Portal informativo de análisis político y social

Opinión: Los peritos en Jalisco

Opinión: Los peritos en Jalisco

Nov 26, 2017

Por Héctor Romero Fierro //

Uno de los temas que los diputados integrantes del Congreso del Estado nos quedan a deber, es precisamente la modificación de las leyes procesales del Estado relativas al actuar de los peritos oficiales en los juicios que se substancian en lo que llamamos el “fuero común” esto es, ante los juzgados o tribunales estatales a lo largo y ancho de Jalisco cuando se requiera la intervención de profesionistas o personas autorizadas para el ejercicio profesional en los negocios del orden civil, mercantil, fiscal, laboral o penal.

Me refiero a ello ya que implica un alto costo para los justiciables, a pesar de que la justicia debe ser pronta, expedita y gratuita. El costo de las periciales incrementa, substancialmente esto, innecesariamente.

Recordemos que el juez tiene que utilizar frecuentemente para descubrir la verdad, “la prueba pericial”, necesaria cuando las cuestiones del negocio debatidas requieren conocimientos técnicos, científicos, y especializados en cualquier rama del saber.

Lamentablemente nuestros Códigos de Procedimientos equivocadamente, contemplan la necesidad de utilizar, en todos los casos un perito designado por el juez, el cual por cierto, debe ser designado, por este, de la lista de peritos que cada año da a conocer el Consejo de la Judicatura del Estado.

En el caso de utilizar peritos oficiales o terceros, la remuneración de estos está teóricamente contemplada en una disposición completamente obsoleta, me refiero a la “Ley que establece la remuneración de los auxiliares en la administración de la justicia”, misma que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco con fecha 28 de julio de 1977, la cual ha pasado a ser letra muerta ya que incluso con apoyo de tesis de Tribunales Federales la misma se ha dejado, indebidamente, de aplicar.

Simplemente recordemos que posterior a la promulgación de dicha ley se emitió aquel famoso decreto que ordenaba quitar tres ceros a cualquier cantidad señalada, por eso se hablaba de “viejos y nuevos pesos”, por lo que ahora la aplicación estricta de la norma implica pagos altísimos al perito tercero y sí la parte que ofrece la prueba no deposita previamente al desahogo de la misma los honorarios de dicho perito, pierde la oportunidad de dicha prueba.

Solo como ejemplo, analicemos el costo de un dictamen pericial de avalúo de un inmueble, la señalada ley establece en su artículo 4 que el costo será del 0.50% cuando el valor del bien exceda de $100,000.00; sin quitar los tres ceros que ordenó el decreto del 22 de junio de 1992, implica que a cualquier inmueble se le aplique dicha tarifa, entonces si valuamos una casa de cinco millones de pesos, el costo del avalúo del perito será, mínimo de $25,000.00 pero como la ley ya está de facto derogada, habrá peritos oficiales que cobren, sin razón alguna, cantidades más cercanas a los cien mil pesos.

Por lo anterior, insisto, urge legislar en nuestro Estado en el tema de la remuneración de los peritos oficiales, pero además reformar las leyes procesales para que el nombramiento de perito tercero solo sea necesario cuando los peritos de las partes difieran sustancialmente en sus opiniones técnicas, más no en todos los casos, como actualmente ocurre, obligando a la parte que ofrece la prueba pericial a pagar, sin que se justifique, los honorarios de dos peritos distintos.

Ahora bien, el Congreso del Estado deberá, además, eliminar la posibilidad de que sea el propio juez o magistrado, el que nombre al perito, ya que esto se ha prestado, afortunadamente, en no muchas ocasiones, a componendas de algunos secretarios con peritos, según cuentan en “radio pasillo”, donde a cambio de una “comisión” siempre son nombrados los mismos peritos en todos los asuntos de determinados juzgados. Ahora que entramos a la era “anticorrupción” debemos instrumentar medidas para evitar, de ser cierto esto, que se siga prestando a faltas graves.

Mi sugerencia, es, si me lo permiten señores diputados, que el órgano técnico del Consejo de la Judicatura sea quien nombre, a petición del Juez o tribunal, el perito al que le corresponda el turno, eliminado de la lista aquellos que ya se les asignó alguna pericial hasta que, en igualdad de circunstancias le corresponda nuevamente ser asignado, esto lo realizan con éxito, algunos órganos de otras entidades federativas, pero además, el Consejo debe ser más selectivo en el Registro de Peritos exigiendo que la capacitación permanente sea un requisito insalvable para obtener el registro o su refrendo anual. Con una mecánica como ésta se evitaría un foco de probable corrupción y se les daría a todos los peritos contenidos en la importante “lista”por igual, la posibilidad de participar, y además evitaríamos, los cientos de regalos navideños, agendas, calendarios, botellas y demás dádivas que muchos peritos reparten en Navidad, incluso violando la ley.

Recordemos, como lo acaba de señalar el ministro presidente de la Suprema Corte que “no puede haber justicia si no hay seguridad jurídica; cómo podemos establecer la garantía y la protección de los derechos de las personas y por lo tanto asegurar la justicia entre todos, si no hay la seguridad; la seguridad es la que da un orden a la convivencia social……”

%d bloggers like this: