OPINIÓN
Las patronas y las señoras, una lucha de poder
Educación, por Isabel Venegas //
Vivir en sociedad tiene un encanto lleno de contradicciones; es maravilloso contar con la cercanía, la colaboración del otro, escuchar y expresar cosas que a veces encantan, aunque otras tantas lastiman. Las palabras están llenas de connotaciones que muchas veces suelen perder fronteras y otras tantas transmutan sin que nos demos mucha cuenta, aunque en ocasiones retornan mágicamente a su lugar de origen.
Palabras como “sirviente” (es más común el uso de sirvienta) de principio hace pensar en alguien que realiza un servicio en general. La Real Academia de la Lengua lo define como: persona que sirve como criado; al identificar el sinónimo de “servidor” se puede significar a sí mismo (por ejemplo, quedo como su atento y seguro servidor), o incluso como artefacto para almacenar información digital. Servidor, es calificativo y sustantivo. Nos dice qué y nos dicen quién.
Criada, muchacha, fámula, doncella, ama de casa, moza, doméstica, mucama, chacha, gata, son sinónimos de la misma figura, pero que se desgastan rápidamente porque parece más fácil cambiar de término que de forma de actuación.
“Son las patronas más delicadas, las que pagan menos y exigen más. Te tienen ahí sin saber a qué hora te puedes retirar, a veces simplemente se les olvida que van a llegar tarde, como si uno no tuviera hijos o pendientes qué hacer…Yo llevo mi lonche, pero la mayoría de las veces no me puedo sentar a comer porque no me dejan. En realidad tengo cinco patrones que sólo gritan y piden que se les atienda en el momento” Josefa García, empleada doméstica con más de treinta años de servicio.
En un país como el nuestro, la discriminación suele disfrazar una serie de carencias, con lo cual se vuelve un factor determinante en un círculo vicioso: cada vez hay más carencias, y sutilmente cada vez hay más discriminación. Los esfuerzos encaminados entonces a erradicarlo se vuelven infructuosos porque solo cambian los términos que se utilizan sin llegar a impactar en la formación ciudadana, en la comprensión y en la empatía social.
Resulta raro escuchar a alguien llamar a su trabajadora del aseo “gata”, pero no es raro ver que los mismos mecanismos se mantienen y justifican: sufrir el acoso de los patrones, el maltrato y en algunos casos con sueldos no mayores a los 80 pesos diarios, el gremio de las mal llamadas sirvientas trabaja sin los beneficios de las prestaciones básicas de ley.
Las vacaciones a las que las “convidan”, con el interés de que sean ellas quienes terminen haciendo la comida o cuidando de los niños, se llena de la benevolencia del “Gracias a mí, la muchacha viajó por primera vez en avión y conoció Disney”, ignorando -a veces conscientemente- que lo que ella quería era viajar a su ciudad natal y estar unos días con su familia. Ese tono de generosidad enmascarada también se acompaña del: con nosotros ella es feliz, porque le “regalamos” la comida y a veces, hasta ropa que nos queda casi nueva.
¿Ha servido de algo dejar de llamarlas “sirvientas” para convertir el término a “trabajadoras del hogar”? Ciertamente la semiótica tiene un impacto en nuestra forma de entendernos y la concepción del mundo en el que nos desplazamos, pero a veces descuidamos otros tantos que mantienen el centro de la actuación, como por ejemplo “señora” o “ama”. Ese término que para muchas mujeres significa una valía como personas, una reputación social.
Hay un coto que se mantiene cerrado, inaccesible e impoluto, el círculo soberano que valida a las personas por su poder, su dinero y a veces, simplemente por un apellido. Se protege y se cierra a la equidad con quienes se encuentran alrededor, con lo cual, no importa cómo se les llame, simplemente no acceden al entendimiento de que viven, sufren, quieren y luchan por vivir con la misma o quizá con tanta intensidad como cualquiera.
