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LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Sep 10, 2011

Desde que nacieron a la vida jurídica constitucional las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en 1994 por adición al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora resulta que han tenido una muy amplia aplicación en su planteamiento y resolución ante el más alto tribunal del país: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien debe resolver por mayoría calificada de ocho votos de los 11 ministros que integran las dos salas de la Corte.

Y tan tiene actualidad el litigio entre poderes, que en la vida política de todo el país, están al día las controversias constitucionales en la que las partes en el proceso dirimen la constitucionalidad de sus actos y todos estos afectan a la vida institucional del país y con ello a la sociedad directamente que tiene el derecho a un orden jurídico para que no trastoque la libertad, la seguridad jurídica y la paz pública.

Para ejemplos hay muchos, como las controversias planteadas por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, contra los nombramientos y toma de protesta de magistrados y consejeros del Consejo General del Poder Judicial de Jalisco, que generó y sigue ampliándose la polémica por el desacato a la orden de suspensión de tales actos; de nombramiento y toma de protesta por parte de los diputados del Congreso, que ante el endeble argumento de que “no estaban notificados en tiempo” se hicieron las designaciones como lo dijera acertadamente en su columna periodística, el ex gobernador del Estado licenciado Guillermo Cosío Vidaurri ¿por qué con tanta prisa? cuando todavía están y con tiempo de sobra por vencerse en la mayor parte los nombramientos de magistrados y consejeros.

Sin duda se entretejen intereses en los nombramientos que sólo los diputados y los nombrados conocen, y que todo mundo ha criticado con mucha indignación, pero al margen de eso, la Suprema Corte considera que si hubo desacato a la orden de suspensión en la controversia constitucional citada, que puede conllevar a configurar el delito que esto implica y en su momento la invalidez de los nombramientos, pues de no ser así el principio de supremacía constitucional, que tanto se pregona en el discurso político, queda pulverizado.

El daño está hecho, pero además de la responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de la suspensión, conllevaría a la separación del cargo de los diputados, previo el procedimiento que establece la Ley Federal Reglamentaria del artículo 105 Constitucional y correlacionado con el juicio político. La Corte, al resolver el fondo de la controversia podría declarar inválidos los nombramientos hechos por los diputados y como consecuencia de ello, tendrían que darse nuevos nombramientos como procedan, para reparar las violaciones al orden constitucional.

Por otra parte, desde hace tiempo ya debe establecerse una verdadera carrera judicial escalafonaria, para que los nombramientos se den con base en la calidad moral, la experiencia judicial y los conocimientos que garanticen una administración de justicia de quien merece impartirla, perro mientras tanto en las convocatorias es fundamental que se exijan los requisitos aquí mencionados y naturalmente el concurso de oposición con sistemas de transparencia que deben caracterizar a un Estado de Derecho, en la adecuada selección de quienes deben integrar la estructura judicial.

 

* Doctor en Derecho y notario público

E-mail: dr.cesareduardoagraz@gmail.com