OPINIÓN
Poder y Dinero: La CNTE le pone freno a la 4T
Por Benjamín Mora //
No hace mucho, en reunión con amigos, nos preguntábamos los por qué de nuestra endémica impuntualidad mexicana; hoy, confirmo, en mi fuero personal, que hemos sido impuntuales hasta con nuestro papel en el concierto de las naciones al punto de despreciar a nuestra incipiente democracia y tardía educación.
Una y otra vez, nos negamos a salir de nuestro caos pues lo interpretamos, ingenuamente, como parte de nuestro surrealismo sin comprender que paso a paso nos volvemos más y más nihilistas. Hoy, el ejercicio de la política se vuelve naif, redentora sin redimir, ante una transformación que no acepta el debate pues busca imponer la idea del comodino pensamiento único, sumiso y obediente hacia un solo hombre y, en dónde, cualquier denuncia del contrario se denigra desde la simplicidad peyorativa de ser fifí, conservadora o vinculada con la mafia del poder. Sin embargo, pocos advierten que las estructuras del poder anterior se mantienen intactas y de las del antisistema conviven con las primeras y se infiltran en el nuevo gobierno, complicándolo.
Sostengo que la legitimidad del gobernante se hace visible en el rostro del pueblo. Así pues, debemos preguntarnos qué ha empobrecido, saqueado, estigmatizado e invisibilizado a millones de familias en el pasado, y qué y cuáles de tales causas perviven hoy en día, quizá, solo quizá, con otra careta y distintas estrategias pero igual de perversas.
Debemos aceptar que, en el ejercicio de la política, los principios dan rumbo, diferencian, especifican y establecen los límites del poder y, con aquellos, los de la democracia. Hoy, como ayer, se advierte un ocultamiento sistemático de la verdad y la manipulación de los deseos de los ciudadanos. O, como bien se acepta en círculos más críticos, no toda acción que se desarrolle en el campo político puede ser considerada como legítimamente política.
La semana pasada, en este espacio, reconocí la capacidad negociadora de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública federal, ante la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por lograr que, en breves horas, dejara libre el acceso a San Lázaro y los maestros regresaran a sus escuelas. Hoy, debo aceptar que la dirigencia gremial me engañó y nos mostró la ingenuidad de Esteban Moctezuma y, con él, también la del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hoy, se nos refrenda que a la CNTE nadie podrá, jamás, satisfacer sus ansias de poder y dinero, y nada, absolutamente nada, la detendrá hasta hacerse dueña de la educación pública, de las plazas de maestros, del pago de las nóminas y doblegue a éste y los gobiernos que le sigan. Estamos ante un problema de rectoría educativa y Estado de derecho; estamos, también, ante un Gobierno de ingenuos con infiltrados pro CNTE.
Desde la semana pasada, poco hemos sabido de Moctezuma Barragán… bueno, a decir verdad, yo nada he sabido de él.
Una, tan solo una, sección de la CNTE trae en jaque al Gobierno federal y al Congreso de la Unión que no se atreve a legislar la Reforma Educativa de AMLO pues teme que no quedará ni una coma ni un punto de su propuesta. Ahora sí, ni cómo negarlo, el Estado mexicano cedió el Estado de derecho a una minoría gremial, dueña del chantaje y la extorsión.
Se abandona la educación pública y se toman calles, plazas y edificios públicos. Estamos ante un delito de múltiples cabezas, unas dentro de la coordinadora, otras en el propio Congreso y otras desde el propio gobierno; unas desde la violencia y la intimidación y las otras a partir de la omisión de sus obligaciones legislativas y administrativas. Estamos ante un delito pluri-ofensivo al que no persigue el Gobierno desde sus órganos de Procuración de Justicia en un Estado que aspira a ser de Derecho; un delito… muchos delitos… que atentan contra de la propiedad gubernamental, la integridad física de los maestros disidentes a la Coordinadora, el ejercicio transparente y correcto del presupuesto público y el derecho a la educación de decenas de miles de niñas y niños.
