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Opinión: Geolocalización

Opinión: Geolocalización

Abr 15, 2018

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Por Héctor Romero Fierro //

Existe una gran herramienta para la localización de personas cuando existe desaparición forzada, secuestros o se pretende localizar a un probable delincuente. Me refiero a la posibilidad que tienen las autoridades, con apoyo de las compañías de telefonía celular, de permitir la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentren relacionados con los hechos que investiga la autoridad investigadora y el Ministerio Público.

En sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el 20 de marzo pasado, se entró al estudio de la constitucionalidad de la primera parte del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a “Geolocalización en tiempo real”, mismo que estuvo vigente hasta junio de 2016, declarándolo inconstitucional.

Tanto el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habían cuestionado la constitucionalidad del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentó que el texto del precepto no establecía que las órdenes debieran ser emitidas por mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal, y termina señalando que era violatorio del derecho a la privacidad, por lo tanto, necesitaría control judicial. También sostuvo que esta facultad permitía actuaciones arbitrarias en contravención a los tratados y a la Constitución Federal, porque en lugar de abordarse como una cuestión excepcional para determinados delitos que sean de especial relevancia para la seguridad de las personas, para la paz pública, lo permitía para cualquier delito. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, ademas señaló que no es posible desvincular la comunicación móvil del usuario; de tal suerte que esta localización geográfica del equipo identifica a una persona, por lo tanto, es un dato personal y, —desde su punto de vista— entonces, ahí hay una violación a la privacidad, y coincide –en su segundo argumento– con la Procuraduría General de la República en que, dado que esto es así, la facultad otorgada al ministerio público debe sujetarse a control judicial.

La geolocalización se introdujo a la ley desde el 17 de abril de dos mil doce, en el entonces Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se establecía que esa geolocalización en tiempo real sería procedente en delitos: 1, delincuencia organizada; 2, contra la salud; 3, secuestro; 4, extorsión; y 5, amenazas, es decir, estaba limitado a estos delitos.

Estos preceptos del artículo 133 quáter del entonces Código Federal, fueron en su momento sometidos a una acción de inconstitucionalidad 32/2012 por el Pleno, mismo que resolvió la constitucionalidad de la geolocalización, sin orden judicial, acotada a estos delitos, haciendola extensiva a su procedencia cuando está en peligro la salud o la vida de las personas.

En su texto actual, cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el Procurador, podrá solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación y excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Procurador, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación.

La geolocalización es una herramienta muy importante en la persecución de delincuentes y en su texto actual, se cumplen, los aspectos constitucionales al estar sujetos a la autorización del juez de control, aunque yo coincido con el argumento de la Ministro Margarita Luna, en el sentido de que en realidad se estaría localizando un aparato, y no interviniendo ni en sus conversaciones ni en datos, por lo que debería ser mas laxa esta disposición.


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