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Opinión: Declaración tres de tres

Opinión: Declaración tres de tres

Jun 17, 2017

Por Héctor Romero Fierro //

El pasado jueves se resolvió por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la controversia constitucional que interpusieran diputados federales de los partidos PAN, PRD y MC contra el contenido del artículo 29, del tercer párrafo del artículo 34, y del primer párrafo del artículo 48, así como del sexto párrafo del artículo tercero transitorio de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley tres de tres, misma que es parte de la reciente Reforma Anti Corrupción, ya que a su juicio, la ley atentaba contra el esfuerzo ciudadano de miles de gentes que pretendían se haga pública información de cualquier funcionario público, inclusive su declaración patrimonial junto a la información fiscal, cuyo contenido está protegido por reservas de datos personales, fiscales y de vida privada, alegando que la fracción I del artículo 6º Constitucional establece el principio de máxima publicidad.

Recordemos que la propia Constitución en su artículo 108 señala: “Los servidores públicos […] estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en términos que determine la ley”, las cuales deben estar sujetas a condiciones mínimas de protección de su divulgación, ya que nuestra constitución define una amplia expectativa de privacidad en la información que se refiera a la vida privada y datos personales de cualquier individuo, reglamentando además en la Ley General de Transparencia qué información se encuentra reservada y aquella que se considera confidencial.

El conflicto se presentó en la aplicación del artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que señala: “Artículo 29. Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.”

Los defensores de la apertura total alegaban que no pueden existir limitaciones a que la opinión pública conozca la Declaración Patrimonial, de Intereses, Fiscal entre otras, ya que como lo señaló el Ministro Presidente “el objeto de la reforma consistió en establecer los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, para evitar la corrupción y, por esa razón, resulta necesario que se haga pública más información de un servidor público que la que corresponda –desde luego– a un particular.” Pero siguió afirmando: “…No creo que, por ese motivo, ciertos datos estrictamente pertenecientes al ámbito privado del servidor público –como persona humana– deban considerarse publicitadas dada esa sola calidad –la de servidor público…. la vida privada de la persona, aunque sea servidor público, es ajena a su función y, por lo tanto, inaccesible o no divulgable y, en ese sentido, retomando el objeto de la reforma constitucional, dentro de las declaraciones patrimoniales y de intereses que están obligados a presentar los servidores públicos, existe información que no resulta necesaria para cumplir con el fin de dicha reforma…. dar a conocer datos que no sean relevantes para determinar si los servidores públicos inciden en actos de corrupción no sólo pondría en riesgo el derecho a la vida privada de éstos, a la inviolabilidad del domicilio, a la vida e integridad personal, sino también dicha vulneración podría ser extensiva a terceros, pudiendo ser –por ejemplo– sus propios familiares…..-ya que- siguen de todos modos teniendo la calidad de seres humanos y, por tanto, siguen siendo sujetos de todos los derechos que la Constitución Federal e, incluso, los tratados de derechos humanos tutelan.”

Por lo anterior la Corte resolvió declarar fundada pero inoperante la acción de inconstitucionalidad dejando los artículos de la ley tal y como fueron promulgados, por lo que no toda la información patrimonial deberá hacerse pública al estar tutelada la secrecía por la propia Constitución. Lo anterior no implica que las propias autoridades encargadas de vigilar el desempeño de los funcionarios tengan limitado el acceso a la misma y que los formatos contengan solo información pública.

Puedo concluir que no toda la información patrimonial o personal de un servidor público deba ser publica, ya que su divulgación puede poner en peligro la vida o el patrimonio del funcionario.