Sin parecer exagerado en mi comentario y respaldado en el pensamiento de Noam Chomsky, seguimos en la antesala de un Estado mexicano fallido pues carece de la capacidad y voluntad de proteger a los niños y niñas estudiantes de la violencia de la CNTE, e incluso, estamos ante un Estado dispuesto a ceder el sistema educativo gubernamental, hasta su destrucción, con tal de no confrontarse con los maestros de una sección sindical.
El Estado mexicano ha decidido dejar en abandono emocional y afectivo a nuestros niños y niñas, a nuestros hijos e hijas, pues son los menos importantes en las negociaciones gremiales bajo el discurso fácil de una Reforma Educativa mal implementada y peor estructurada por Enrique Peña Nieto. Lo que no es negable es que, en aquella, los estudiantes fueron más importantes que los maestros y maestras.
Hoy tenemos a millones de niños y niñas cuasi expósitos pues el Estado mexicano no los reconoce como su responsabilidad primera. El gobierno abandona su obligación de comunicar lo que ellos y ellas significan para el Estado mexicano; asimismo, hace el menor de los esfuerzos para construir las bases de una educación de excelencia y trascendencia; pasa semanas sin garantizar la educación ante el abandono irresponsable de las aulas por los maestros de la Coordinadora; no tiene un plan por el cual se escuche a los padres de familia y menos a los estudiantes, ni se preocupa por provocar la reflexión sobre lo que sucede a sus hijos e hijas; no responde a las advertencias internacionales sobre nuestra bajísima calidad educativa; no está dispuesto a sacrificar su imagen por el bien de México.
¿Cómo explicar lo absurdo que envuelve a nuestra educación pública? Solo encuentro una explicación: En México nos gustan los perdedores, como bien nos plantea Héctor Aguilar Camín en su La frontera nómada en donde se lee “la historia de México no la han escrito los triunfadores”.
El Gobierno de AMLO podría ser el gran derrotado de la Cuarta Transformación en materia educativa; pero, aun así, sentirse triunfador porque nadie derramó sangre, aunque sí ignorancia y arrogancia.
En el Triunfo de los derrotados, obra de Pablo Montoya, se lee “Lo nuestro fue siempre una causa ajena a la victoria. Ahora que puede recapacitar sobre lo sucedido, creo que amábamos por encima de todas las cosas la derrota (…) El progreso nos parecía el producto de una burguesía caduca, colmada de vicios, de individuos que anhelábamos eliminar como si ellos representaran la imperfección de la historia”.
Los Leones Negros en la era Postpadilla. Los retos y desafíos que enfrentan Ricardo Villanueva y Karla Planter. El análisis de Gabriel Ibarra Bourjac y Nadia Madrigal, con Amaury Sánchez y Lucio Becerra, en Conciencia TV.
JALISCO
Edición 810: Claroscuros de la reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum: Javier Hurtado ve la mano de EEUU, GAFI y T-MEC
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Fernando Espinoza de los Monteros: Reforma a la Ley de Amparo, una traición a su esencia
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En el intrincado tablero de la política jalisciense, donde cada movimiento puede significar el avance hacia el progreso o el retroceso hacia el estancamiento, una pregunta resuena con fuerza: ¿quiénes son más efectivos para gobernar, los políticos tradicionales, maestros de la retórica y las promesas, o los empresarios, forjados en la disciplina de los resultados financieros y la toma de decisiones pragmáticas?
En Zapopan, la respuesta no se encuentra en discursos grandilocuentes ni en teorías abstractas, sino en una década de hechos concretos, números impresionantes y transformaciones visibles en las calles y la vida de sus habitantes.
Bajo el liderazgo de Pablo Lemus y Juan José Frangie, este municipio ha emergido como un modelo de gestión pública que combina la eficiencia empresarial, transparencia, eficiencia y compromiso social, transforma realidades, superando deudas heredadas y presupuestos limitados para construir municipios más fuertes, equitativos y sostenibles
Demuestra que la buena administración no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para combatir la desigualdad, fomentar el desarrollo económico y construir un futuro sostenible.
Cuando Lemus y Frangie asumieron las riendas de Zapopan, encontraron un municipio sumido en una crisis financiera y administrativa. El presupuesto municipal apenas alcanzaba los 5 mil millones de pesos, lastrado por deudas a proveedores cercanas a los mil millones. Los procesos administrativos eran lentos y opacos, con demoras de hasta dos años para pagar a los proveedores, lo que generaba una percepción de ineficiencia y desconfianza hacia el gobierno local.
En un contexto nacional donde los municipios dependen en gran medida de las aportaciones federales —en Jalisco, el 86% de los ingresos municipales provienen de estas, según datos recientes de la Secretaría de Hacienda—, Zapopan enfrentaba el desafío de revertir esta situación sin recurrir a nueva deuda, una trampa que ha hundido a muchos gobiernos locales en un ciclo de insostenibilidad financiera.
Diez años después, el panorama es radicalmente distinto. Zapopan ha triplicado su presupuesto hasta alcanzar los 13 mil millones de pesos anuales, un logro que no se debe a milagros contables, sino a una estrategia fundamentada en tres pilares: transparencia, eficiencia y compromiso social.
La transparencia ha sido el antídoto contra la desconfianza que permeaba las relaciones entre el gobierno y sus proveedores. Al asumir el mando, Frangie y su equipo implementaron mecanismos digitales y procesos estandarizados que redujeron los tiempos de pago de dos años a tan solo dos o tres semanas.
Este cambio no solo agilizó las operaciones administrativas, sino que convirtió a Zapopan en un referente nacional de confiabilidad. En un México donde la corrupción ha erosionado la fe en las instituciones públicas, esta transformación representa un acto de justicia restaurativa, devolviendo la confianza a los proveedores y fortaleciendo la relación entre el gobierno y el sector privado.
La eficiencia en la recaudación ha sido el segundo pilar del éxito zapopano. A diferencia de muchos gobiernos locales que heredan deudas insostenibles, Zapopan logró triplicar su presupuesto sin incurrir en nueva deuda. El logro se debe a una recaudación responsable, impulsada por actualizaciones catastrales bien diseñadas y alianzas estratégicas con cámaras empresariales como CANACO.
Estas políticas han liberado recursos para financiar proyectos de alto impacto: 600 kilómetros de calles pavimentadas, hospitales modernos, plazas públicas renovadas y programas sociales que atienden directamente a los sectores más vulnerables.
En un país donde la recaudación tributaria municipal permanece estancada, a pesar de incentivos federales como el Fondo de Fomento Municipal, Zapopan destaca por su enfoque en la corresponsabilidad, incentivando la inversión privada y la generación de empleo.
El compromiso social, el tercer pilar, ha sido la brújula ética de esta administración. Frangie ha enfatizado que los avances financieros no son un fin en sí mismos, sino un medio para mejorar la calidad de vida de los habitantes, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
Este enfoque se materializa en obras que fomentan la convivencia y la inclusión, como escuelas equipadas, comedores comunitarios, unidades deportivas modernizadas y espacios públicos revitalizados.
Los proveedores, lejos de ser meros contratistas, son considerados aliados estratégicos cuya experiencia y calidad humana impulsan un ecosistema económico próspero. Este modelo ha permitido a Zapopan liderar la generación de empleo en México, creando miles de puestos de trabajo que fortalecen la base tributaria y generan un círculo virtuoso: más ingresos locales se traducen en mayor inversión en infraestructura, servicios y programas sociales que combaten la desigualdad.
Los resultados de esta visión son innegables. En una década, Zapopan ha invertido 14 mil millones de pesos en infraestructura, renovado 600 kilómetros de calles, modernizado 73 de 90 unidades deportivas y 135 escuelas, y reducido la deuda municipal del 40% al 8%.
Estos logros reflejan una planeación de largo plazo que ha transformado la vida de cientos de miles de habitantes, particularmente en colonias marginadas donde los contrastes entre riqueza y pobreza eran más marcados.
La capacidad de respuesta del gobierno ante la desigualdad ha cambiado la realidad de estas comunidades, brindando oportunidades y mejorando las condiciones de vida a través de una infraestructura que prioriza el bienestar colectivo.
En su cuarto informe, Frangie destacó que Zapopan se ha consolidado como el motor económico de Jalisco, captando la mayor inversión extranjera directa del estado. Con más de 40 parques industriales y el 70% de las empresas de semiconductores, el municipio se ha convertido en un polo de desarrollo económico.
