de tencologías para facilitar trámites gubernamentales, no necesariamente propiciaba una mayor interacción entre la ciudadanía y la administración.
A diferencia del concepto de gobierno 2.0, el gobierno abierto va más allá y procura catalizar, mediante la intervención de las herramientas tecnológicas, la transparencia, colaboración y participación ciudadana.
Los esfuerzos concretos en materia de gobierno abierto en Zapopan iniciaron desde el año 2016, cuando el Reglamento de Transparencia e Información Pública del municipio incorpora la obligación del ayuntamiento para que, por conducto de la Comisión de Transparencia, en coordinación con la sociedad civil y el Consejo Ciudadano de Transparencia, se fomente y promueva la implementación de mecanismos de colaboración para la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental.
En atención a ello, en 2017, la Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información Pública incluyó en su programa anual de trabajo el “formular propuestas que fomenten la transición al Gobierno Abierto como modelo de gestión pública del municipio”.
Entonces el primer antecedente para cristalizar esto fue la propuesta formulada por Sergio González López, integrante del Consejo Ciudadano de Transparencia, para establecer la obligación de que las sesiones de todos los órganos colegiados del ayuntamiento fuesen videograbadas y difundidas en tiempo real a través de internet.
Sin embargo, también fue de gran relevancia la propuesta de la entonces regidora Zoila Gutiérrez Avelar, para que el municipio publicara información oportuna sobre sus sesiones y las de sus comisiones, así como del presidente, síndico y regidores, así como la labor de cada uno de ellos.
Estas dos últimas propuestas fueron aprobadas y permitieron que Zapopan fuera el primer municipio del país en adoptar y replicar el esquema de parlamento abierto que se desarrollaba en congresos de distintos estados de la República.
No obstante, el éxito de estas políticas radicó en que fueron implementadas adecuadamente por la Secretaría del Ayuntamiento y la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.
Lamentablemente, algo en el camino sucedió y se frenó drásticamente la aprobación de las políticas que tenían por objeto fortalecer el modelo de gobierno abierto que se impulsaba. A mediados de 2017, la presidenta de la Comisión de Transparencia presentó un Punto de Acuerdo que tenía por objeto que el Ayuntamiento manifestara su intención para que Zapopan integrara el Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco, el cual tuvo que ser retirado ante la ausencia de apoyo por parte de la mayoría en el Pleno del Ayuntamiento.
Lo anterior, incluso detuvo la presentación de una iniciativa que se había elaborado en conjunto por diversos ediles y el Consejo Ciudadano de Transparencia para expedir el Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan.
Con la intención de retomar estos esfuerzos, el Consejo Ciudadano de Control del Municipio de Zapopan emitió una recomendación, con proyecto de reglamento, para el establecimiento en Zapopan de un esquema de gobierno abierto focalizado al ámbito municipal, considerando su naturaleza, funciones y rubros de principal interés para la sociedad, la cual incluía que el Ayuntamiento llevara a cabo las acciones edilicias para contemplar en su normatividad los puntos mínimos determinados por el consejo, para variar esa nueva recomendación fue ignorada olímpicamente.
Semanas después, el Ayuntamiento suscribe un compromiso para la publicación de datos abiertos en el marco del Secretariado Técnico Local del Gobierno Abierto y se anuncia la discusión de un Reglamento de Gobierno Abierto de Zapopan, lo cual, en principio parecía una gran noticia, dado que retomaba propuestas que habían quedado en el tintero desde la administración anterior.
La sorpresa nos la llevamos al revisar el reglamento, ya que lo que pudiera parecer una gran idea terminó por convertirse en una gran mentira. El documento adolece de numerosas fallas de técnica edilicia y se queda muy corto si lo que pretende es que realmente sirva como una base normativa eficaz para que el municipio sea progresivo en la adopción de un modelo de gobierno abierto.
Llama la atención que impone facultades y obligaciones a un organismo constitucionalmente autónomo desde un reglamento municipal, replica mecanismos de participación ciudadana previstos por el reglamento de participación ciudadana (limitándose a cambiarles la denominación), establece una serie de principios abstractos para la interpretación del reglamento (los cuales dudo que la propia regidora autora de la iniciativa comprenda), entre muchas otras dolencias que solo nos permiten concluir que se trata de “diarrea edilicia”, entendiéndose por esto todos aquellos reglamentos que se emiten al vapor y con prisas para ganar una bandera política.
Uno de los aspectos que demuestran la poca voluntad de que este reglamento sea útil y funcione es que, a pesar de que en teoría impulsa la participación ciudadana y la co-creación como elementos fundamentales del gobierno abierto, se dejó de lado y no se consultó ni al Consejo Ciudadano de Transparencia, ni al Consejo Municipal de Participación Ciudadana y muchos menos, al Consejo Ciudadano de Control, el cual había emitido una recomendación detallada sobre la materia. ¿Para qué se han creado tantos órganos ciudadanos, si no son escuchados?
En fin, a pesar de ser un reglamento innovador en el estado de Jalisco, considerando la materia, no se trata de un ordenamiento serio, por lo cual se augura que únicamente será utilizado más como un elemento discursivo para algunos que cada vez muestran mayores ansias por reflectores, que un instrumento que coadyuve para la mejora de la gestión pública en Zapopan y menos, para lucimiento insisto, de una “regidora florero” que desconoce el tema pero arrastra en su ignorancia la buena fe de las instituciones que involucra y de Pablo Lemus.
Las políticas públicas se construyen desde la evidencia, reflexión y discusión, no en base a ocurrencias y prisas políticas.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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