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Luchas Sociales: Homologación vs informe

Luchas Sociales: Homologación vs informe

Feb 5, 2018

Por Mónica Ortiz //

La diferencia entre la manifestación política y las realidades sociales, radica casi siempre en la simulación, la desinformación y el ánimo de la clase política para conseguir objetivos mediáticos, con argumentos ajenos a la madurez política con la que deberían actuar, todos aquellos que de alguna manera directa o indirecta representan al pueblo, sin embargo en tiempos electoreros lo importante para la sociedad en materia de políticas públicas, no se acerca a las prioridades de los políticos que buscan ganar percepción positiva y tratar de ocasionar el efecto contrario para el más fuerte de sus oponentes políticos.

En este sentido y en aras de que las prácticas políticas en épocas de precampaña y campaña, dejen atrás un sin fin de vicios, que en estos tiempos de información y apertura social, les puede causar quedar evidenciados en el desconocimiento. El tema de la seguridad pública, en todo el país es por obvias razones sociales, uno de los más incendiarios, los expertos en tan delicado asunto, no logran ni mediante la academia y la comparación internacional, establecer una política pública exitosa ni mínimamente viable para el país, quizá porqué es sumamente complicado lograr la empatía de las ideologías políticas, la gobernanza y la idiosincrasia de la sociedad mexicana.

En un sentido más particular, el tema de la homologación salarial de los cuerpos policíacos municipales en Jalisco, se convirtió en un absurdo motivo para fines de percepción ciudadana por colores partidistas, entre los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano y Gobierno del Estado como contrario, obtuvimos un resultado vergonzoso, que se convirtió en un conflicto mediático, cuyo fondo radica en quién tiene el argumento válido, razonable y legal para responsabilizarse de las prestaciones de ley con las que debe contar un elemento policíaco municipal.

En consecuencia, para los alcaldes naranjas de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) fue un agravio político que el gobernador ofreciera el apoyo a la necesaria e inaplazable homologación salarial, pero que al final no se estipulará en el presupuesto estatal de egresos 2018 aprobado desde diciembre por el Congreso, ni en las reglas de operación, ni en los convenios que las prestaciones legales de los cuerpos policíacos para este proceso, fueran también pagadas por el Gobierno del Estado, lo que causó un motivo aparentemente viable para hacer un enérgico cuestionamiento al gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, naturalmente tratando de mover el reflector de su último informe de Gobierno.

Como resultado, un intento de debate infértil, ausente de fundamento jurídico y sin el estudio necesario para poder hacer del tema de la homologación salarial, un verdadero generador de mejores condiciones o bien un asunto transcendental en las políticas públicas de seguridad y su ejecución, para lograr abrir la posibilidad de un auténtico debate en torno a lo positivo y negativo de dos circunstancias distintas pero ligadas; la igualdad de condiciones laborales y un salario digno para los elementos policíacos, ya que su actividad los mantiene en un constante riesgo personal y su falta de estabilidad laboral, es otro posible riesgo para la sociedad en materia de prevención del delito y la seguridad pública; por lo tanto se trataba de igualdad y dignidad laboral, no del pretexto perfecto para usar un tema tan interesante y por demás sensible, en unos simples “Si va a ayudar, qué ayude con todo” ”Si lo prometió, qué lo cumpla” y un montón de cuestionamientos fuera de sentido con respecto a las prestaciones y quién es legalmente el obligado a pagar.

En este contexto, los alcaldes inconformes con los convenios y los resultados del tema de la homologación salarial, antes de tomar una bandera para levantar la voz, deberán por respeto a la ciudadanía que gobiernan, solicitar a sus asesores sean capaces de fundamentar y argumentar, para que no sólo digan la Ley Federal del Trabajo lo dice y sean capaces de declarar sobre la realidad jurídica y legal que estipula el artículo 123 B fracción XVIII y el capítulo V para el sueldo y demás prestaciones de los servidores públicos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para entonces quizás no verse tan mediáticamente políticos.