Opinión: La tarea pendiente del fiscal anticorrupción: los corruptos siguen de pie

Por Mario Ávila //

De poco o nada ha servido el esfuerzo que se hizo para diseñar un modelo de justicia para combatir la corrupción en Jalisco, cientos de millones de pesos invertidos en un año que se fueron en sueldos, instalaciones, mobiliario, capacitación y una plantilla de funcionarios, a juicio de los ciudadanos se han ido a la basura simple y sencillamente porque no hay resultados concretos y los corruptos siguen en la calle.

Marzo ha sido el mes idóneo para evaluar el primer año de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción que se trazó para Jalisco, con el visto bueno de todos los partidos políticos y presuntamente cuidando que los funcionarios designados cumplieran el requisito de autonomía e independencia de los entes de poder, para que no se vieran influenciados ni intimidades en sus determinaciones que tendrían que ser totalmente autónomas.

Esto bien podría tipificarse como una traición a la confianza que la ciudadanía le brindó a los entes de gobierno cuando desde el Congreso del Estado presentaron en sociedad aquel 24 de enero del 2018 a Gerardo de la Cruz Tovar como el primer Fiscal Anticorrupción de Jalisco.

En marzo compareció Gerardo de la Cruz ante los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia y Vigilancia del Congreso del Estado, para rendir un informe de lo que han sido los resultados de su trabajo en el primer año en el cargo.

Un año atrás había dudas y quejas anticipadas entre las voces de la sociedad y de los integrantes de la LXI Legislatura local, por la posibilidad de que se presentara la designación en la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción, de una persona que resultara un auténtico fiscal a modo, un fiscal carnal, un fiscal subordinado.

Y a juzgar por los resultados a la luz del trabajo de un año, entre los temores que se expresaban antes de la designación y lo que hoy en realidad tiene Jalisco para combatir los actos de corrupción, no hay mucha diferencia.

Desde el día que se generó su nombramiento y rindió protesta ante la representación del pueblo en la sede del Poder Legislativo, a De la Cruz Tovar se le encomendaron tareas específicas, de viva voz y durante la misma sesión extraordinaria, en la que se encomendó trabajar puntualmente como primera tarea en las denuncias que se presentaban por acos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud, de donde habían tenido que sacar por la puerta trasera al secretario Antonio Cruces Mada, un asiduo visitante a los casinos de apuestas de la ciudad de Las Vegas.

Contaba también como paquete de salida, con las 13 denuncias criminales que había interpuesto el hoy finado contralor, Juan José Bañuelos Guardado y algunas más que se quedaron en el proceso, pero que en su totalidad hablaban de desvíos de recursos y daños al erario público por más de 7 mil millones de pesos.

También la contralora del Estado, Teresa Brito otro paquete de 16 denuncias penales que tiene que ver con presuntos malos manejos de recursos en dependencias públicas como el Instituto de Pensiones del Estado, el Seguro Popular, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Sistecozome, Jaltrade por la compra a sobre precio de la Casa Jalisco en Chicago y la Comisión Estatal de Agua.

Y no todo ha tenido que ver con las pasadas administraciones que encabezaron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, sino que también se han presentado ya denuncias por acciones u omisiones que han perjudicado al erario por presumibles actos de corrupción cometidos en la actualidad.

En concreto la Fiscalía Anticorrupción ha recibido en total 8 denuncias por actos que tienen que ver con irregularidades encontradas en dependencias públicas en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

Sin embargo lo que desalienta a los jaliscienses es la timidez que se escucha en la voz del Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, cada que tiene un micrófono en su boca, buscando siempre confundir con cifras, tratando de responsabilizar a otros entes y pavoneándose con hechos que podrían considerarse victorias pírricas, frente al tamaño del problema de la corrupción y la impunidad que campea en Jalisco.

Así en su informe de un año de labores habló de seguimiento y atención a 1,456 casos que se presentaron en el 2018 y 145 asuntos que se le han presentado en lo que va del 2019, sin embargo advierte que la mayoría de esas denuncias no tiene que ver con el tema de la corrupción sino de abusos de autoridad.

También ha dicho que actualmente están vigentes 882 carpetas de investigación, de las que se han judicializado 6. Y además presume como su gran logro en un año de trabajo, que la Fiscalía Anticorrupción ha logrado vincular a proceso a dos personas, un policía y un inspector municipal.

Sobre el primer asunto que se encomendó desde el primer día que rindió protesta, también tiene listos argumentos que suenan más a pretextos, dice que en el caso de la Secretaría de Salud hasta un año después de que se lo anunciaron, la Contraloría le turnó los resultados de las auditorías.

Lo cierto es que los 63.5 millones de pesos que la Fiscalía Anticorrupción tiene como presupuesto operar en este año, está saliendo muy caro a juzgar por los resultados cuantitativos y cualitativos, que es como se debe hacer cualquier evaluación de desempeño.

Y en vista de que la opinión pública está a punto de expresar su hartazgo, las autoridades se han estado endureciendo el tono y en su oportunidad el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, diputado Salvador Caro Cabrera, están exigiendo resultados concretos.

Por lo pronto Caro Cabrera le solicitó a Gerardo Ignacio de la Cruz y a la contralora Teresa Brito, un informe con documentos fundados sobre la desembocadura de los procesos administrativos que han llevado a cabo para conocer también las sanciones que puntualmente se han determinado. “Queremos a la Contraloría ya la Fiscalía Anticorrupción trabajando a fondo para frenar ese flagelo de nuestra sociedad”, expuso.

“Necesitamos sancionados, necesitamos gente en la cárcel, mientras que no haya gente en la cárcel puesto esto es una broma para los ciudadanos”, dijo con claridad el diputado Salvador Caro.