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Luchas Sociales: Gastar para informarnos qué

Luchas Sociales: Gastar para informarnos qué

Mar 19, 2018

Por Mónica Ortiz //

A un paso de iniciar las campañas electorales del 2018, uno de los puntos controvertidos durante décadas y que sin lugar a dudas marca tendencia en periodo electoral, son las políticas públicas que los gobiernos de todos los niveles, aplicaron durante sus administraciones reflejadas en logros que venderán mediante su publicidad oficial (radio, televisión, internet y prensa escrita) sistemáticamente durante el tiempo permitido por la ley, este tema siempre ha sido complicado en materia de regulación, no coincide la manera en la que se utiliza el recurso público y el contenido de la publicidad oficial.

Durante la última década, las redes sociales consideradas como publicidad oficial en el esquema de la internet, se han convertido en la forma cotidiana para transmitir a ciertos grupos o sectores sociales, desde anuncios comerciales, noticias, eventos y hechos que puntean de manera temporal en las tendencias culturales y sociales en el país.

Sin embargo, las redes sociales son parte de la publicidad oficial, operadas por gobiernos y partidos políticos, para fines concretos pero distintos en teoría, por lo que ya son parte de la vida democrática, pero su uso facilita riesgos que van desde la falsas publicaciones pagadas, hasta la forma tendenciosa de tratar asuntos que provenga de fuentes no confiables ni fidedignas, es por eso que aunque son un punto trascendente para los gobiernos y la democracia, su razón de uso no debe ser político electoral, no desde los gobiernos en función, ni utilizadas para la politiquería, los abusos, la pretensión de desestabilización social y la guerra sucia, bajo el concepto general de comunicación social o publicidad oficial.

En este sentido, es importante socializar la utilidad pública de la publicidad oficial, así cómo saber diferenciar el fondo y la forma entre proselitismo político y publicidad gubernamental, pues el uso indiscriminado de anuncios comerciales de los gobiernos con respecto a lo bien y lo maravilloso que han hecho su trabajo gubernamental, en el fondo tratan de posicionar un partido o una figura política afín al origen partidista del gobierno en turno, por lo tanto los recursos públicos que utilizan los gobiernos en materia de comunicación social, se convierten en la forma perfecta para hacer campaña desde la trinchera gubernamental con dinero público que debería ir enfocado a la información de las políticas públicas, a la socialización de servicios públicos y programas sociales.

De tal manera que hablar del gasto que tienen en medios y publicidad los gobiernos federales, locales o municipales, durante la siguiente campaña electoral 2018, tomará un giro importante basado en la transparencia, pluralidad, rendición de cuentas y participación ciudadana efectiva. La opacidad con la que los gobiernos utilizan el concepto de publicidad oficial o gubernamental, ha dejado en entredicho la utilidad sana de los medios y las agencias publicitarias, habrá entonces que hacer una concreta, eficaz y eficiente conceptualización entre la publicidad oficial y los tiempos publicitarios de campaña, para evitar que entre la confusión social sigamos sin distinguir el proselitismo político del gubernamental y sin exigir la rendición de cuentas a nuestros representantes.

La transparencia y el acceso a la información pública, permiten la rendición de cuentas y descartan categóricamente la opacidad de los sujetos obligados al recibir financiamiento público, por lo que los partidos políticos y los gobiernos en funciones, deben ser transparentes en los manejos de los medios y la publicidad, no pagar por publicidad oficial desde un gobierno activo, para que el resultado sea la colocación mediática de colores partidistas ni la guerra sucia, sino las acciones de estos gobiernos, mismos que deben gastar para informarnos e informarnos en que gastan.

Recordemos que la regulación de la publicidad oficial, tiene como plazo el 30 de abril de este año, según el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que el Congreso de la Unión legisle sobre la publicidad oficial, en la que incumbirá establecerse en base a principios democráticos y constitucionales, donde se decrete la transparencia de los métodos, planificaciones y mecanismos oficiales de la publicidad, así como sus fines y orientaciones sociales, a través de una ley general que no obstaculícese la transparencia y la rendición de cuentas de los actos de los gobiernos a todos los niveles, permitiendo la diferenciación de un gobierno en función y un partido en campaña, sin que la mezcla opaca e intencionada de ambos garantice el posicionamiento electoral, mediante los contratos amañados de la comunicación social, que facilitan la oportuna y poca posibilidad de visibilidad social a cambio de rendimiento electoral.

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