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OPINIÓN INVITADA: El reto de la seguridad pública en la zona metropolitana

OPINIÓN INVITADA: El reto de la seguridad pública en la zona metropolitana

Nov 8, 2014

Por Andrés Gómez Rosales

Para las administraciones públicas municipales que inician en octubre de 2015, la seguridad pública será sin duda su mayor dolor de cabeza, como apuntan los hechos actuales y como se ha venido manifestando en la actual administración, en que más que avances se ha retrocedido dramáticamente en términos de mayor corrupción e ineficiencia.

Las manifestaciones se presentan en denuncias y quejas ante los órganos de procuración de justicia y de derechos humanos. Por ejemplo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga de una plantilla laboral de menos de 600 policías, la delegación de la Fiscalía General tiene registrados hasta el mes de septiembre 50 denuncias de abusos, la Jefatura de Asuntos Internos 80 quejas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 70.

Son varios los elementos que han contribuido al deterioro en que actualmente se encuentran todas las corporaciones, empezando por el descuido de los órganos federales y estatales encargados de mantener la mejora de la profesionalización y la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre otros yerros se encuentra el del gobierno de Peña Nieto de desentenderse de obligar a los poco más de doscientos municipios de mayor número de habitantes del país, a quienes se les entrega el subsidio federal mejor conocido como SUBSEMUN, para condicionar la entrega de dicho subsidio a los avances de planes y programas. Por otro lado, los órganos estatales, como el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se han desentendido de su obligación de vigilar el desempeño de los municipios en el cumplimiento de los avances del Sistema.

Los gobiernos han desatendido, sobre todo por el desconocimiento del propio Sistema y sus objetivos, como es el caso del Centro Nacional de Información conocido como Plataforma México. Fue abandonado por el gobierno federal a pesar de los avances que había obtenido en su función estratégica de obtener y concentrar la información de todas las corporaciones del país, de los órganos de procuración de justicia, de los sistemas judiciales y los centros de detención.

Esas decisiones le granjearon al gobierno federal una fuerte fricción con el Departamento de Estado norteamericano, sobre todo porque fue financiado con recursos del Plan Mérida. El Centro de Información quedó empantanado operando como un órgano burocrático, desaprovechando un instrumento valioso para la unificación de información, de criterios policiales, criminológicos y tecnológicos.

Sin embargo, lo que para los efectos locales se debe considerar es la visión que los partidos políticos y sus candidatos tienen para enfrentar la función de la seguridad pública y la ineficiencia de las corporaciones. Asunto nada fácil y aún más preocupante si quienes han de administrar los municipios siguen considerando que sea la Federación quien resuelva los problemas sobre todo de financiamiento, como sucedió con las pruebas de Control de Confianza, que retrasaron la depuración de las corporaciones por dos años, agravando el ya de por sí grave problema de falta de personal y la corrupción policiaca municipal.

Lo que la ciudadanía debe esperar de las siguientes administraciones es un Plan de Seguridad Pública sólidamente estructurado en el que se manifieste con claridad lo que se va a hacer y, lo que es más importante, cómo lo van a hacer. Por ejemplo, nadie dice y es de esperar que todo mundo evitará decirlo, cómo resolverán el grave problema de las nóminas de la delincuencia organizada, fenómeno común a todos los municipios de la Zona Metropolitana. Es claro que en esos municipios se tiene comprometida prácticamente a toda la corporación, empezando por sus dirigentes.

Un Plan implicaría que cada partido y candidato presentara su proyecto para los tres años, en que nos dijera cómo piensa resolver en cantidad y calidad los servicios. Por ejemplo, a partir del instrumento de medición llamado Informe Policial, cuántos servicios se proponen generar en las diferentes etapas de la administración. Sería deseable que cuando menos en el término de los tres años se obtuviera el objetivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de diez servicios por mes por elemento. Actualmente producen menos de tres servicios.

Otro aspecto de la cantidad implica sus recursos, para el caso de los recursos humanos, en este momento las corporaciones apenas cuentan con 1.2 policías por cada mil habitantes, siendo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene considerado un piso de 1.8. Una administración municipal eficiente debe ofrecer tener al final de su periodo tres policías por cada mil habitantes.

Para el caso de los recursos materiales se debe tener en la calle cuando menos una patrulla por cada doce policías, considerando que el vehículo trabaje los tres turnos en forma constante. Además de programar gasto para una reingeniería operativa que considere adquisición de edificios, equipamiento y tecnología.

En lo referente a la calidad de los servicios debe partirse de manera elemental en el tiempo de respuesta, misma que no debe atenderse en no más de cinco minutos, además de la presencia permanente de patrullaje geográfico para generar la disuasión de delitos y faltas administrativas. En este tema debe considerarse además la actuación profesional del personal.

Para lograr esos objetivos de cantidad y calidad, por depuración de personal, contrataciones y capacitación, adquisición de recursos materiales y tecnologías, entre otros, las administraciones deben programar un gasto anual importante, además del que se viene ejerciendo.

Por ejemplo, para el caso de Guadalajara debe considerarse una inversión anual de ciento cincuenta millones de pesos. En Zapopan, que no es necesario aumento de sueldo, sería un gasto de ciento veinte millones. Tlajomulco de Zúñiga requiere de una inversión anual de cincuenta millones de pesos.

Habrá qué esperar las propuestas de campaña que se hagan para el tema, sin embargo, la ciudadanía deberá estar atenta para que en el camino no se modifiquen las inversiones, sobre todo canalizadas a la obra pública, misma que representa una tentación permanente para los administradores, para obtener recursos de manera irregular.

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