Portal informativo de análisis político y social

Opinión: Las siguen matando

Opinión: Las siguen matando

Ene 7, 2018

Por Laura Beatriz Chávez Zavala (*)

En los últimos años, la sociedad hemos llenado las redes sociales con infinidad de mensajes de exigencia de protección a niñas y mujeres y, que se resuelva la gran cantidad de casos en aumento de mujeres muertas, con enfoque de feminicidio. Al finalizar dichas exigencias se establecieron los hashtag #NiUnaMas #NiUnaMenos

El año 2017 cerró con una lamentable estadística en Jalisco, 109 feminicidios, el último del año, el de Alexandra Castellanos.

A nivel nacional se ha dejado de manifiesto que la estadística lamentable fue que, el delito de violencia intrafamiliar y feminicidios se encuentran en los primeros lugares. En las últimas décadas, la violencia contra las mujeres se ha convertido en un tema preocupante que se observa afecta a nivel mundial.

Tales circunstancias ha llevado a la creación de instrumentos internacionales para “combatir” esta problemática que algunos le llaman fenómeno.

El 10 de diciembre de 1948,  se da un acto trascendental ya que se adopta y proclama por Resolución de la Asamblea General 217 A de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: 

Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

De aquí se desprende el énfasis puesto a nivel internacional, nacional y estatal, para generar marcos jurídicos de protección de los derechos de las mujeres.

Destacando como los pilares internacionales, para la generación de Protocolos y Legislación Nacional y Estatal, en específico dos:

  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

  • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

Como Instrumentos nacionales tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,  publicada como ya lo señalamos el 1 de febrero de 2007, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación entre otras.

El artículo 8 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la obligación de crear modelos de atención para garantizar a las mujeres su seguridad y el goce de sus derechos humanos.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció que el acceso a la justicia para las mujeres es un programa de prioridad nacional para alcanzar los ejes estratégicos de dicho sistema.

Este rubro es el que contempla la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM o Centro), “con la finalidad de concentrar —bajo un mismo techo— servicios interinstitucionales y especializados para facilitar el acceso a la justicia y brindar atención integral con perspectiva de género y “proteger” a las mujeres que han sido víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género”, cuenta con “instancias gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil que atienden de manera coordinada y bajo un mismo techo las necesidades de las mujeres víctimas de violencia” y de sus hijas e hijos.

A nivel nacional se ha creado el Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México, con el fin de evitar la fragmentación en los procesos de atención a las mujeres que han sufrido violencia y acuden a los CJM para atención integral, acceso a la justicia, a la verdad, a la atención y ayuda inmediata con ello, “evitar la revictimización” y protegerlas de la muerte.

Este Protocolo consta de varias secciones, desde conceptos generales, normatividad hasta forma de atención especializada y a grupos específicos con lineamientos especializados de atención para niñas y niños, mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres con capacidades diferentes y mujeres víctimas de violencia sexual.

En noviembre del 2011, desde el Gobierno Federal y de la hoy Ciudad de México, se establece el primer “Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género”, cuya primer meta es la creación del Manual de capacitación para la incorporación de la perspectiva del feminicidio a la procuración y administración de justicia, del cual se desprende como primer tema la SENSIBILIZACIÓN.

Apunto con mayúsculas el tema de la sensibilización ya que, por medio de ella se debe entender diversos conceptos, como diferencia entre sexo y género, así como los roles y estereotipos de género que a través de la historia han construido la discriminación contra la mujer, el sexismo, se suma importante la incorporación de la perspectiva de género tanto en las legislaciones que de manera armónica se deben crear a nivel nacional y estatal, como lo explican Gilda Pacheco y Juan Méndez:

El género es un tema separado es un enfoque que enriquece el diagnóstico de una situación, visualiza las desigualdades entre hombres y mujeres, y abre caminos para su superación”.

De suma importancia es, que se haga el reconocimiento por parte de las autoridades de la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos, como lo establecimos puntos arriba, la promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos, que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio y agrego violento, recibido por las mujeres en sus sociedades.

En el año 2009, fue publicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia conocida como “Campo Algodonero”, en la que se establece la responsabilidad del Estado mexicano por no garantizar los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal de las jóvenes Esmeralda, Laura, Ivette, quienes desaparecieron en diversos lugares y fueron encontradas muertas en un campo algodonero de Ciudad Juárez el día 6 de noviembre del año 2001.

Las entidades federativas que ya tienen tipificado el delito de feminicidio dentro de la República Mexicana son Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas,      San Luis Potosí, Distrito Federal, Colima, Veracruz, Morelos, Durango, Chiapas, Tlaxcala,  Tabasco, Sinaloa,   Quintana Roo, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Baja California, Coahuila, Puebla, Hidalgo y a nivel federal.

María de los Ángeles Hernández Ramírez[, en su estudio “Tipo penal del feminicidio”, establece que, lo que motivo a tipificar el feminicidio tiene que ver con:

  • Combatir la “invisibilidad”

  • Combatir la discriminación de jure y de facto

  • Combatir la impunidad

  • Combatir la permisibilidad social

Es hasta el 20 de julio del año 2017, que por acuerdo en conjunto del Fiscal General del Estado de Jalisco y el Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mediante el que se emite el “Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género para el estado de jalisco”, contando con el Instituto Jalisciense de las Mujeres para su elaboración, del cual se desprende según su considerando décimo séptimo, que observan dichas instituciones, “necesario expedir el protocolo” con el propósito de dotar de mayores herramientas a los Agentes del Ministerio Público, de la policía investigadora y peritos, así como elementos de seguridad pública en su labor de investigación.

El servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión, multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.” Según cada Estado varía los tiempos y cantidades”.

Los resultados ya los hemos visto a nivel nacional y estatal, va en aumento la violencia contra las mujeres hasta llevarlas a la muerte generada dolosamente con condiciones de odio.

Entonces las atribuciones de las autoridades en sus diversos ámbitos de competencia, que deben garantizar los derechos humanos de las víctimas continúa quedando en tinta y papel. No queremos letras muertas, no queremos mujeres muertas, entonces volvemos a preguntar, ¿qué es lo que está fallando?, quizá, la sociedad en la que va en aumento el hablar de paz y felicidad, pero también, en la que los valores, principios y virtudes están muriendo.

Fuentes:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/164222/02ProtocoloAtencionCJM.pdf

https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa4/n4/e10.html,

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/DF/df_meta1_4_2011.pdf

Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” julio 2017.

Consultadas por Mtra. Laura Beatriz Chávez Zavala con fecha 6 seis de enero del 2018.

(*) Fundadora del Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar del Estado de Jalisco A.C, y Comisionada Ciudadana de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

%d bloggers like this: