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POLÍTICAMENTE CORRECTO | Fuero de inmunidad a impunidad

POLÍTICAMENTE CORRECTO | Fuero de inmunidad a impunidad

Jul 9, 2016

En el Congreso del Estado de Jalisco se avanza para eliminar el fuero constitucional en la entidad para representantes populares y funcionarios que gozaban de él; esto es, esta inmunidad les evitaba ser acusados por delitos del fuero común, como el homicidio, las lesiones, el fraude, ilícitos cometidos por servidores públicos, falsificación de documentos, cohecho, peculado, robo calificado, entre otros.

Los antecedentes del fuero se remontan al 23 de febrero de 1856 cuando se expidió un decreto que otorgaba inmunidad a los diputados, ya que en sus dos primeros artículos se establecía que no podían ser perseguidos criminalmente, sin antes haber declaración expresa del Congreso, y si éste determinaba retirar la inmunidad parlamentaria, el proceso se seguía en contra del inculpado en los tribunales ordinarios; luego, en 1971 se estableció en el Código Penal que se destituiría al juez que siguiera un proceso penal en contra de personajes que gozaran de inmunidad constitucional.

Pasado el tiempo, en 1917, se estableció en la Constitución mexicana únicamente la inmunidad por las opiniones de parte de los legisladores; cuando este motivo había sido la causa original de la inmunidad, para evitar que los diputados fueran perseguidos por lo que declaraban en las tribunas parlamentarias.

Fue hasta 1977, en conjunto con una reforma política que le dieron forma los diputados plurinominales, cuando se adicionó un párrafo a la Constitución Federal donde se estableció textualmente el fuero constitucional, que fue ampliado a sus actos u omisiones que pudieran tener consecuencias en materia penal.

Con estos antecedentes inició su camino el fuero constitucional, que a nivel estatal han gozado durante décadas un total de mil 598 funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado; que se resumen en los siguientes: el gobernador, 14 secretarios del gabinete estatal, el fiscal, el procurador social; todos estos del Ejecutivo; los 39 diputados que representan el Poder Legislativo; en el Poder Judicial 40 magistrados, y de los organismos constitucionales autónomos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y sus consejeros ciudadanos; así como el presidente y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el auditor superior del estado y; finalmente, 125 presidentes municipales con sus síndicos y sus mil 227 regidores.

Todos los antes mencionados han gozado de inmunidad por acciones u omisiones y han evitado así ser procesados penalmente y pagar por sus culpas; con el fuero han desfilado y siguen desfilando verdaderos pillos con poder; ya que refugiados en el fuero han delinquido sin mayor recato en múltiples ocasiones, desde temas menores como participar en trifulcas, causar lesiones o aprovecharse de su cargo para engañar y fraudar, hasta asesinos o impunes ladrones de recursos públicos.

Así, muchos sujetos, aprovechándose del fuero, andan campantes por la vida delinquiendo sin posibilidad de ser procesados penalmente.

Hay muchos casos y variados, desde tipos prepotentes que armados andan por la calle amedrentando ciudadanos, hasta delincuentes de cuello blanco que al amparo del poder engordan indiscriminadamente sus carteras y cuentas bancarias en robos inescrupulosos afectando el erario público.

En mi opinión, es una muy buena decisión eliminar el fuero y dejar a los funcionarios estatales en igualdad de circunstancias a cualquier ciudadano, quienes podemos ser acusados penalmente por nuestras acciones u omisiones.

La única variante a considerar debiera ser establecer una protección a los funcionarios por sus opiniones y evitar de algún modo la persecución política, y para ello el monopolio de la acción penal debiera independizarse y dejar de ser administrado únicamente por el Ejecutivo, que absurdo sería que se inculpara y persiguiera así mismo o a sus propios empleados; ese sería el siguiente paso obligado a seguir.

Que la persecución del delito corra por parte de un órgano independiente, lo mayor apolítico y apartidista posible, quienes de manera objetiva persigan delincuentes de todo tipo y niveles, porque si eliminamos el fuero y solo el Ejecutivo mantiene el monopolio exclusivo de la acción penal, se aplicaría la ley solo en los bueyes y políticos de sus compadres y no en los suyos.

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