Portal informativo de análisis político y social

LUCHAS SOCIALES: INMEPLAN

LUCHAS SOCIALES: INMEPLAN

Mar 8, 2014

Por Mónica Ortiz —-

“El peor castigo para quienes no se interesan en la política, es ser gobernados por quienes si se interesan”. 
Arnold J. Toynbee

El secuestrado tema de “lo ciudadano” es en la actualidad un as bajo la manga para algunas ONG’s con fines y proyectos de participación política, aunque es indiscutible que no todos caen en las redes de intereses y si es de reconocerse que contribuyen en la mayoría de los casos con la participación como sociedad democrática para asuntos de Gobierno y política.
Cuando un grupo de ciudadanos pierde de vista sus propósitos y objetivos, se vuelve parte de lo que critica y hasta de lo que se supone combate, se engancha con el golpeteo mediático, genera dudas a la confianza, se despeña en el juego político y la pregunta es ¿cuántas asociaciones y colectivos terminan contaminados de política partidista y con intereses?
En el asunto del Instituto Metropolitano de Planeación, recién puesto en marcha, el nombramiento de su director ocasionó que se pararan de puntitas las organizaciones ciudadanas que por argumento tuvieron la falta de participación en el proyecto, etiquetando de acto vil con descarado dedazo el nombramiento de Alberto Orozco.
Cuándo, cómo y dónde algunas alianzas ciudadanas muestran el colmillo por no tener reflector político y peso mediático, aunque ellos lo llamen participación social.
Es el caso de las agrupaciones ciudadanas, conformadas en Asamblea por la Gobernanza; Ciudad para todos, liderado por Jesús Soto Morfín y el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, bajo la manifestación de que es legal pero no legítima la forma de elección del director del IMPLAN.
Dicen que operará pero no funcionará, algo así como sentenciar que sin su bendición están condenados al fracaso, llegando a la línea entre lo que parece más a un interés político, que la sana preocupación por la aportación ciudadana sin intereses.
El nombramiento es legal, le pertenecía, según la normatividad, a los ocho alcaldes que votaron por unanimidad, es la unión de criterios de los ayuntamientos con el Gobierno estatal para reforzar el urbanismo y planes de desarrollo de nuestra ciudad. Es responsabilidad de ellos por ley, aplicar políticas de planeación de sus municipios y el Estado, suministrando crecimiento, desarrollo viable y correcto, según establece la Constitución del Estado, en cuanto a las obligaciones y funciones de los alcaldes y el Poder Ejecutivo del Estado.
La responsabilidad legal, legítima, según la ley, es de aquellos que son los obligados a través de un voto de mayoría, mediante elección, con el fin de gobernar. Consecuentemente es lo que certifica la participación ciudadana, si lo llegarán a hacer de manera defectuosa, sin resultados, que el votante se los demande y hasta castigue, como se cumplió al retirar del poder y servicio público al Partido Acción Nacional en el Estado.
Mucho ayuda el que poco estorba y más contribuye el que genera y aporta. El uso de grupos ciudadanos victimizados, armados para desinformar a modo, buscando espacios donde suene fuerte su nombre, sólo emana la duda ¿qué interés o espacio se truncó? Y es precisamente ahí donde dejan a un lado la parte puramente ciudadana.
Las premisas usadas para minimizar la labor y trabajo del Instituto están mal estructuradas, rozan la soberbia de la verdad absoluta: “Imposición”, “legítimo”, “no funcionará” o “liquidar gobernanza” es ni más ni menos lo que pasaría si quien obligado a gobernar admite los embates ciudadanos en donde no cabe la pieza del rompecabezas.
Implementar que los asuntos de gobernanza estatal y municipal siempre tengan grupos ciudadanos dentro del servicio público concibe que en ese momento dejen de ser ciudadanos para ser servidores públicos y ese punto no es congruente.