OPINIÓN
Mas humildad y menos soberbia
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Estamos muy cerca de que el gobierno que encabeza Enrique Alfaro cumpla su primer año de gobierno, falta poco más de un mes y es oportunidad para que éste haga el corte de caja, con una honda reflexión que le permita con cabeza fría ser autocrítico de su gobierno, de las metas que se trazó, de lo que ha logrado y del rendimiento de su equipo de trabajo a quienes le dio la oportunidad.
El gobierno emecista en este primer año no ha resultado lo que los ciudadanos esperaban del mismo. Si preguntáramos qué diferencia hay entre los gobiernos que le antecedieron, el que encabezó Emilio González Márquez y el de Aristóteles Sandoval, del PAN y del PRI, ¿qué diferencias podrían destacarse? ¿Usted ve algún cambio notorio?
¿Es un gobierno más eficiente? ¿Es un gobierno más honesto y transparente? ¿Es un gobierno que está cerca de los intereses de la gente y que sabe escuchar?
En este primer año hemos visto un gobierno extraviado, cada vez más alejado de los ciudadanos, confrontado con los medios de comunicación críticos, con graves problemas que enfrenta la sociedad y que tienden a hacerse críticos, como el tema de la seguridad y violencia, así como la crisis de epidemiológica que se vive por el ataque del dengue y que el gobernador ha culpado al cambio climático, cuando es evidente que fallaron sus funcionarios responsables de aplicar los programas y manejar los recursos, además de ser ellos centro de señalamientos de negocios que han estado realizando para favorecer a familiares.
LE FALLA LA COMUNICACIÓN
El gobierno alfarista perdió el apoyo popular que lo llevó a ganar la gubernatura de Jalisco. Su principal problema nació en la pésima comunicación al improvisar en un área que había sido su principal fortaleza y que se caracterizó por su extraordinaria relación que llegó a construir con los medios de comunicación, especialmente con los periodistas, que lo veían muy cerca, con gran empatía y que fueron quienes le crearon la imagen de ese líder carismático y echado para adelante.
¿Dónde y cuándo perdió Alfaro la brújula y se enemistó con la prensa? ¿Quién le vendió la idea de que la prensa estaba al servicio de sus enemigos? ¿Cómo fue que la compró? ¿Qué le pasó a Alfaro? ¿Será que le faltó quien fue su principal conciencia y que le decía las cosas tal y como eran, sin vestirlas o con algún interés de por medio?
Sus choques continuos con reporteros y descalificación constante a medios de comunicación, por preguntas incómodas o denuncias de irregularidades de su gobierno, fueron minando su relación y desgastando su imagen. Podríamos decir que Alfaro no tuvo luna de miel. Basta ver las calificaciones que le da la mayoría de encuestas, muestra una desaprobación alta y que tiende a crecer, producto de un desgaste que se entendería al final de un sexenio y no en el primer año.
Las redes sociales que lo cobijaron cuando era un líder de oposición hoy lo han convertido en su villano favorito. Al ver sus declaraciones ante los graves y delicados problemas que enfrenta Jalisco, pareciera que el gobernador vive en otro mundo. Pareciera que está secuestrado por un grupo que le vende una realidad, muy distinta a la que ven los ciudadanos de a pie y que se mueven en camión.
LOS MALOS ASESORES
Al gobernador mucho daño le han hecho sus asesores, principalmente aquello que traen pleito con el mundo y que ven la oportunidad de saciar odios y venganzas, expresión de las patologías y frustraciones que han arrastrado por la vida. Esas visione amargas y negativas, el gobernador pareciera que las ha comprado y lo han llevado a equivocaciones terribles que lo han alejado a su su gobierno de aquellos que fueron sus aliados naturales. Aquel mensaje misógino contra las mujeres feministas que alguien le preparó, fue su primer paso en falso; vendrían después otros más con esos regaños que lanzaba a diestra y siniestra contra aquellos que le mostraban una realidad diferente que le pintan los que le hablan al oído.
El último gran resbalón del gobernador ha sido con el tema de la crisis sanitaria que ha provocado le epidemia del dengue que se salió de control por la indolencia e irresponsabilidad de los responsables del sector salud a quienes extrañamente ha protegido, al querer convencernos que es culpa del cambio climático, cuando no se puede tapar el sol con un dedo, ya que a los funcionarios a quienes les dio la confianza lo han traicionado, buscando cómo hacer negocio y/o la actitud irresponsable de irse de vacaciones cuando la epidemia se había hecho presente.
En el tema de la seguridad es otro flanco que trae abierto su gobierno. Los resultados de este primer año son negativos, no se ha logrado acotar la violencia que provoca el crimen organizado.
Diciembre es un buen mes para que el gobernador pueda tener espacio para la serena reflexión, alejado de esos genios que lo contaminan con sus visiones maniqueas. Si Alfaro quiere salvar su administración está muy a tiempo, pero para ello tiene que reconocer que se ha equivocado y que su gobierno está extraviado. Para ello tiene que ejercer la autocrítica y poder tener humildad. Es tan simple o complejo como se quiera ver.
Más humildad y menos soberbia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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