Alberga los mejores centros comerciales, las empresas más innovadoras y los empleos mejor remunerados del Occidente del país, ofreciendo salarios competitivos que fortalecen la economía local.
Esta fortaleza no solo alivia la pobreza, sino que posiciona a Zapopan como un modelo replicable para otros municipios que buscan reducir su dependencia de las aportaciones federales y fortalecer su autonomía financiera.
La continuidad ha sido un factor determinante en el éxito de este proyecto. A diferencia de administraciones marcadas por el oportunismo electoral y las soluciones de corto plazo, el liderazgo de Lemus y Frangie ha priorizado una visión de largo alcance.
La colaboración con los proveedores, reconocida en eventos como el reciente encuentro con 300 de ellos, refleja un modelo de gestión que valora la corresponsabilidad y mide el éxito en resultados tangibles.
Este enfoque ha permitido a Zapopan no solo superar sus desafíos financieros iniciales, sino también sentar las bases para un futuro sostenible, donde la eficiencia administrativa y el compromiso social van de la mano.
La continuidad de este proyecto, respaldada por cuatro victorias electorales consecutivas, es una prueba de que la confianza ciudadana se gana con resultados, no con promesas. Zapopan no solo es un faro de esperanza para Jalisco, sino un ejemplo de lo que es posible cuando el liderazgo combina visión, disciplina y un compromiso inquebrantable con el bienestar de su comunidad.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay batallas políticas que no se libran con discursos, sino con recetas médicas y hojas de hospital. Y pocas son tan reveladoras del rostro real del poder como la que hoy enfrenta al Gobierno de Jalisco y al modelo federal del IMSS-Bienestar.
De un lado, la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, morenista, lanza un exhorto “urgente y prioritario” para que el estado se adhiera al sistema federal de salud. Del otro lado, el gobernador Pablo Lemus Navarro, emecista, responde con un portazo político: “No, gracias, yo a esa fiesta no voy”.
El intercambio, que podría parecer una disputa técnica sobre medicamentos y hospitales, es en realidad un duelo de ideologías, de proyectos de nación, y —como casi siempre— de egos.
En el Congreso de Jalisco, Ochoa Ávalos tomó la tribuna con una frase que resonó más allá de los muros: “La salud no puede ser rehén de los intereses políticos.” Denunció lo que ya es una verdad a voces: el desabasto de medicamentos en hospitales estatales, el endeudamiento de familias con pacientes oncológicos y la ineficiencia del sistema local de compras.
Con cifras en mano, la legisladora recordó que el propio Gobierno del Estado reconoció que solo el 24% de los medicamentos oncológicos provienen de la federación, mientras el 76% restante corre a cuenta del erario jalisciense. En tres años, dijo, se han gastado más de 160 millones de pesos en compras de emergencia, sin que haya transparencia sobre a quién se compró, cómo se licitó o quién rindió cuentas.
No es un asunto menor. En un país donde la salud pública ha sido el botín favorito de las burocracias, hablar de transparencia equivale a destapar un cajón con demasiados esqueletos.
Ochoa pidió tres cosas: que Jalisco se adhiera de inmediato al Pacto Federal del IMSS-Bienestar; que el Ejecutivo rinda un informe pormenorizado de los gastos en medicinas; y que se establezca coordinación permanente con la Federación para evitar más muertes por desabasto.
Pero en política —y en Jalisco más que en ningún otro lugar— los buenos propósitos rara vez viajan solos.
El gobernador Pablo Lemus Navarro, empresario de origen y político por accidente, no tardó en responder. Desde el Palacio de Gobierno, con la serenidad del que ya tiene la respuesta antes de escuchar la pregunta, declaró que no firmará el convenio con el IMSS-Bienestar.
Su argumento: “la Federación solo garantiza el 24 % de los medicamentos; sus clínicas están en mal estado y sus médicos mal pagados”.
A eso añadió una pregunta con filo: “¿Estaría dispuesta la Universidad de Guadalajara a entregar su red de Hospitales Civiles al IMSS-Bienestar?”
Era un golpe calculado. Porque si algo duele en el imaginario jalisciense es tocar al Hospital Civil de Guadalajara, esa institución centenaria que ha sido refugio de pobres, campo de batalla política y símbolo de autonomía universitaria.
