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Opinión: Liquidación de sociedades mercantiles

Opinión: Liquidación de sociedades mercantiles

Ene 28, 2018

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Por Héctor Romero Fierro //

Uno de los temas que más flojera les da a los empresarios es disolver y liquidar una sociedad mercantil que previamente habían constituido y que por algún motivo ya no desean seguir operando, ya sea porque ya no les es negocio, porque agotaron el plazo por el que constituyeron la empresa, porque ya no les interesa seguir con los socios que tenían, entre muchas otras causales más. Para ello el legislador mexicano incluyo en la Ley General de Sociedades Mercantiles los capítulos X y XI relativos a la “disolución” y “liquidación” de las sociedades mismos que regulan someramente dicho proceso de terminación de la sociedad.

Normalmente los únicos interesados de cuánto tiempo debe vivir esa ficción jurídica que llamamos “sociedad” es precisamente a los accionistas de la empresa, misma que no es otra cosa más que un contrato social al que el Estado, reuniendo determinados requisitos le permite gozar de personalidad jurídica distinta de sus miembros, lo que implica que goce de una gran mayoría de atributos de la personalidad, tales como nombre propio (denominación o razón social), patrimonio, domicilio, pero lo más importante, que sea sujeto de derechos y obligaciones.

Yo en lo personal muchos años sostuve la teoría de que las sociedades mercantiles no pueden cometer delitos ya que estos los cometen única y exclusivamente las personas físicas, sin embargo, las nuevas doctrinas penales modernas han considerado lo contrario por lo que ahora todo tipo de sociedades pueden ser sujetas de imputaciones penales. Por ello encontramos en el nuevo “Código Nacional de Procedimientos Penales” un capítulo destinado a procedimientos penales contra personas jurídicas, donde se establece que “Las personas jurídicas serán penalmente responsables, de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió́ inobservancia del debido control en su organización. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho.”

Nótese que el elemento principal ahora resulta ser la inobservancia del debido control en su organización, por lo que ahora las empresas deberán forzosamente adoptar medidas de control adecuadas para no ser culpadas de responsabilidad penal junto con los delitos que cometan sus administradores o directivos. Y a pesar de que las sociedades se transformen, fusionen, absorban o escindan no se extinguirá́ la responsabilidad penal.

Afortunadamente no en todos los delitos cometidos se podrá hacer imputable a la persona moral, esto se hará solo entre los listados de un catálogo de delitos establecidos por el legislador dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas, sin embargo, destacan de entre ellos los establecidos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación correspondientes precisamente a los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.

Como no es posible establecer penas de cárcel para algo que insisto es una simple ficción jurídica, se establecieron como penas desde la: I. Sanción pecuniaria o multa; II. Decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito; III. Publicación de la sentencia; IV. Disolución, o V. Las demás que expresamente determinen las leyes penales.

El órgano jurisdiccional para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, deberá́ tomar en consideración entre otros factores la magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad de conducirse conforme a la norma, conceptos que por su importancia será motivo de otra colaboración.

Como podrá ver amigo lector, una de las penas graves a las que puede ser condenada la empresa ahora es a su disolución, sin embargo, insisto, nuestra legislación societaria solo contemplaba esa facultad a los propios socios que la habían constituido. Para ajustar eso, el pasado 24 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que entre otras establece que procederá la disolución de la sociedad “VI.- Por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, conforme a las causales previstas en las leyes aplicables.”

En la mencionada reforma a Sociedades Mercantiles también se incluyó una forma que pareciera abreviada para sociedades mercantiles sin necesidad de formalizar los acuerdos de disolución y liquidación ante un Corredor Público o Notario, lamentablemente se establecieron tantos requisitos para poder estar en el supuesto de utilizar ese medio, que además de difícil será peligroso para el liquidador, ya que se establecen como requisitos que la sociedad solo esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas; no sea sociedad irregular; hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía un aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la estructura accionaria vigente; no se encuentre realizando operaciones, ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos dos años; esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social; no posea obligaciones pecuniarias con terceros; sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales; no se encuentre en concurso mercantil, y  no sea una entidad integrante del sistema financiero, pero además tienen lógicamente estar de acuerdo todos los socios, por lo que dudo, dada la responsabilidad que pudiera adquirir el liquidador que muchas empresas opten por este “abreviado” procedimiento.


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