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Opinión: Amparos contra la Ley de Seguridad Interior

Opinión: Amparos contra la Ley de Seguridad Interior

May 14, 2018

Por Héctor Romero Fierro //

Interesante, pero preocupante la sentencia relativa al juicio de amparo indirecto 73/2018-II y sus acumulados 75/2018-III y 76/2018-IV emitidas por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato Karla María Macías, y posteriormente otra, por el Juez de Distrito Fernando Silva García, (por cierto, hijo de Juan Silva Meza, ex ministro presidente de la Corte).

Curiosamente han estado muy polémicos los dos al parecer, con el propósito de subir a Magistrados. Analizando la primer Sentencia, se concede el Amparo a varias organizaciones supuestamente defensoras de los Derechos Humanos contra algunas disposiciones de la controvertida Ley de Seguridad Interior, misma que no debió, desde mi punto de vista ser estudiada, ya que la sola entrada en vigor de las normas impugnadas, en forma alguna afecta y condiciona conductas inherentes a la actividad de los quejosos como supuestos promotores de derechos humanos ya que a dichas organizaciones no se les debió considerar que cuentan con interés jurídico para impugnar la ley alegando una futura e incierta afectación que sufrirían en caso de que la ley en comento fuera aplicada arbitrariamente en su perjuicio, para amedrentarlos en el ejercicio de sus libertades; o que a su vez, podría afectar a la sociedad en general o a aquellas personas que pretendan hacer uso de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión o de asociación, derechos humanos que en forma alguna se afectan con la aplicación de la citada ley, concediéndoles un Amparo como si por el simple hecho de ostentarse como defensores de los derechos humanos, los situara en una condición de supra condición.

Medularmente el argumento gira sobre la ambigüedad e incertidumbre sobre los términos que pretenden regular la intervención de las fuerzas armadas del Estado ya que ésta, nótese, puede generar una afectación (futura?) inhibitoria en el ejercicio de los derechos humanos de los activistas y actualizar su interés legítimo, ya que conceptos tales como “acciones de seguridad interior” y “amenazas a la seguridad interior, instituciones y gobernabilidad”, a juicio de la Magistrada no los define la ley y por ende la ausencia de límites conceptuales en el término “seguridad interior”, es razón suficiente para declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 que lo prevé. Las leyes no deben ser un catálogo de definiciones, pero si así fuera se suple la inconstitucionalidad por parte del legislativo incorporando dichas definiciones y se acaba el problema.

Así, al tiempo que el legislador instrumenta un esquema de intervención militar como remedio para solucionar, en el corto plazo, la inseguridad que apremia en el país y procura atender la raíz del problema social en el plano local, es decir, la deficiencia de las corporaciones policiacas de las entidades federativas y los municipios, estos Jueces de Distrito pretenden tutelar a organizaciones supuestamente protectoras de Derechos Humanos de probables actos futuros e inciertos por parte del ejército, señalando, “Así, ante la posibilidad legal (acorde con el artículo 8 de la ley) de que las autoridades castrenses intervengan en una manifestación en la que participen los quejosos, los investiguen por las actividades que realicen como defensores de derechos humanos (artículo 30), soliciten sus datos personales a cualquier autoridad (artículo 31), o bien, se les impida acceder a la información relacionada con la seguridad interior (artículo 9), se disuade a los promoventes del amparo de realizar sus actividades como defensores de derechos humanos….”

Estas determinaciones, me informan, ya fueron debidamente impugnadas por la PGR y acabarán siendo resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(SCJN) donde se sumarán a las controversias constitucionales presentadas en contra de esta misma ley, aprobada el 17 de diciembre de 2017 y promulgada por el presidente Peña Nieto, quien ofreció detener su ejercicio hasta que la Suprema Corte emitiera una resolución postura sobre su constitucionalidad.

La SCJN deberá congelar la resolución final hasta pasar la elecciones ya que la misma, aunque no contiene un grave aspecto jurídico si conlleva un alto componente político, mientras, y parece ser el fondo, hay que evitar el auxilio de Ejército y la Marina en labores de Seguridad Interior para que la delincuencia organizada siga operando a lo largo del país ante la incapacidad de las corporaciones policiacas.

Es bueno que se tutele a los verdaderos defensores de los Derechos Humanos, sin embargo y también eso se debe regular, varios activistas, inclusive algunos extremistas, se cubren bajo el manto de las organizaciones de Derechos Humanos y con concesiones de esta naturaleza utilizarán el Amparo para abiertamente delinquir contra la sociedad en general ya que la sentencia llega al extremo de entregar un “salvoconducto” para que las autoridades encargadas de ejecutar la ley de Seguridad Interior se abstengan de aplicar los artículos (de la Ley) materia de la concesión del Amparo a los quejosos”.

En otro tema, felicitaciones al equipo de la Fiscalía del Estado, en especial a la Maestra Maricela Gomez Cobos y al Lic. Eusebio Gutiérrez, por la pronta, eficiente y desinteresada ayuda que me brindaron al denunciar una serie de intentos de extorsión a mi persona. Funcionarios así hacen que los gobernados confiemos en las instituciones, así como he criticado la actuación de la fiscalía en temas como WTC o los hoteles en Puerto Vallarta, no tengo empacho en felicitarlos abiertamente.

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