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Opinión: Responsabilidades de funcionarios

Opinión: Responsabilidades de funcionarios

Nov 20, 2017

Por Héctor Romero Fierro //

Debido a la grave percepción de la sociedad relativa al alto grado de corrupción e impunidad que impera en nuestro país, se incorporó a nivel constitucional, precisamente en su artículo 113, el Sistema Nacional Anticorrupción SNA, mismo que es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participará la ciudadanía a través de un Comité.

Esta coordinación establecida a nivel Constitucional y legal, tiene como principal objetivo el combatir de manera eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público y que incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo integran.

Destaca todo un andamiaje legal diseñado para sancionar a todo aquel funcionario público, sea del gobierno federal, estatal o municipal que no desempeñe con honradez y su función y en algunos casos, a particulares implicados en actos de corrupción. Ahora sí vamos a aplicar esa máxima popular que reza que “tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata”, ya que o concebimos muchos actos de corrupción sin la intervención de particulares que los provoquen. En realidad la corrupción, tenemos que reconocerlo, somos todos, muchas veces hasta en forma inconsciente lo hemos adoptado como forma de vida, ya que es igual de grave dar una “mordida” a un agente vial como pagar el llamado “diezmo” que afirman muchos contratistas y proveedores que tienen que pagar para que les asignen jugosos contratos gubernamentales.

Uno de los eslabones de ataque frontal a este cáncer se logrará a través de la promulgación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las reformas al Código Penal Federal, el SNA establece un régimen de responsabilidades para los servidores públicos y particulares de carácter administrativo y penal por la comisión de actos relacionados con actos o hechos de corrupción. Cuando un servidor público viole en alguna forma esas disposiciones legales, las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si se incurrió en alguna falta administrativa o un probable delito y en su caso, se impongan las sanciones correspondientes.

Esta nueva “Ley General de Responsabilidades Administrativas” inició su vigencia, prácticamente sin publicidad alguna, el pasado 19 de julio de 2017 y regula los principios y obligaciones que rigen la actuación de servidores públicos; distingue y establece las faltas administrativas en graves y no graves de los servidores públicos; prevé las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, y define los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas, los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.

Lo importante es que no solo le aplica a servidores públicos sino también a ex servidores que se ubiquen en los supuestos de la ley, pero lo mejor, a particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Esta ley será aplicada por la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en las entidades federativas, por los Órganos Internos de Control, por la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, en el caso de Jalisco por la Auditoría Superior del Estado (ASEN), y además por las “Unidades de Responsabilidades de las Empresas productivas del Estado”.

El ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y en el caso de Jalisco los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) sancionará a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves y cuando sean leves la Secretaría de la Función Pública, Contraloría del Estado o los órganos internos de control impondrán una o más de las sanciones siguientes: a) Amonestación pública o privada; b) Suspensión de uno a treinta días naturales del empleo, cargo o comisión; c) Destitución de su empleo, cargo o comisión, e Inhabilitación temporal de tres meses a un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Cuando las faltas sean graves el TFJA o en su caso impondrá una o más de las sanciones siguientes: a) Suspensión de treinta a noventa días naturales del empleo, cargo o comisión; b) Destitución del empleo, cargo o comisión; c) Sanción económica, e Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, de uno a veinte años, dependiendo de la afectación de la falta administrativa; d) Y de tres meses a un año en caso de no causar daños y perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno. En el caso de particulares también serán sancionados llegando al extremo de poder ordenar la liquidación de una Sociedad mercantil involucrada.

Lo interesante será conocer la evolución de nuestros tribunales cuando lleguen amparos por la aplicación, por un lado de sanciones administrativas y simultáneamente delitos, situación que probablemente violaría el Principio Non Bis in Ídem, consistente en la prohibición de doble sanción que se actualiza cuando se juzga dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos. Dicho principio, contemplado en el artículo 23 de la Constitución tutela que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Diversos criterios del Poder Judicial de la Federación, señalan que este Principio es aplicable también al Derecho Administrativo Sancionador. Un nuevo derecho que debe contar con abogados especializados de todos los involucrados.

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