OPINIÓN
Opinión Invitada: Y nos creemos mejores
Por Camila Vallarta de la Peña //
La ruta ilegal migratoria es un universo paralelo regido por su propia lógica y sus propias leyes donde todo se puede esperar. Afortunados los que no deben enfrentarla y digo “deben” porque los que se van no lo deciden, ¿quien optaría por vivir huyendo?, aquellos que parten son obligados a hacerlo, empujados por la falta de oportunidades, forzados por la violencia, presionados por el hambre.
Lo peor es que el camino que recorren no es uno lineal, donde se parte de un lugar y se llega a la meta de manera sencilla, es mas bien un nudo de destinos, en su mayoría violentos, de manera que la urgente necesidad de salir huyendo resulta contradictoria, pasando de una situación deplorable a otra donde en muchos casos no hay salida.
Es increíble cómo, además de que los migrantes son sometidos a monstruosas experiencias, se les considere delincuentes por el único hecho de buscar una vida mejor a la resultante de la mala administración de su madre tierra.
Observamos como acontecimiento actual a La Caravana Madre que se dirige de Honduras a México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, la cual estima poder llegar a tener 20 mil personas, una cifra enorme de obligados a migrar.
A lo largo de su camino es posible que atraviesen obstáculos como condiciones climáticas desfavorables, las autoridades migratorias, policiacas y militares, bandas delictivas, los Maras, secuestros, asaltos, redes de prostitución y trata de personas, los Zetas, y un conjunto interminable de infamias que deben sortear para cumplir un sueño incierto.
Sin embargo, a pesar de todo el peligro al que pueden enfrentarse, la sangría poblacional de Centroamérica lejos de disminuir aumenta día con día, migran tras las remesas que dan de comer a sus vulnerables familias, remesas que hoy en día son el 18% del producto interno bruto de Honduras.
Por lo menos desde hace 20 años México ha sido el equivalente a un muro de contención para frenar la migración centroamericana a los Estados Unidos, lo que ha ocasionado que miles de migrantes se internen en nuestro país. La Caravana Madre es un claro ejemplo de esto, lo cual ha desencadenado que personalidades de altos cargos expresen cómo se planea actuar al respecto. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard expuso lo siguiente:
“Estamos trabajando con las autoridades de EU para avanzar en la coexistencia de nuestras posturas distintas sobre migración. México actuará responsablemente en el tema a partir de su propia visión, expresada en el Pacto de Marrakech para una migración ordenada y segura.”
El Pacto de Marrakech según la ONU se creó para gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y global. Tiene como objetivo mitigar los factores adversos y los factores estructurales que impiden que las personas construyan y mantengan medios de vida sostenibles en sus países de origen; tiene la intención de reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración al respetar, proteger y cumplir sus derechos humanos y brindarles atención y asistencia. Pero el pacto entró en vigor el 30 de septiembre del 2016, y no se perciben cambios, la migración incrementa y la violencia persiste, ¿qué tan legítimo será el argumento del Canciller mexicano?
Para muchos migrantes centroamericanos el sueño termina en México, por el denigrante trato que nuestro país les brinda, atrapados en la pesadilla mexicana, donde las autoridades son una banda mas de criminales que se aprovecha de ellos por su vulnerable situación; debido a su condición de “indocumentados” no se denuncia la violencia ni el maltrato por temor a ser deportados.
La sociedad mexicana no ayuda mucho tampoco, se les discrimina por su claro aspecto migrante y se les lanza miradas afiladas de sentimientos de superioridad y disgusto por su simple existencia; se hacen comentarios como “no hay lugar para tantos”, “no hay trabajo para esa cantidad”, “todos son delincuentes”, y resulta un poco hipócrita hablar de esta manera y a la vez envolverse en bandera nacionalista cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump llama a los migrantes mexicanos delincuentes, negándolos como ciudadanos de la misma manera, ¿por qué somos entonces mejores que ellos?
Somos uno de los países con las tazas de migración más altas en el mundo, es necesario difundir un sentimiento de comprensión a nuestros hermanos centroamericanos y no uno con raíces discriminantes. México se caracteriza por su calor humano, es hora de demostrarlo, acoger al que lo necesita, y adecuarnos para que sea menor el número de personas que sufren en búsqueda de una vida digna.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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