A propósito de las palabras, el término “Eufemismo” significa: palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca, y es que en nuestro país esa manipulación en la terminología nos ha llevado a vivir situaciones que forman parte de la descomposición social, porque el desánimo se agrava; una vez que ya habíamos abordado todo esto ¿por qué habríamos de volver a ponerlo sobre la mesa? porque no avanzamos casi nada, dejamos de usar un vocablo y pareció que lo demás vendría por añadidura.
Hay otro término que lacera la vida social, a la vez que mantiene una estrecha relación con el anterior y representa un determinante retroceso en la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la sororidad -“prostituta, piruja, putilla, etc”- utilizado en ocasiones para cuestionar el hecho de que una mujer pudiera haber llegado a un lugar, tener una posición social o un puesto laboral.
Si no debiéramos aceptar ese tipo de juicios venidos por parte de los hombres, mucho menos deberíamos deberían existir cuestionamientos así por parte de las “señoras” quienes por tener un apellido, una cartera o la sangre azul, parecieran tener la legitimidad para acceder a un cargo o a una posición por sobre muchas mujeres que se han preparado académica y laboralmente durante toda su vida. Muchas veces han dicho que, en la cruzada por buscar mejores condiciones para las mujeres, son ellas mismas las que quebrantan la credibilidad del movimiento y operan en contra de sus mismos congéneres.
Hace muchos años, casi de mis primeros descubrimientos por la maravilla de internet, encontré un movimiento que decía “Todas somos putas”, y convocaba a trabajar para erradicar la denostación de un término que vulneraba en muchos sentidos a una comunidad que es enjuiciada desde premisas de lo más crueles y desalmadas. Cuando todas somos putas, nos volvemos realmente solidarias con quien sufre y dejamos de hacer una valoración de la persona en función de su toma de decisiones sobre su intimidad y su genitalidad.
El empoderamiento de la mujer debe de ser en función de cómo se hace cargo de sí misma, reflexiona sobre sus anhelos y lucha por ellos desde la igualdad de posibilidades, sin entrar en comparativos ante cualquier otra persona, a no ser por sus talentos y capacidades. Los problemas socio-políticos de nuestro país, se suscriben en gran medida a los niveles de resentimiento entre una clase social que sabe que, no puede acceder a esferas vetadas para ella.
Las campañas políticas basadas en el desaliento, juegan mucho con esa perspectiva: no importa cuánto luches, trabajes, estudies y te esfuerces, no se te va a reconocer, pero ante esa lapidaria afirmación se requeriría de alguien como un mesías o un redentor del sistema, que tendría que venir a gobernar ese mundo de fifís para poner orden y traer “esperanza”, en el grupo social que no se reconoce a sí mismo como el autor de su propia tragedia.
Cuando el presidente de México hace referencia a ese término, el 99% de los mexicanos da un paso para atrás sin asumirse como los seres individualistas, competitivos y egoístas que van consiguiendo avances en sus vidas, pero que suelen validar en la denostación de los demás, ya sea con términos concretos, o con acciones veladas, constantes y sostenidas.
Gatos, putas, huevones, vagos, nacos, chachas, pirujillas, señoras, señores, dueños, empresarios, funcionarios, administradores, todos son México, son los ciudadanos del mundo, somos tu y yo; y debemos reconocer en cada uno su valía, porque si ahí está tu hermano, tu hija o tu pareja, todo se justifica, pero si se sale de ese pequeño círculo, toma el rigor de un juicio que justifica a la vez, el maltrato, la exclusión, la falta de apoyos o el simple incumplimiento a la ley.
Te propongo un ejercicio, vamos esta semana a observar, a abrir los ojos, a identificar por lo menos un trato injusto, inhumano y cruel que se da, pero que parece ser cotidiano. Hagamos visible lo que nos lastima y nos sigue doliendo después de tantos años; criticar al nuevo gobierno no nos exime de asumir una mayor responsabilidad en nuestros modos de convivencia, incluso y sobre todo para aquellos que forman parte de colectivos, de asociaciones, de instituciones de educación, etc.
Hoy por hoy vivimos nuevos tipos de esclavitud y aunque para algunos es muy cómodo adoptar posturas de “patrón”, para la mayoría es preocupante luchar por mantener su privilegio de “libertad”.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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