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Opinión: Ley FinTech

Opinión: Ley FinTech

Mar 5, 2018

Por Héctor Romero Fierro //

El pasado jueves se aprobó por parte de los diputados la “Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera”, así como la adecuación de diversas leyes complementarias, con el voto de 286 diputados a favor, 63 abstenciones y 3 votos en contra en lo general y después de rechazar diversas “reservas”, se emitieron 265 votos a favor, 9 abstenciones, 61 en contra.

De acuerdo con Fintech Radar México, existían a fines de 2017 mas de 238 startups Fintech distribuidas en 11 segmentos diferentes, que han otorgado mucho más de mil millones de pesos en créditos y ostentan más de 540 mil usuarios activos, siendo las modalidades de financiamiento colectivo y de fondos de pago electrónico las más representativas del sector.

Esta ley viene a regularlas, solo para imaginar el tamaño del mercado, al cierre de 2014 el valor del mercado de comercio electrónico en México superó los 162 mil millones de pesos, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Sin embargo, como lo señala el dictamen, tal crecimiento, en opinión de la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, resulta arriesgado pues este tipo de servicios carecen de regulación, lo cual pone en constante peligro a los usuarios de los mismos.

La citada ley cuenta con 145 artículos en siete títulos, y su objeto consiste en “regular los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, así como su organización, operación y funcionamiento, y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial que sean ofrecidos o realizados por medios innovadores.”

Para organizarse y operar como “ITF” será necesario contar con la autorización de la “Comisión Nacional Bancaria y de Valores” previo acuerdo de su Comité Interinstitucional, y deberá en todos los casos, agregar a su denominación las palabras “institución de financiamiento colectivo” o “institución de fondos de pago electronicos”, según sea el caso.

Esta ley nace de la iniciativa que Peña Nieto envió al Senado de la República el 10 de octubre de 2017, y que fue aprobada en esa Cámara el 5 de diciembre pasado entendiendo como “instituciones de tecnología financiera” a las plataformas a través de las cuales se facilita la celebración de operaciones y servicios financieros relacionados con el acceso al financiamiento e inversión, servicios de emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, además del uso de activos virtuales en dichas operaciones, entendiéndose como activo virtual la representación de valor registrada por vía electrónica y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos, con lo que se regulará el uso de las llamadas criptomonedas.

Las “Instituciones de Financiamiento Colectivo” serán aquellas que estarán destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante alguna operación de financiamiento colectivo de deuda, de capital, de copropiedad o Regalías, de manera habitual y profesional a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital. Asimismo las “Instituciones de fondos de pago electrónico” serán aquellas que proporcionen servicios con el público en general de manera habitual o profesional, consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónicos a través de plataformas informáticas, en general.

Contarán con un gobierno corporativo integrado por un consejo de administración, director general y comité de auditoría cuando, con base en el número de operaciones o clientes, modelos de negocios, activos intermediados o nivel de capital neto con el que cuente la institución.

Uno de los más importantes deseos del gobierno federal para intentar regular a las Fintech es el prevenir y mitigar el riesgo de lavado de dinero estableciendo sobre sus operaciones una regulación clara, con estándares mínimos de identificación del cliente, que permita prevenir este tipo de conductas.

Se establece en varios artículos transitorios la obligación de diversas autoridades a emitir diversas disposiciones de carácter general para complementar la citada ley.

Esperemos que las autoridades regulen adecuadamente este tipo de empresas, ya que de lo contrario podrían ser utilizadas para defraudar, principalmente a pequeños inversionistas, quienes en busca de mayores tasas de interés pueden ser engañados por una empresa de estas, recordemos, el gran fraude cometido por conducto de las famosas Cajas Populares que ofrecían intereses a los “inversionistas” hasta del 70% anual, situación imposible de sostener por ninguna institución por mas sólida que sea, recordemos que estas instituciones no tendrán seguro o cobertura alguna por lo que podrían perder sus ahorros, pero bien administradas permitirán el financiamiento de muchos emprendedores que actualmente los bancos ignoran. En Jalisco mejor pensemos en convertir al Fondo Jalisco de Fomento Empresarial FOJAL, en un Banco de Inversión, capitalizándolo con recursos provenientes del Impuesto sobre Nóminas, sería una buena forma de retribuir al sector empresarial, muchos estaríamos dispuestos a invertir en él.

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