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OPINIÓN

Opinión: Sistemas municipales anticorrupción

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Por Héctor Romero Fierro //

Mediante la reforma constitucional del año 2015 en materia de combate a la corrupción, México reconoce la importancia de establecer la coordinación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Posteriormente, se expidieron diversas leyes secundarias que tienen por objeto instrumentar el nuevo régimen de combate a la corrupción, a saber: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Dicho marco normativo establece bases de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los respectivos sistemas locales, no obstante, salvo por el estado de México y Jalisco, no se prevé la conformación de sistemas municipales anticorrupción.

En el caso del Estado de México, la legislación establece obligatoriamente que los municipios conformen sistemas anticorrupción. En contraste, el Congreso de Jalisco eligió por establecer un régimen optativo, considerando las amplias diferencias en el contexto de cada municipio, es decir, un municipio con un amplio presupuesto tiene mayor capacidad institucional y mayor necesidad de controles. La limitación que la legislación prevé es que los sistemas municipales sean conformados de manera armónica al sistema estatal y nacional.

Atendiendo esto, en nuestra entidad solo tres municipios han optado por crear sistemas municipales anticorrupción: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.

En Guadalajara, la iniciativa fue presentada en 2017, por la síndico Bárbara Casillas y la regidora María Eugenia Arias. La propuesta de Tlaquepaque, aunque sin una estructura o normativa clara inicial, se presentó desde el 2016, previo a la expedición de la legislación local correspondiente, por la presidenta municipal María Elena Limón.

A su vez, la iniciativa de la ex villa maicera fue presentada por la regidora Zoila Gutiérrez desde 2017.

No obstante, cada uno de los ordenamientos que fueron aprobados tienen diferencias relevantes, haciéndose la aclaración que el reglamento aprobado en Zapopan no ha sido, extrañamente, publicado en su Gaceta, a pesar de haberse aprobado por el Cabildo desde hace mas de seis meses, por lo cual aún no cobra vigencia.

Destacamos que las instancias componen los sistemas de Guadalajara y Zapopan son las mismas, mientras que Tlaquepaque se contempla la figura de la Secretaría Ejecutiva, así como un subsistema de fiscalización, integrado por los órganos internos de control (contralorías) de la administración pública municipal y paramunicipal.

Considero que haber previsto la Secretaría Ejecutiva fue un acierto del cabildo tlaquepaquense, mientras que el subsistema de fiscalización pudiera ser innecesario y poco útil en la práctica, dado que bastaría la colaboración de cada órgano interno de control con el sistema nacional de fiscalización.

También, Guadalajara y Zapopan son coincidentes en cuanto a la integración de su Comité Coordinador, donde participan únicamente un representante del Comité de Participación Ciudadana, o equivalente, y las autoridades cuyas funciones son la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas o hechos de corrupción, salvo por el caso de la sindicatura. Tlaquepaque difiere al incorporar órganos políticos y académicos.

Tratándose del Comité de Participación Ciudadana, Guadalajara optó por reconocer dicho carácter a un consejo consultivo que previamente habría conformado con funciones relativas a la participación ciudadana, integrado por siete ciudadanos; Tlaquepaque adoptó el modelo previsto por la ley estatal y, para ello, crea una instancia específica integrada por cinco ciudadanos; Zapopan, como Guadalajara, aprovecha consejos consultivos preexistentes para esta labor, uno con atribuciones relacionadas a la gobernanza, otro enfocado a la transparencia y un último orientado al control de los recursos públicos, siendo que el Comité Anticorrupción se conforma por un representante de cada consejo.

Ante esta situación, acertadamente, el Comité de Participación Social (CPS) del sistema estatal planteó dentro de su Plan de Trabajo 2019 asesorar a los municipios de Tlaquepaque y Zapopan en la conformación de sus respectivos sistemas, tomando en cuenta que Guadalajara ya lo había hecho desde el 2018.

Entonces, el primer éxito del CPS sobre este eje de trabajo fue la instalación formal del Comité de Participación Social de Tlaquepaque el 11 de abril, donde destaco la presencia del Dr. Alberto Bayardo (ITESO) y el Dr. Arturo Durán (Colegio de Jalisco), con lo cual queda plenamente conformado el sistema municipal anticorrupción.

El caso de Zapopan es aun más complejo, ya que está pendiente la publicación del reglamento que da vida al sistema, sin lo cual no será posible la conformación del Comité de Participación Ciudadana, ni se llevará a cabo la designación del contralor municipal. Debo destacar que, de acuerdo a un estudio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sobre los órganos internos de control de la administración pública municipal, este es el único municipio de la Zona Metropolitana que no ha designado al titular de la contraloría, aunque ya el Secretario del Ayuntamiento y el Consejo Ciudadano de Control trabajarán para que el mismo sea publicado.

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OPINIÓN

La otra corrupción

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Opinión de Luis Manuel Robles Naya //

La corrupción ha sido identificada como la principal causa de los males del país. Según Transparencia Internacional, México es actualmente, el país más corrupto de todos los que integran la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE) y junto con Rusia también el último lugar en el G20.

El actual presidente de la República, hizo girar la temática de su campaña electoral alrededor de este tema, al grado de decir que, acabando con la corrupción México habría de crecer y habría bienestar para todos. No corrupción y austeridad serían la llave para el crecimiento. A seis meses de haber llegado al poder, no se percibe que esto vaya a ser posible. Por el contrario, se está dando lugar a otra corrupción, que es la que provoca la ineficiencia, la impreparación, la precipitación y la ignorancia de la realidad profunda de la administración pública mexicana.

Por estos factores se explica que se hayan aplicado criterios aritméticos en la reducción del gasto público sin medir el impacto social de cada medida restrictiva.

Se dijo que se gastaba mucho en la importación de gasolina y se decidió dejar de comprarla en el extranjero sin conocer las reservas existentes, y se provocó con ello, el mayor desabasto de combustible que haya padecido nuestro país. Se dijo que los contratos para la conducción y el abasto de gas natural eran leoninos y ocasionaban perjuicios, y ahora no hay gas para producir la energía eléctrica que requiere toda la península de Yucatán. Se empeñan en echar atrás la reforma energética cancelando proyectos y licitaciones en generación de energía eléctrica y de exploración y producción de petróleo y se decide invertir miles de millones de dólares en recuperar la economía de PEMEX y su capacidad de producción.

Se dijo que había corrupción en los programas sociales como Prospera, estancias infantiles, adultos mayores, procampo y otros. A cambio, se establecieron nuevos programas que resultan bastante limitados en sus alcances sociales, lo que es similar a decir, yo te doy dinero, individualmente, y tú verás cómo le haces para proveerte lo necesario. Esto siendo una mala política social, es también una nueva forma de corrupción.

Los programas que se están sustituyendo, fueron durante años, duramente criticados por la oposición, por considerar que generaban clientelismo electoral y que se prestaban al uso faccioso por parte del gobierno. Para evitar estas suspicacias, se fueron creando bases de operación y criterios de regulación, vigilados y supervisados hasta por, cuando menos tres instancias: la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el CONEVAL o Consejo para la evaluación de la política de Desarrollo Social, y existen además organizaciones civiles que dan seguimiento a las acciones de gobierno y su impacto social.

En la actualidad, se desconocen las reglas de operación, metas a evaluar más allá del número de beneficiarios y lo más importante, cuáles son los mecanismos formales para que estas ayudas lleguen, o cuales son los padrones que sirven de base, y quién los supervisa y evalúa, y esto deja un enorme horizonte para la corrupción institucionalizada.

No basta que el presidente diga que en el gabinete y en el gobierno hay pura gente honesta, porque en los detalles se encuentra al diablo.

La oposición a los gobiernos anteriores a éste, fue insistente en reclamar el uso electoral de estos programas sociales. ¿Quién puede asegurar ahora que no será así?, cuando los padrones de los más ambiciosos programas son controlados desde una sola oficina en la Presidencia de la República sin ninguna supervisión institucional. No existen, o hasta ahora se desconocen, los mecanismos que habrán de asegurar que no se incurra en corruptelas o usos facciosos.

Durante los primeros tres meses de esta administración, más del 70 por ciento de los contratos otorgados fueron adjudicaciones directas, sin licitación de por medio, con la única justificación de la urgencia.

Hay una grave digresión en el discurso presidencial ante la crítica y un alarmante divorcio entre el discurso y la realidad. Se dice una cosa y se hace otra. Siempre hay otros datos que oponer a la realidad de las cifras, y es evidente que en el gobierno federal hay mucha improvisación, desconocimiento y hasta incapacidad.

Alguien dijo que la ineficiencia es también una forma de corrupción y esta tiene consecuencias mayores que la otra corrupción. El manejo complaciente de la hacienda pública, empeñada en satisfacer los deseos del presidente a como dé lugar, habrá de agotar los recursos financieros y los fundamentos de economía política que mantienen prendida con alfileres la economía nacional.

Es necesaria una pausa en esta prisa política que se tiene por imponer un sello personalísimo a este gobierno y pensar seriamente lo que se quiere hacer con nuestro país. Despacio que voy de prisa, se le adjudica este dicho a Napoleón Bonaparte y no estaría por demás, ya que nuestro presidente es tan proclive a justificar históricamente sus decisiones, lo retomara.

 

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OPINIÓN

La descoordinación de seguridad

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Columna Metástasis, por Flavio Mendoza //

En el país el tema de la violencia es sin duda un asunto que preocupa a todos, las cifras siguen rompiendo los récord en las estadísticas delictivas, la dinámica ascendente alcanzó a los Gobiernos estatales y nacional, quienes no son responsable de ello, pero sí de la estrategia de pacificación del país, México un terreno sangriento, entre asesinatos, secuestros, robos y violaciones que alcanzan a los ciudadanos de todos los sectores y segmentos sociales.

En Jalisco parece ya un sello en el actual gobierno, en cada viaje al extranjero que realiza el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se desata una tragedia en el Estado. Durante la gira del gobernador jalisciense Enrique Alfaro en Chicago para la reinauguración de la Casa Jalisco en el vecino país del norte, hubo balaceras en San Juan de los Lagos y Tlajomulco, además del hallazgo de restos humanos en bolsas en el municipio de Tlaquepaque en medio de una ciudadanía que parece ya no asombrarse y hasta acostumbrarse a estas escenas.

Pero lo preocupante es, además de la frecuencia y la costumbre de los ciudadanos sobre estos acontecimientos, la capacidad de reacción, contención y estrategia de seguridad. En el lugar, durante 40 minutos de agresiones con arma de fuego entre criminales y elementos de la seguridad se pudieron capturar imágenes y videos por reporteros, civiles y hasta elementos de seguridad, en los que se puede observar elementos de seguridad que parecen actuar por iniciativa propia, abrir fuego indiscriminadamente hacia la zona en conflicto, amontonarse en un solo punto para proteger su integridad, además de no impedir el acceso a la zona de riesgo a los civiles en el lugar. El audio de una de las grabaciones deja claro que no hay una voz de mando, pues varios gritos se escuchan a una señal de alto el fuego, mientras otros parecen no atender la indicación y siguen abriendo fuego contra el objetivo, la cámara se mueve y evidencia que otros elementos están riendo en el lugar.

En el mes de junio se anuncia la movilización de miles de elementos de la recién creada Guardia Nacional, mientras en redes circulan videos de las carencias y condiciones infrahumanas en las que se capacitan a los policías federales, a quienes los mandos superiores de seguridad les advierten que se terminarán los lujos, refiriéndose principalmente a los hospedajes en hoteles, además de llamarlos fifís, una advertencia para la Policía Federal en su nueva encomienda bajo las órdenes de la milicia a cargo de la Guardia Nacional.

Jalisco atraviesa quizá por una de las etapas más violentas registradas en el estado, ante ello las autoridades parecen no tener ni estrategia, ni capacidad de contención, el fiscal del estado dijo que los ataques a los elementos de seguridad en el estado se deben al avance que han tenido, sin embargo, los números demuestran retroceso en lugar de avance.

La estrategia de seguridad que permita abatir la criminalidad en el país parece lenta, desde lo nacional y lo local, además de advertir corporaciones con demasiadas deficiencias de operación, mala relación entre ellas para la coordinación, así como vulnerabilidad para imponer el orden como lo hemos visto en la milicia, donde civiles han desarmado y retenido a elementos de las fuerzas armadas del país, el tema de seguridad ya no puede esperar, está además impactando en otros rubros como el económico y político, si no se actúa con decisión y firmeza se correrá el riesgo de fracasar nuevamente en la lucha contra el crimen organizado en este país.

@FlavioMendoza_

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OPINIÓN

Jalisco: estado de emergencia

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Columna De Frente al Poder, por Óscar Ábrego //

Jalisco es un barco que navega a la deriva. O peor aún, debemos decir que flota sin brújula ni rumbo en medio de ciclones y aguas convulsas. Pareciera que el timón carece de control y que el capitán de la nave no está consciente de la gravedad del clima. Pero no sólo eso, su tripulación y los pasajeros -confundidos y asustados, respectivamente- ya no saben qué esperar en un ambiente tan impredecible y hostil.

La inseguridad se ha convertido en una tormenta sin fin; muy lejos del “se matan entre ellos”, lo cierto es que la delincuencia en nuestra entidad no distingue entre buenos y malos. Nos alcanza y lastima a todos. Está claro que a los criminales les importa muy poco las estadísticas y las declaraciones vacuas de las autoridades.

A estas alturas, cualquier registro ya es por demás ante la zozobra con la que experimentamos la vida quienes habitamos en esta otrora gran ciudad (ya no digamos en los municipios gobernados por la mafia).

Así las cosas, conviene decir que nos referimos a estado de emergencia cuando la perturbación de la paz o del orden interno de un Estado están en riesgo inminente, ya sea por consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas o situaciones políticas o sociales, que afectan e impiden el desarrollo normal de una comunidad, región o país. Por eso no exagero al afirmar que Jalisco se encuentra en estado de emergencia.

El pasado viernes atestiguamos de nuevo cómo se desbordó el terror y corrió la sangre. Pero también, el titular del ejecutivo –otra vez a la distancia- estuvo al pendiente de los acontecimientos y comandó la situación a punta de twitazos. Por supuesto que esto no cayó nada bien entre los cibernautas y el público radioescucha y televidente que atendió sus reportes desde Chicago, Illinois.

Sus fans podrán alegar que no es culpa de él que se hayan desatado los demonios un día después de su cumpleaños y justo cuando fue a reabrir la Casa Jalisco en aquella ciudad, por cierto, horas antes del concierto de los Rolling Stones en el estadio Soldier Field. Y quizás tengan razón, sin embargo, hay al menos dos preguntas que se imponen: ¿era necesario que Enrique Alfaro acudiera a dicha reinauguración? ¿Valía la pena hacerlo en el marco de los festejos de su cumpleaños, en un día en que se presentó la mentada banda de rock, despertando con ello legítimas suspicacias derivadas de su anterior presencia en un juego de los Lakers de Los Ángeles? La respuesta para ambas cuestiones es no.

Nuestra entidad no es como antes. Los responsables de los tres niveles de gobierno no pueden darse el lujo ni el gusto de ausentarse para deleitarse con los placeres que brotan del poder. Las circunstancias actuales exigen que los presidentes municipales y el mandatario estatal eviten la tentación de viajar a fin de eludir su grave responsabilidad de atender el mandato de sus electores y los demás ciudadanos (que en su mayoría no votaron por ellos).

Debe quedar claro que nadie quiere echarles a perder la fiesta egocéntrica que han armado para disfrutarla con sus socios y cuates.

De lo que se trata es de que entiendan que gobernar bajo las delicadas condiciones en que nos encontramos el resto de los mortales, demanda una atención permanente; es decir, las 24 horas del día, de todas las semanas y de todo el año.

Vaya, dicho de otra forma, una vez que se restablezca la paz y regrese la seguridad, que hagan lo que les pegue la gana en sus ratos de privacidad. Pero por ahora el reclamo es que atiendan sus obligaciones fundamentales.

Y no obstante que por fortuna hay policías, agentes de la fiscalía y militares que a diario arriesgan la vida para enfrentar al hampa, lo que más debería preocuparles es que a sólo seis meses de inaugurado este sexenio, un buen porcentaje de la población percibe que naufraga en un océano de incompetencia y frivolidad.

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