Portal informativo de análisis político y social

LUCHAS SOCIALES | La recomendación del IMCO

LUCHAS SOCIALES | La recomendación del IMCO

Nov 19, 2016

Desde hace un año se anuncia reiteradamente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco (STyPS) y Gobierno del Estado el proyecto de cumplir con la promesa que han hecho durante más de dos décadas varios gobiernos, con respecto al cambio de instalaciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, con el argumento de generar mejores condiciones en lo que respecta al derecho laboral en el Estado, dignificando el servicio público, profesional, del litigante, hasta la necesidad de los jaliscienses por contar con óptimas condiciones en todos los aspectos la justicia laboral.

Recordemos el estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el mes de julio año 2015, cuyo objetivo fue evaluar la calidad y transparencia con que se imparte la justicia laboral en Jalisco, mismo que emitió resultados a modo de recomendación sobre el estudio resultante, la cual lleva el nombre de “Impartición de justicia laboral, justicia transparente”; de acuerdo con el compromiso asumido por la STyPS y el Gobierno del Estado, con relación a solventar y cumplir con las recomendaciones que dicha evaluación pronunció, hoy parece que vemos la parte política de reflector o el evidente descuido de los compromisos, convertidos en discursos efectivos.

Dentro de la recomendación, se hacía referencia a que las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, no eran las adecuadas por no cumplir con las características apropiadas, para impartición de justicia laboral en Jalisco, a partir de ese momento se anunció el cambio de sede de la JLCA del Estado de Jalisco, del edificio de la Calle Independencia número 100 a la sede de Calzada las Palmas No. 30, ambas en el municipio de Guadalajara, como parte de las acciones a seguir en el camino por lograr la calidad y mejora de la impartición de justicia laboral.

¡Qué tal! Todo lo anterior suena muy bonito y congruente, por lo menos mientras sean declaraciones públicas y notas sobre este tema, el problema surge cuando el ciudadano ejerce su derecho a la información pública vía transparencia, recordando que le privilegia el derecho, mientras a los sujetos obligados les corresponde la obligación en materia de Transparencia.

En este contexto y según la Unidad de Transparencia de la STyPS bajo el expediente UTI/STPS/343/2016, se declara incompetente para otorgar la información pública, quien le solicitó: Informe detallado que acredite y justifique: el proyecto de cambio de Sede física de las JLCA del Estado de Jalisco, el informe oficial de gobierno que respalde lo siguiente: proyecto justificado e informativo, planeación y presupuesto, fechas de inicio y terminación de los cambios de sede.

Presuntamente para la STyPS, la información solicitada no le compete, sino a la Secretaría de Obra Pública, quien efectivamente podrá tener el proyecto de remodelación y construcción al interior de la sede de Calzada las Palmas, pero no es lo que se le requiere vía transparencia al sujeto obligado, sino el proyecto general de acción de cambio de instalaciones, no obstante de no entender ni pretender otorgar la información, subestimando la capacidad del ciudadano para ejercer su derecho, la STPS contesta de la siguiente manera: «Justificación el edificio actual, no es funcional para el desarrollo de las funciones, los gastos en renta (generar ahorro), concentrar todas las oficinas de la STyPS; no es posible acreditar ahorro de renta, porque es un dato numérico, no genera un documento.

No es posible acreditar la concentración de todas las oficinas ya que lo anterior no genera un documento y por último la no funcionalidad es un argumento que no genera documentos. Luego entonces se otorga la justificación disponible, sin adjuntar ningún documento que el ciudadano entiende como «acreditación». Ahora bien por el Proyecto informativo, planeación, presupuesto fechas de inicio y terminación (entiéndase proyecto u obra) refiérase a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública».

Por lo tanto, podemos deducir que el derecho a la información pública es y será la herramienta que no solo acredita las acciones o las omisiones de aquellos proyectos de gobierno que se divulgan, pero no generan documentos, ni justificación, pero a la luz pública y frente a los micrófonos son concordantes, con las necesidades de la sociedad y parte de un gobierno. Sin información es imposible preguntarse sobre otras cuestiones básicas de los proyectos de gobierno, como lo es la nueva reforma laboral y su repercusión en el proyecto, que no genera documentación, ni planeación.

monicaortizg@hotmail.com