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METÁSTASIS | Evaluación y altos sueldos

METÁSTASIS | Evaluación y altos sueldos

Feb 13, 2016

En Jalisco los funcionarios de primer nivel, del Poder Judicial y algunos organismos públicos decentralizados ganan sueldos muy altos, por encima del Ejecutivo estatal, sin una gran productividad hasta el momento. Por ejemplo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado gana 251 mil 726 pesos, mientras que los 33 magistrados que lo integran reciben 178 mil 171 pesos mensuales, otros que están entre los 140 mil y 180 mil pesos son los consejeros de la Judicatura, del IEPC, del Tribunal Administrativo, los titulares de la Auditoría Superior y de la Comisión Estatal de Derecho Humanos, por mencionar algunos.

El problema principal es que están en las instituciones u organismos que más deficiencias presentan, con muchas dudas al respecto del desempeño de su función, alejados de la sociedad, aunque el Congreso del Estado y el gobernador están más preocupados por los salarios que perciben, cuyos montos superan los que ellos reciben, además también en un tema de congruencia con los tiempos y la obligada austeridad que debemos tener ante los ajustes de presupuestos y la economía mundial.

Cabe mencionar que todos estos puestos de los que hablamos con altos sueldos no son de elección popular, todos ellos son designados y ratificados por los diputados locales, bajo una premisa de negociación proporcional a la representación de fuerzas políticas que integran al Congreso en el Estado, es decir, más que un examen de conocimientos (que puede estar en las convocatorias) o un perfil idóneo con base en la función, son electos bajo prácticas políticas y repartición de cuotas.

Para la selección y desempeño de la función, debería existir una ley estatal de servidores públicos de primer nivel, del Poder Judicial y organismos públicos descentralizados que dependan del presupuesto público estatal, para regular el ingreso y la permanencia en cumplimiento de su nombramiento a través de procesos de evaluación que deberá regular un organismo evaluador en el estado al respecto de la función pública, así como establecer limites de temporalidad en dicha función, pues estos cargos no deben significar una carrera profesional o proyecto de vida, deben ser, por el contrario, transitorios, así como tampoco deben ser instrumento de control de los grupos políticos, ni agencia de colocación en nómina.

Este paso sería de gran trascendencia para el estado y para el país, garantizando la idoneidad de quienes estarán en la función de tan importantes instituciones u organismos, además de dar certeza a los ciudadanos de tener a los mejores perfiles para el cumplimiento de dicha función, este ejercicio es el que se realiza con los docentes de México, con quienes ganan en promedio el 6% de lo que perciben ellos al mes, para dimensionar esto, un profesor con sueldo base y prestaciones de ley, gana en un año de servicio lo que ganaría en un mes cualquiera de estos funcionarios, vale la pena decir la función tan importante del maestro en la sociedad en contraste con la función tan oscura que desempeñan estos funcionarios.

La evaluación para el ingreso y la permanencia en la función pública permitiría además promover la honestidad y eficiencia de quienes asuman esa responsabilidad, en esta ley se podrían establecer los topes salariales, además promover también algún bono por eficiencia para quienes en su proceso de evaluación, que implica la rendición de cuentas, resulten con los perfiles idóneos para continuar con el cumplimiento de su nombramiento por el que fuera seleccionado.

@FlavioMendozaNA