Luchas Sociales: La inoperante Fiscalía Anticorrupción

Por Mónica Ortiz //

La entrada de administraciones públicas o gobiernos, traen consigo implícitos movimientos estructurales y operativos justificados, la nueva administración de Enrique Alfaro Ramírez, ha destapado una considerable cantidad de señalamientos y especulaciones sobre malos manejos administrativos y financieros del gobierno anterior, aunque es considerada una práctica común de salida y entrada de gobiernos, deberemos pugnar para que las instancias adecuadas y pertinentes funcionen para este tipo de acusaciones, como ciudadanos corresponderemos a estar atentos a los resultados de las investigaciones de estos señalamientos realizados por el actual poder ejecutivo, fijando la atención en la Contraloría y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, no sólo del discurso exclamativo de los políticos.

Hace más de un año que contamos con una Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y un zar dicen algunos, dependencia de la que solo se ha escuchado de voz de su titular Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar que su trabajo no es fácil, que los recursos no alcanzan, más un puñado de justificaciones evasivas; sin embargo en Jalisco después de tres administraciones estatales acusadas de corrupción e impunidad, deberemos empezar a pensar si esta nueva fiscalía anticorrupción visiblemente improductiva, cara e inoperante, nos podría estar generando también un desvío inapropiado y ofensivo del presupuesto de esta dependencia, además de ser una dependencia absolutamente carente de un efectivo mecanismo de investigación, que derive en sanción y reparación del daño, para considerarle capaz de obligar a la rendición de cuentas que tanto anhela esta sociedad y que sería lo más acercado a la justicia.

En este sentido, no es difícil deducir que el Sistema Nacional Anticorrupción no ha tenido efectos útiles ni resultados, de los tres sistemas nacionales creados temas de transparencia, anticorrupción y fiscalización, socializados como novedosos y esperanzadores que se instauraron en el país, solo el Sistema Nacional de Transparencia por su fundamento sólido en un derecho humano y fundamental, llevaba un avance estricto de más de una década y ha permitido lograr robustecer el ejercicio y la obligación del derecho a la información, con el acceso a la información pública y la transparencia gubernamental.

En Jalisco, necesitamos reconocer dos circunstancias que pueden surgir de la política o de la simulación, el hecho de ventilar desvíos y malas administraciones en actos públicos y discursos, es un asunto político para generar un reflector mediático, pues resultará siempre estimulante aprovechar la llegada como nuevo gobierno, para que los votantes no se sientan decepcionados y adviertan el trabajo de limpia que prometieron en esos discursos fuertes y contundentes de los tiempos de campaña y otra circunstancia es que nunca nadie es suficientemente responsable de actos de corrupción, por lo que se presupone la simulación de instancias y dependencias encargadas de estos temas de corrupción, por lo que existen chivos expiatorios, nombres de titulares e historias increíbles de corrupción, las cuales con el tiempo se olvidan o fiscales preocupados por el presupuesto y justificando que hacen lo que pueden.

Queda claro que no hay culpables ni responsables, porque seguimos inmersos en un sistema político de disimulo y actos mediáticos, promoviendo la impunidad que tanto peleamos y también olvidamos con facilidad. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción ha resultado insultante e impropia, el fiscal Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar ha sido llamado a rendir informe al Congreso del Estado sin lograr una correcta participación, también han sido señalados de ser opacos al no considerarse sujeto obligado, evadiendo esta obligación de acceso a la información pública y la transparencia en la Fiscalía del Estado, no obstante de tanta obviedad, también se les ha acusado de crear convocatorias inalcanzables para los ciudadanos interesados en ser parte de la fiscalía especializada, diseñando convocatorias a modo.

En este contexto, la versión de encontrar desvíos o malos manejos administrativos en las secretarías del gobierno anterior, no debe ser minimizada, tampoco debe ser solo un tema de medios de comunicación, sino de la Contraloría y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, ya que si estas no dan resultados, son instancias e instituciones con limites políticos y gubernamentales, que solo sirven como red de apoyo y pretexto para que quienes acusan no puedan probar o para acusar en una situación políticamente conveniente, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que responsable de su propio funcionamiento, sin ser acusado de prácticas que fácilmente se catalogan como opacidad e ineficiencia, si esto no es posible entonces es el mayor caso de corrupción que tenemos y eso es absurdo.