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OPINIÓN: Obligados a denunciar tortura

OPINIÓN: Obligados a denunciar tortura

May 31, 2014

Por Alfonso Partida Caballero—

El amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedido en abril pasado a una mujer de Veracruz, acusada de haber participado en el homicidio de su esposo, determinó que todo servidor público en México, pertenezca a los cuerpos aprehensores, administradores de justicia, defensores de oficio o de centros de reclusión, tienen obligación de denunciar actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. La resolución de los integrantes de la Primera Sala en el expediente 90/2014, además de establecer la obligatoriedad de observar un protocolo para estos casos, determina que “dicha conducta es tipificada como delito, a la cual se le asignan como consecuencias jurídicas, la imposición de una pena de tres a 12 años de prisión y de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por dos tantos del lapso de privación de libertad impuesta”. Los ministros de la Corte, establecieron que esta resolución se basa en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en las garantías constitucionales y en los Acuerdos Internacionales firmados por México sobre este tema. Precisa el documento –enviado a todas las autoridades federales y estatales del país–, que cuando se demuestre una confesión arrancada con estos actos denigrantes de la persona detenida o bajo investigación, será desechado de inmediato por el juez que conozca de ello, además de tener la obligación de ordenar al Ministerio Público o fiscal, que investigue y proceda penalmente contra quienes resulten responsables. Los ministros reiteran en su acuerdo, que cuando “la declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio, la omisión del juez de tortura alegados por la procesada constituye una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo”. En el caso a estudio, los ministros concluyeron que tanto el juez de origen, como los integrantes de  la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, desestimaron los señalamientos en contra de los elementos de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, al no dar vista al Ministerio Público de los presumibles actos de tortura que alegó la detenida. También fueron omisos los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, quienes además de negar el amparo de la justicia federal a la acusada, desestimaron los señalamientos de tortura, por lo  cual ella recurrió a la revisión en la Corte, donde fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Se advierte en el documento, que es el Estado quien tiene la obligación de demostrar si existió o no la comisión de un delito de esta naturaleza, y no a la parte denunciante. “…todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen, en general, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante”, cita el acuerdo. Al considerar que existió una confesión obtenida bajo coacción, los ministros de la Corte acordaron por unanimidad conceder el amparo a la quejosa, ordenaron al juez dejar sin efecto la sentencia y reponer el procedimiento. Al mismo juez de origen, se le solicitó ordenar al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar si existió el delito de tortura, como ordenar la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul a la procesada. Protocolo que ordena observar la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de denuncias de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, basado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales.  

  1. La investigación respecto de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata.
  2. La investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: (i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; (ii) identificar a los responsables; e (iii) iniciar su procesamiento.
  3. Corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura.
  4. El Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión.
  5. Cuando una persona alega dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. –
  6. La regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción (incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción.
  7. La carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla. Es el Estado quien debe demostrar que la confesión fue voluntaria.