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Opinión: La pena de muerte en tiempos del ácido

Opinión: La pena de muerte en tiempos del ácido

May 7, 2018

Por Ramiro Escoto //

La sociedad se estremeció al conocer el desenlace de los 3 jóvenes estudiantes de cine en Tonalá, las autoridades por medio de la declaración de uno de los detenidos advirtió que el caso de estos jóvenes se suma a los de otros más que, tras ser torturados tuvieron el mismo fin, el de deshacerlos en ácido clorhídrico.

Llama la atención también la manera en la que estos criminales “levantan” a sus víctimas, la manera de planear, de “comunicar” las acciones y mantener un cerco de seguridad en la zona en la que operan, además de la saña con la que torturan y dan muerte a sus víctimas tras un interrogatorio; la realidad que vivimos más de cerca, cuando la comparamos con lo “ficticio” que puede ser un capítulo del “Señor de los Cielos” o la “Reina del Sur”, por mencionar algunas series que se siguen transmitiendo y que hablan de estas prácticas.

Uno de los detenidos del caso de los 3 estudiantes de cine, declaró que recibía al mes 12 mil pesos, en otros casos, declaraciones de asesinos a sueldo o sicarios refieren recibir de 5 a 20  mil pesos por “jales” que van desde levantar a sus víctimas o ultimarlos y masacrarlos como parte de los “avisos” o ajustes de cuentas entre las bandas rivales.

El gobierno de Jalisco no ha sido omiso en el tema, y lo ha llevado más allá de lo que permiten los protocolos, incluso poniendo a expertos internacionales y a la opinión pública el propio expediente, la investigación, que por cierto no se ha cerrado, y que continuará, pues de las declaraciones hay más implicados que ya cuentan con órdenes de aprehensión y operativos pendientes que buscan desarticular esas células delictivas.

Pero, en medio de este asunto, donde la sociedad marcha, consigna, teme y se sorprende, hay varios actores ausentes, invisibles, escondidos o desparecidos, me refiero al Poder Judicial que no se declara ante los hechos, que no propone aumentar las penas tras conocer esta clase de hechos que puede esclarecer al menos el destino final de decenas de personas en calidad de desaparecidos.

No escucho la voz de diputados locales proponiendo también o empujando reformas que castiguen esta clase de actos que no dejan de asombrar e incluso de indignar, cuando se sabe que en este nuevo sistema de justicia todo puede pasar con estos sicarios que, incluso, operan desde la cárcel con extorsiones o venganzas que hacen que su nombre, presencia y operación se mantenga vigente y siga generando ganancias a la célula a la que pertenece.

Me queda claro que hoy en día sería bueno contar con el consejo del ex gobernador Flavio Romero de Velasco, o bien de don Marcelino García Barragán al respecto, sólo por conocer su opinión. Y me detengo en ellos pues fueron considerados en su momento como quienes aplicaron medidas que si bien eran consideradas extremas, fueron eficaces, pero que en tiempos modernos serían incluso objeto de procesos y recomendaciones para los Derechos Humanos.

Y al respecto, plantear nuevamente la aplicación de la Pena de Muerte a delincuentes de alta peligrosidad comienza a escucharse en las calles ante estos actos donde insisto, quienes hacen política y quienes tienen en sus manos la impartición de la justicia solo se lamentan pero no proponen cambios o mejoras en el sistema.

Es cierto que existen no muy buenos antecedentes de juicios justos, lo que también pondría en tela de juicio la impartición de este modelo extremo, y por supuesto la visión de la CEDHJ que contaría mucho en un aspecto como el que hemos tenido sobre la mesa en los últimos días. 

Pero para empezar, ¿por qué delitos se enjuiciaría a un “pozolero”? Esa figura que tendría que tipificarse y en todo caso tendría que reunir elementos de producción para que pueda ser objeto de un juicio, desde esa premisa partamos sobre el dilema que hoy tienen las autoridades al respecto.

¿Usted qué piensa?

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