OPINIÓN
LOS HOMBRES DEL PODER /// Se abre la caja de Pandora
Por Gabriel Ibarra Bourjac ///
La madre de todas las batallas está librando el Presidente Andrés Manuel López Obrador al tomar la valiente decisión de empezar la lucha contra la corrupción en Petróleos Mexicanos, la principal empresa de México a la que todo tipo de intereses perversos se han dedicado a ordeñar durante décadas, considerando que es el cuerno de la abundancia.
Es la macro-corrupción. Por lo que estamos viendo el robo en Pemex supera al negocio del narcotráfico. Y tal vez se trate también de uno de los mayores casos de corrupción del mundo por la magnitud del negocio criminal y que supera sumados por años varios cientos de miles de millones de pesos.
¿Cómo enfrentar el cáncer de la corrupción en México? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo barrer de arriba hacia abajo? ¿Es llevar a la justicia a ex presidentes y ex funcionarios, como diversas voces lo han planteado o es focalizar y atacar el tumor maligno más grande del cuerpo y buscar acotarlo como lo representa Pemex para la economía del país?
La decisión de López Obrador de empezar por Pemex creo que es la correcta, lo que ha recibido la aprobación abrumadora. Sin embargo esta decisión de cierres de ductos por Pemex, ha traído consigo daños colaterales, principalmente en seis estados del país (Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Aguascalientes e Hidalgo). Y allí se le echa en cara al Presidente no haber medido las consecuencias de una acción de esta naturaleza ante la falta de un diagnóstico sobre la dimensión del problema y sus consecuencias.
¿CÓMO ENFRENTAR EL CÁNCER DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO? ¿POR DÓNDE EMPEZAR? ¿CÓMO BARRER DE ARRIBA HACIA ABAJO? ¿ES LLEVAR A LA JUSTICIA A EX PRESIDENTES Y EX FUNCIONARIOS, COMO DIVERSAS VOCES LO HAN PLANTEADO O ES FOCALIZAR Y ATACAR EL TUMOR MALIGNO MÁS GRANDE DEL CUERPO Y BUSCAR ACOTARLO COMO LO REPRESENTA PEMEX PARA LA ECONOMÍA DEL PAÍS?
En el caso particular de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro junto con el sector empresarial, se han convertido en las voces más críticas por la forma de atacar el problema de corrupción en Pemex, ante los daños que esto ha provocado al sector productivo de la localidad la falta del combustible y que estiman en 250 millones de pesos diarios que en 20 días representan 5 mil millones de pesos y que ha impactado negativamente la generación de empleo en un 33 % a las estimaciones que había hecho la Coparmex. Jalisco se ha visto paralizado y de proseguir el problema puede llegar su economía al colapso.
El problema de abastecimiento de gasolina, provocó otro problema político entre el Gobernador de Jalisco y el Presidente de México (algo inédito, vivimos nuevos tiempos) al echarle en cara Enrique Alfaro tanto a López Obrador como al director de Pemex, no decir la verdad en torno a cuándo se solucionará el problema por las mentiras que al respecto han realizado al asumir ellos compromisos y no cumplirlos.
LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PEMEX
Petróleos Mexicanos es la tercera empresa más grandes de América Latina, superada únicamente por Petrobras de Brasil y PDVSA de Venezuela. Sus ventas anuales superan el billón de millones de pesos anuales y que en el 2019 de acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos que la Secretaría de Hacienda presentó en el Congreso de la Unión deberán significarle 524,291.6 millones de pesos de aportación al presupuesto, un 24% más con relación a la aprobación para el ejercicio presupuestario del 2018. Basta recordar que el presupuesto de egresos de 2019 del Gobierno Federal es de 5.6 billones de pesos, por lo que los ingresos por venta de petróleo y derivados representan cerca del 10% del presupuesto federal.
En su estudio más reciente del 2018 de “Brand Finance”, la firma con sede en Londres dio a conocer las que considera las principales marcas del mundo por cada región, ubicando a Petróleos Mexicanos como la empresa líder en Latinoamérica y la número 190 a nivel global.
Conforme a este ranking en el que son evaluadas más de 3,500 empresas del mundo cada año, Amazon está en el primer lugar mundial con una valuación de 150 mil 800 millones de dólares; Samsung es la más destacada de Asia y cuarta en todo el orbe con una valoración de 92 mil 300 millones de dólares.
En 2017 en el ranking mundial México apareció en el lugar 12 de las Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Al término del primer semestre del 2018 Pemex produjo 1.84 millones de barriles de petróleo crudo diarios y en su comparación anual la producción había caído 8.7%, toda vez que en el mismo mes de 2017 la petrolera generaba 2.0 millones de barriles de unidades cada día, conforme a sus indicadores petroleros. En junio del pasado año Pemex había producido 1.06 millones de barriles de crudo pesado, 566 mil barriles ligero y 213 mil súper ligero.
LA CAJA DE PANDORA
Lo que estamos viendo sobre la guerra contra el huachicoleo del gobierno de López Obrador en Pemex, que representan al año cerca de 70 mil millones de pesos (80% de robo desde el interior de Pemex y 20% por perforaciones y ordeñas a ductos) es la punta de la madeja, ya que de acuerdo a las investigaciones de la periodista Ana Lilia Pérez, existe un “Cártel Negro” que se desarrolló durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, fortaleciéndose en la administración de Enrique Peña Nieto, donde participan un gigantesco núcleo de intereses, desde funcionarios de Pemex y del gobierno, con trabajadores, empresarios, contratistas, inspectores, contralores, agentes aduanales, dirigentes y miembros del sindicato petrolero, políticos, ordeñadores, tapineros, huachicoleros, extorsionadores, defraudadores, contrabandistas y lavadores de dinero.
En los próximos días y semanas, el tema de la corrupción en Pemex continuará acaparando la agenda pública. Muchas cosas inéditas pasarán en México. Se empezarán a ventilar contratos de decenas y cientos de millones de dólares que se hicieron para favorecer a grupos y personajes del poder.
La capacidad de asombro no la perderemos, porque vendrán cosas que nos pondrán los pelos de punta de la gigantesca corrupción con el saqueo de nuestra riqueza y que tiene hundido en la pobreza a 56 millones de mexicanos.
Correo electrónico: abriel.ibarrabourjac@gmail.com
Twitter: @bourjack
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
