OPINIÓN
Pifia tras pifia
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Semana de grandes desaciertos por parte del gobierno federal, siguen sin saber qué hacer ante la pandemia y la crisis económica que se avecina. Iniciemos por comentar la primer estupidez, la gerente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) les solicita a los investigadores «donar voluntariamente de uno a tres meses del estímulo que reciben como integrantes del sistema nacional» que los beca, recursos que son indispensables no solo para sostener sus investigaciones sino para su propia manutencion.
Con estas presiones solo van a provocar que salgan del país, ya que muchísimas empresas y universidades del mundo los esperan con los brazos abiertos.
Continuó el Presidente señalando que los principales periódicos del mundo distorsionan la información, la molestia inició porque un periódico mostró un reportaje sobre panteones y crematorios de la Ciudad de México que demuestra que en nuestro país descaradamente se ocultan las cifras de personas muertas por el coronavirus, y eso molestó al peje que acabó diciendo: “los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, El New York Time (sic), El Washington Post, El Financial Time, El País, muy famosos pero sin ética”.
Es reiterado su ataque contra el periódico El Norte en franca violacion a la libertad de expresion, situación que provocó que algún chairo psicópata, feligrés de la “CuatroTé” y adorador de Pejeová, amenzara con dinamitar la sede de ese periódico.
AMLO ataca por igual a profesionistas, periodistas, columnistas, y ahora tocó a ingenieros y arquitectos ya que “les cuesta trabajo aceptar que la gente pueda hacer un camino sin ellos, que una familia pueda hacer una casa sin ellos”, ya me imagino a los miembros de una comunidad construyendo sin ingenieros o arquitectos un puente como el Baluarte Bicentenario ubicado en la autopista Durango-Mazatlán, el cual por cierto fue reconocido en su momento como el puente atirantado mas alto del mundo (Récord Guinness), con una longitud de 1124 metros y una altura sobre el Río Baluarte de 402.57 metros.
El colmo de las pifias morenistas de la semana fue el ilegal, inconstitucional y regresivo “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional”, mediante el cual la Secretaría de Energia (SENER), asume en su totalidad el control del Sistema Eléctrico Nacional, lo que le permite dar prioridad a las plantas de la CFE y limitar a las generadoras de energías renovables, frenando las inversiones en esas plantas. Increíble que muchos pseudo ecologistas ahora aplaudan la decisión cuando la generación de energía eléctrica se hará quemando carbón y combustoleo, hecho criminal que atenta contra nuestro medio ambiente.
Este “acuerdo” es violatorio de tratados internacionales, entre otros el TLC, y el Acuerdo de París, (México tiene vigentes 77 tratados inherentes al cuidado del medio ambiete) de la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Cimático, así como la Ley de la Industria Eléctrica, y atribuyéndose facultades que le corresponden a la Comisión Reguladora de Energía, ente autónomo que se opuso al citado decreto, y que solo originó que lo ignoraran y renunciara al cargo su comisionado.
Según un estudio, de 96 centrales de la CFE, solo 62 son eficientes y el resto carecía de mantenimiento y los inversionistas privados generaban cerca del 50% del consumo nacional de energía, a precios mucho más competitivos por megawatt hora MWh para la CFE, de entre 17 y 60 dólares, mientras que las plantas de la CFE alcanzan entre los 80 hasta 200 dólares por MWh. Ya no se diga el precio a la industria donde la CFE les cobra hasta 120 dólares el MWh cuando los privados se la venden etre 50 a 60 dólares.
La explicación del Presidente en otro episodio del Show de la Mañanera fue irrisoria, la CFE le compra energía a particulares y ahora vende menos, y como se tomó la decisión de no aumentar las tarifas de consumo doméstico, por ello hay una pérdida, y resulta que los particulares no aportaban nada.
«Ahora lo que se está haciendo es que se le da un trato justo a la CFE en cuanto a subir la energía a la red» (según el gobierno federal), porque antes la preferencia la tenían los particulares (por precio), porque en el periodo neoliberal se les entregó el mercado. Su justificación es que hay que rescatar a la CFE cuando la verdad es que esa empresa «trasnacional» tiene pérdidas por su notoria ineficiencia y alta corrupción al interior y la protección a millones afines a Morena que simplmente se roban la energía electrica y no se actúa en su contra.
Los motivos para evitar que operen plantas de energía “solar y eólica” son: El ideológico, ya que es muy rentable, en plena debacle en las encuestas de aceptación, vender el argumento de la recuperación de la soberanía nacional energética “cuya conducción debe estar en manos del gobierno”, y la segunda es que por los errores de nuestra brillante especialista en materia energética y secretaria de Energía, Rocio Nahale, se buscaría dónde quemar el combustóleo residual de Pemex y quedar bien con el amigo de AMLO y senador Armando Guadiana Tijerina así como con los productores de carbón, a quienes les arreglaron una licitación a modo para comprarles 735 mil toneladas con posibilidades de extenderlo hasta 2021 con un millón cien mil toneladas; el tercero es evitar las pérdidas impresionantes de la CFE por ineficiente.
Las generadoras se instalaron al amparo de tratados internacionales, los cuales cuentan con capítulos destinados a la protección de las inversiones efectuadas al amparo de ellos, por lo que la respuesta de los gobiernos no se dejó esperar, la delegación en México de la Unión Europea le advirtió al gobierno federal que tal conducta afectaría 44 proyectos de energía limpia en 18 estados de la República, lo que pondría en riesgo inversiones que superan los 6 mil 400 millones de dólares, el Gobierno de Canadá reaccionó igual. pero el viernes por la noche, (ahora les encantan las ediciones vespertinas) publicaron el “acuerdo”; esperemos amparos y demandas arbitrales internacionales.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años, es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que éste último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos ahora, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México, nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio lópezobradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
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