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LOS HOMBRES DEL PODER: ¿Hay pantalones para destituir a Barba?

LOS HOMBRES DEL PODER: ¿Hay pantalones para destituir a Barba?

Mar 4, 2017

Por Gabriel Ibarra Bourjac

LA RAZÓN POR LA QUE NO HA AVANZADO LA PETICIÓN DE PABLO LEMUS DE JUICIO POLÍTICO CONTRA ALBERTO BARBA ES PORQUE NO HA EXISTIDO VOLUNTAD POLÍTICA DE PARTE DEL PROPIO GOBIERNO DEL ESTADO. MÁS ALLÁ DE LO QUE DIGAN LOS ARTÍCULOS 91, 97 Y 98 DE LA CONSTITUCIÓN DE JALISCO SOBRE EL JUICIO DE PROCEDENCIA, SE REQUIERE VOLUNTAD Y GOBERNANTES CON FORTALEZA Y DECISIÓN FIRME.

Pablo Lemus, presidente de Zapopan, hace ocho meses solicitó juicio político contra el magistrado del TAE (Tribunal Administrativo del Estado), magistrado Alberto Barba. En agosto del pasado año la portada de Conciencia Pública destacó: «Van por la cabeza del magistrado Alberto Barba».

En aquellos días Pablo Lemus, presidente municipal de Zapopan, junto con el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, pidieron juicio político contra este magistrado del TAE. Pablo acusó a Barba de «corrupto». «La idea es que este magistrado pague todas las corruptelas que en contra de la ciudad y en contra de la gente llevó a cabo. Ya basta de este tipo de acciones que vulneran la autonomía municipal, que van en contra del orden que se debe de establecer (…) De nada sirve tener controles si vamos a tener por encima de los municipios magistrados que a través de criterios poco claros benefician a intereses particulares y no los de la gente». En estas denuncias el Ayuntamiento de Zapopan cuenta con el respaldo de vecinos que se sumarán a las denuncias y que tienen sus casas cerca del Bosque del Nixticuil y Jardines Universidad.

Pues han pasado ocho meses y de nuevo el presidente del Ayuntamiento de Zapopan insiste en que se destituya a este «impartidor de justicia». El motivo fue la orden que giró el magistrado al Ayuntamiento de Zapopan para construir 4 mil viviendas en un predio ubicado en la zona llamada «Colomos III» a través de una afirmativa ficta y que a juicio de Pablo hubieran hecho un caos en toda la zona, arruinando las condiciones medioambientales de esta área», que forma parte del polígono de protección que determinó el Gobierno del Estado.

La diferencia es que en esta ocasión el alcalde zapopano podría contar con el respaldo del Gobierno del Estado y del operador político del Ejecutivo, como lo es el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, quien junto con el fiscal general del estado, Eduardo Almaguer, ejecutó el desalojó la pasada semana de las personas que estaban con la posesión de un terreno de 12 hectáreas que en el mercado puede alcanzar un valor superior a los mil millones de pesos.

O sea, se trata de un negocio gordo, muy gordo, que entre el Ayuntamiento de Zapopan y el Gobierno del Estado, por lo pronto lo han frenado. Falta que los que se dicen propietarios hagan uso de los instrumentos jurídicos ante la justicia federal y se defiendan.

El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, ha señalado que la acción de desalojo que ejecutaron es por instrucción del gobernador: «Se recuperaron estas hectáreas que son parte de la etapa tres del Bosque de los Colomos, ubicado en las inmediaciones de avenida Patria y Acueducto. El predio estaba invadido por particulares, lo cual se procedió a retirar las vallas que obstaculizaban el uso del mismo».

«Algo muy importante es que el predio fue adquirido por el Gobierno del Estado entre 1897 y 1903 por el entonces gobernador Luis C. Curiel, comprando el predio para abastecer de agua a la ciudad de Guadalajara (…) Tenemos toda la información completa, por eso el gobernador de acuerdo a sus facultades instruyó al secretario general de gobierno en una orden de medidas administrativas para recuperar la posesión de los predios propiedad pública que son de dominio público y uso común».

¿Qué instancia de la autoridad judicial les permitió la toma de posesión del predio? —le pregunté al secretario general de Gobierno, a lo que respondió:

«De acuerdo a las facultades que tiene el Gobierno del Estado en su artículo siete que divide los bienes del estado y los bienes de dominio público y privado, es una orden de medidas administrativas para recuperar la posesión de los predios que son de propiedad pública y que son dominio público, es un predio de los jaliscienses bajo la tutela del Gobierno del Estado».

¿Y POR QUÉ NO DESTITUYEN A BARBA?

Le recordé al secretario general de Gobierno que existe una petición de juicio político contra el magistrado Alberto Barba desde hace ocho meses, que no se mueve en el Congreso del Estado, porque debe existir un fuerte interés de que no avance, a lo que me respondió que podrían hacer un juicio de procedencia y la petición de juicio político facilitaría muchas cosas.

La razón por la que no ha avanzado la petición de Pablo Lemus de juicio político contra Alberto Barba es porque no ha existido voluntad política de parte del propio Gobierno del Estado. Más allá de lo que digan los artículos 91, 97 y 98 de la Constitución de Jalisco sobre el juicio de procedencia, se requiere voluntad y gobernantes con fortaleza y decisión firme, así como inteligencia y compromiso para llevar a buen término el juicio de procedencia, además de que en Jalisco ya no existe fuero, bueno, al menos este fue eliminado hace algunos meses.

¿Quién tendrá los pantalones para destituir al magistrado Alberto Barba?

¿Cuál será la próxima «Barba-Aventura» para que la prensa y la clase política se vuelva a acordar de este magistrado tan polémico y que para Pablo Lemus y mucha gente es sinónimo de la antijusticia. ¿El ejecutor será Roberto López Lara? Ya lo veremos si es el personaje que se atreverá.

Correo electrónico: Gabriel.ibarrabourjac@gmail.com