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La verguenza de nuestra justicia

Contra la corrupción y el influyentismo no hay defensa. Se pueden tener las mejores leyes, pero cuando el aparato del poder entra en operación, poco o nada se puede hacer porque éste avasalla. Me refiero al caso del joven Pablo Mora, que por irresponsable e inconsciencia conducía en estado de ebriedad y la consecuencia es que le robó la vida a una jovencita de 18 años, Andrea Vaca Rodríguez, que ya no está en este mundo.

 

Pablo es posible que burle las leyes y no pague el delito que cometió, porque lo defienden los mismos que lo han hecho un individuo irresponsable. Los mismos que le han otorgado el vehículo, las tarjetas, el dinero y la seguridad de que puede andar por las calles con el arma mortal que representa conducir un automóvil, puede convertirse en homicida y no pasa más allá del escándalo mediático, de la indignación de la sociedad, que al cabo goza de pertenecer a una clase económica poderosa que está relacionada con el poder.

 

La cárcel no se hizo para los ricos. La pisan aquellos que no tienen para darle dinero a un ministerio público o para sobarle con billetes a un juez. Es el caso de Pablo Mora, que da al traste con la lucha ciudadana de lograr una “Ley Salvavidas”, que pretende sancionar con severidad a aquellos que combinan irresponsablemente alcohol y volante. Los resultados arrojados por la aplicación de esta ley han sido extraordinarios. Logró que no murieran 27 personas en los primeros cuatro meses de su aplicación, estos números contrastados con las muertes registradas en el 2009 en ese lapso de septiembre a diciembre.

 

Sin embargo, la ley no la blindaron contra el influyentismo y la corrupción. Cuando el primer junior la violenta y provoca una muerte, el aparato todopoderoso empieza a operar. Y por lo visto, es en el Instituto de Ciencias Forenses y en la Procuraduría General de Justicia donde se atora y truena el espíritu de esta buena ley. El dictamen del Instituto de Ciencias Forenses –según los abogados de Pablo Mora– mostró inconsistencias e incongruencias, conforme publica Mural en su edición del pasado sábado 19 de marzo.

 

El argumento de los abogados: “El resultado de la prueba I.MC.F./01040/2011/12CE/ML/01 concluyó que el joven, quien rehusó a someterse a la prueba de alcoholemia, tenía síntomas consistentes con el estado de ebriedad, además de que representaba un peligro inminente para conducir”. En un segundo dictamen, el I.J.C.F/01040/2011/12CE/ML/19, los especialistas intentaron traducir esta opinión en la medida que indica el Código Penal de Jalisco, miligramos de alcohol por mililitros de sangre.

 

A juicio de los abogados defensores, los peritos cayeron en contradicciones y equivocaron su conclusión. “Cursaba una concentración entre los 250 y 300Mgs.,/ de alcohol”, publica Mural de acuerdo al dictamen al que tuvieron acceso. De esta forma los abogados de Pablo argumentaron en su recurso de impugnación, que los especialistas no refieren cuál sustancia es la primera en mención, además de que ésta debe ir en proporción a 100 mililitros de sangre, no de alcohol.

 

Otro terrible error del Ministerio Público que los abogados exhiben es que el defensor social no realizó la certificación de que Mora Dragicevic se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, la cual es necesaria, según el artículo 125 del Código de Procedimientos Penales. Y este argumento es real, porque el artículo 125 dice a la letra: “Cuando el indiciado se niegue a otorgar muestra de sangre y previa certificación de dicha negativa que realice el Agente del Ministerio Público en presencia de su respectivo secretario o de dos testigos de asistencia, se le practicará un examen pericial clínico médico, cuyo resultado será considerado para determinar si el indiciado tiene condiciones físicas que afectan la capacidad para la conducción del vehículo”.

 

No hubo certificación de la negativa de Pablo a que le sacaran sangre por parte del MP y que la ley la exige. ¿Qué sucedió aquí señor procurador, Tomás Coronado Olmos? ¿Por qué no se hizo esta certificación? ¿Fue por ignorancia del MP o fue por consigna, con el armado deficiente de la averiguación?

 

En fin. Estamos en México, estamos en Jalisco. El ministerio público que debería defender a la sociedad contra sus agresores es incompetente o es corrupto y debe ser juzgado. Podría estar asumiendo una postura muy extremista como periodista y crítico, pero la verdad es que esto indigna y son chingaderas, parafraseando a Jaime Barrera. Frente al juicio de la sociedad Pablo tendrá que irse de Guadalajara, cuando menos dos o tres años, apostándole a que el tiempo cura todo. Andrea está muerta y Pablo seguirá viviendo. Esa es la realidad. Cruda, dolorosa, cínica, pero es la realidad.

 

E-mail: gabriel.ibarrabourjac@gmail.com