Lemus convirtió la defensa de la soberanía sanitaria en una bandera de orgullo local. Dijo que Jalisco tiene un modelo propio, con 82% de abasto general y 85% en segundo nivel, y que lo reforzará con una Red de Hospitales-Escuela impulsada junto con la Universidad de Guadalajara.
En 2026, prometió, comenzará la construcción del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta; en 2027, el Hospital Civil del Sureste, en Zapotlán el Grande. El mensaje era claro: Jalisco no necesita tutela.
Lo que Lemus no dijo —o prefirió no subrayar— es que el Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI), con el que el estado mantiene convenios, establece que la federación debe cubrir el 70% del suministro de medicamentos especializados. Y que, según sus propios datos, apenas ha cumplido con el 4%, luego ampliado a 24% tras presiones locales.
En otras palabras, Jalisco sigue pagando la mayor parte del costo, pero también conserva el control político del sistema. En el tablero del poder, eso se llama equilibrio… o cálculo.
Mientras el debate estatal se enciende, el contexto nacional no ofrece mejores noticias. Las quejas contra el IMSS-Bienestar se han multiplicado en los estados que ya firmaron el pacto. Tamaulipas y Oaxaca registran denuncias por hospitales insalubres y paros de personal. En Chiapas y Veracruz, trabajadores protestan por recortes de prestaciones y la incertidumbre sobre sus jubilaciones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado que en Durango aumentaron las quejas por la falta de pensiones y la prestación incompleta de servicios médicos. La lista de motivos es larga y deprimente: desabasto, infraestructura deficiente, caos administrativo, precarización laboral, deudas, bloqueos presupuestarios.
El IMSS asegura que el 81 % de las quejas ya fueron atendidas. Pero incluso sus propios reportes reconocen que el modelo sufre una transición jurídica frágil y falta de solvencia presupuestal. La pregunta es inevitable: ¿se puede construir un sistema de salud universal sobre cimientos burocráticos carcomidos?
Entre los extremos del debate – la fe federal y la soberbia local – se esconde el ciudadano. Ese paciente que espera turno en un hospital público donde falta lo mismo una jeringa que una esperanza.
En Guadalajara, las familias de niños con cáncer siguen organizando colectas. En Zapotlán, los hospitales saturados improvisan camas con camillas. En la costa, el mar sigue más cerca que los medicamentos.
Ambos discursos —el de Ochoa y el de Lemus— presumen de buenas intenciones. Pero el primero olvida los fracasos de la centralización, pues omite que en los estados gobernados por su partido el IMSS-Bienestar arrastra la misma crisis que promete resolver; el segundo ignora los límites del aislamiento.
La diputada confía en un sistema federal que todavía no cura sus propias heridas. El gobernador defiende un modelo estatal que no garantiza equidad ni cobertura universal. En el fondo, uno y otro se disputan el relato de quién cuida mejor al pueblo, no necesariamente su salud.
Hay algo profundamente revelador en la frase de Lemus: “No gracias, yo a esa fiesta no voy”. El gobernador, que se jacta de tecnócrata, se permite ironizar sobre un programa que atiende, con todos sus defectos, a los que no tienen seguridad social. Su “no gracias” no es solo una postura política, es una declaración de clase.
El resultado es un país fragmentado en sistemas de salud que compiten entre sí: unos por recursos, otros por legitimidad. Y mientras, los funcionarios debaten porcentajes, las farmacias públicas siguen vacías.
La disputa por la salud pública no es, entonces, una diferencia de modelos; es una guerra por el control político del bienestar. El gobierno federal quiere una bandera nacional que presuma justicia social; el gobierno estatal quiere conservar un timón de un sistema que da votos, contratos y visibilidad.
Entre ambos se extiende una realidad que ni los comunicados ni las ruedas de prensa alcanzan a maquillar. México vive una crisis sanitaria estructural, donde el acceso a una medicina depende del código postal.
Pero en el fondo, la pelea por el IMSS-Bienestar no es sobre medicamentos ni presupuestos: es sobre quién manda en el cuerpo del pueblo. Y en Jalisco, por ahora, ese cuerpo sigue enfermo… de política.
En X @DEPACHECOS
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