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OPINIÓN: La Corte Penal y el conflicto en Siria

OPINIÓN: La Corte Penal y el conflicto en Siria

May 10, 2014

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Por Juan Alberto Salinas —-

El New York Times reportó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSONU) pudiera analizar una propuesta de resolución redactada por Francia para referir el conflicto en Siria a la Corte Penal Internacional (CPI).1 Sin dar detalles sobre el lenguaje del borrador, el Times especula que dicho documento pudiera ser sometido a los miembros permanentes al inicio de la próxima semana.

Esta acción es una alternativa que ha estado en el tintero desde el 2011 que comenzó el conflicto interno. Sin embargo, el impasse del CSONU ha impedido que se aborden alternativas reales de coacción a todas las partes en la guerra civil de Siria y derivado del rumor filtrado al NYT, se desprenden ciertos detalles que es importante hacer notar.

Primero, ¿es competente la Corte Penal Internacional para conocer el conflicto en Siria? Sí, veamos: la CPI se crea mediante el Estatuto de Roma que entró en vigor en 2002. En su artículo 5 tipifica los delitos sobre los cuáles es competente: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; y d) El crimen de agresión.

En el caso sirio, se busca que la CPI lleve el caso por crímenes de guerra. Para que esto se pueda dar, es necesario cumplir con una condición: la existencia de un conflicto armado –internacional o no internacional–. En el caso concreto, existe evidencia incontrovertible sobre la duración, intensidad y escala que nos permiten categorizar el intercambio bélico como un conflicto armado de carácter no internacional.
Una vez cumplida la condición, es obligatorio remitirse a los supuestos del tipo penal de Crímenes de Guerra, incluidos en el artículo 8 del Estatuto, apartado en el que se han sido documentado por diversas organizaciones no gubernamentales a nivel internacional (ONG) la práctica sistemática de tortura, homicidio internacional, dirigir ataques contra la población civil, atacar operaciones de asistencia humanitaria, etcétera.2
Es importante señalar que no se limita a un “bando”, sino a todo el espectro de combatientes. El caso más notorio dentro del universo de los intercambios con fuerza armada tomó lugar el pasado 21 de agosto de 2013, cuando el gobierno de Bashar al-Assad utilizó armas químicas sobre civiles, ocasionando la muerte de más de mil cuatrocientas personas.3 Pero no perdamos la perspectiva, este ataque implica tan sólo poco menos del 1 por ciento de la cantidad de pérdidas humanas que ha dejado el conflicto interno desde 2011.4

Segundo, ¿puede hacer el CSONU que la CPI ejercite su jurisdicción en este caso? Una vez discutida la competencia de la Corte Penal, es menester analizar cómo puede el Tribunal ejercer su jurisdicción. El mismo Estatuto en su Artículo 14 establece tres posibilidades: (a) que un Estado Parte –del Tratado– remita al Fiscal una situación en la que se presuma se cometieron algunos de los tipos penales anteriormente citados; (b) que el CSONU refiera el caso; y (c) que el Fiscal inicie una investigación de oficio, generalmente mediante petición. Por ello, el CSONU sí puede referir el caso, a pesar que Siria no sea parte del Estatuto.

No sería la primera ocasión que el CSONU refiere un caso a la CPI. Existen otros dos casos importantes desde el 2002: Darfur (2005) y Libia (2011). Un punto a notar que parece una constante en las dos resoluciones antes citadas y en el lenguaje del borrador de resolución Francés sobre Siria: el personal nacional de un Estado que no es parte del Estatuto y no es parte de los sujetos señalados —Gobierno de al-Assad y aliados, y rebeldes armados–, no pueden ser incluidos en dicha investigación, léase, personal de Estados Unidos.

Tercero, no sólo es válido cuestionar la premisa, sino necesario: ¿cómo referir el caso a la CPI mitigaría los efectos de la guerra civil? La evidencia de los dos casos anteriores no es alentadora. Por ejemplo, en Darfur (Sudán) se detuvo al presidente Al-Bashir y se le responsabilizó por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio de aproximadamente 300 mil personas. Actualmente Sudán sufre por cumplir la función básica de la política: integración. Continúan desplazando civiles de Darfur y los Estados vecinos no pasan por momentos alentadores—comenzando por Sudán del Sur–. El segundo (Libia) es menos prometedor. La resolución 1970 llegó poco tiempo antes que autorizaran una operación robusta (fuerza militar) para restablecer la paz. Sin embargo, como corolario a dicha autorización existe la obligación de reconstruir el Estado; la regla Pottery Barn, “lo rompes, lo pagas”, dijera Michael Ignatieff. Los escasos resultados positivos han sido elementos que utilizan China y Rusia para no autorizar un ejercicio similar en Siria. Independientemente de que en Libia ya sostuvieron elecciones con un grado “aceptable” de democracia, sus instituciones aún requieren que generación de capacidad y no se ha cumplido la expectativa de integración de los sectores vulnerados por hechos históricos.

En Siria, es aventurado aceptar la premisa que referir el caso por sí solo es una cura al conflicto armado. Sería un primer paso de una aproximación mucho más amplia e integral para atender la complejidad de actores internos, regionales y globales en la guerra civil. Por esta misma realidad, la posibilidad de que Rusia y China hagan ejercicio de su veto sobre la resolución que someterían en los próximos días a consulta.

La guerra civil en Siria es un caso extremadamente complejo por los intereses divergentes que confluyen en ella. La intención de remitir el conflicto interno en Siria a la CPI es un paso importante en cuanto a la voluntad que pudiera impulsar soluciones políticas al conflicto. Por ende, es posible que el teleos del borrador de la resolución sea ser el garrote, la zanahoria el diálogo sobre el cumplimiento de los acuerdos Ginebra I y II.5. Ojalá se queden con la zanahoria, los casi 18 millones de seres humanos que aún se encuentran dentro del territorio lo agradecerían.6

* Profesor de Derecho en el ITESO.
Realizó sus estudios de maestría en The Fletcher School y en la Kennedy School.


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