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POLÍTICAMENTE CORRECTO | Justicia selectiva a opositores

POLÍTICAMENTE CORRECTO | Justicia selectiva a opositores

Oct 8, 2016

El pasado siete de octubre fue puesto en libertad Rodolfo Ocampo Velázquez, quien fue arbitrariamente detenido hace más de tres años y quien fungió como director del SIAPA en la administración estatal anterior.

En este tema hay varios puntos que se deben precisar, lo primero, que los delitos que le configuró la Fiscalía fueron dos: peculado y el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Cabe señalar que de acuerdo a las versiones de la fiscalía, el primer delito fue configurado porque el SIAPA invirtió, para darle rendimiento a cerca de 400 millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores, los cuales tuvieron pérdidas.

El segundo delito, el de peculado, la Fiscalía lo configuró porque se utilizaron cerca de 250 millones de pesos de un crédito obtenido de un programa federal para el gasto de operaciones de la dependencia metropolitana, específicamente para el gasto corriente, es decir, no fueron robados, sino utilizados en el mismo organismo.

De manera sorprendente y evidentemente arbitraria Rodolfo Ocampo fue detenido en su domicilio y llevado inmediatamente a las instalaciones de la Fiscalía de donde lo trasladaron, al siguiente día, al reclusorio de Puente Grande sin darle las garantías del debido proceso, a pesar de que con anterioridad y personalmente, se había presentado en la PGR para declarar y colaborar con las investigaciones, y después, en su detención no fue informada su causa y los delitos que le acusaban, además que se le evitó ponerse en contacto con sus abogados.

Transcurrieron los meses y el caso fue atraído por la PGR y los juzgados federales, acción invocada por la defensa de Rodolfo Ocampo, porque los recursos, supuestamente desviados, provenían de la Federación.

El proceso penal que se seguía contra Ocampo Velázquez llegó a los tres años y cuatro meses de tiempo, y dada la literalidad de la ley sustantiva penal federal, así como las características de las denuncias, los montos de los recursos señalados y la condiciones individuales de Ocampo, quien no contaba con antecedentes penales; las penas de ambos delitos son menores al tiempo que había transcurrido el exdiputado en el reclusorio, por lo que fue puesto en libertad.

De manera alevosa, y para no quedar en ridículo, las autoridades estatales mencionaron que había compurgado su pena y por ello había quedado en libertad, cuando evidentemente el asunto no ha concluido y Ocampo Velázquez tiene la posibilidad aún de quedar absuelto, por el hecho de que, aun y cuando hubiese sido condenado, debió salir de prisión al cumplir los dos años y nueve meses, tiempo que se considera como pena para el delito de peculado, ya que llevaba tres años y cuatro meses de prisión, tiempo muy superior a las penas que le pretenden imponer, reitero, aún sin estar concluido el proceso judicial.

En cuanto al delito de peculado, por el que se le acusaba en el expediente 131/2014, el Código Penal Federal establece en su artículo 233, que por este ilícito se impone una pena de entre los dos a los 14 años de prisión; por lo que dependiendo las cantidades y montos, así como características del acusado; en el caso de Ocampo, quien evidentemente fue un chivo expiatorio, la pena no sobrepasaba los dos años y nueve meses de prisión.

Mientras que en la causa penal marcada con el expediente 208/2014, que lo acusaba del delito de uso indebido de atribuciones y facultades; la ley sustantiva penal federal señala en su artículo 217 una pena de entre los 6 meses a los 13 años de prisión, que por los montos señalados en las denuncias y por las características de Rodolfo Ocampo, evidentemente la pena sería muy por debajo del término medio aritmético y por lo tanto muy inferior al tiempo en el que Ocampo Velázquez pasó recluido, por lo que de igual manera, aunque este proceso no ha concluido, debió dejarse en libertad al cumplirse el tiempo establecido.

Lo delicado de este asunto y lo que resulta evidentemente inmoral es el uso que le da el PRI a la justicia; aplicada de manera selectiva en contra de sus opositores.

El PRI tiene monumentos a la corrupción en personajes impresentables como Javier Duarte, Humberto y Rubén Moreira, César Duarte, Tomás Yarrington, Fidel Herrera y otros tantos de igual o peor calaña en el ámbito local que siguen viviendo en la impunidad y en el privilegio que les da a los priistas, tanto locales como federales, contar con el monopolio del ejercicio de la acción penal, usándola como herramienta política.

Rodolfo Ocampo fue encarcelado, se ha defendido y poco le falta para quedar absuelto ante un embate judicial motivado claramente por intereses políticos, pero bien valdría la pena que los priistas respondieran: ¿y los suyos, los realmente corruptos, cuándo?

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