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Políticamente Correcto: Lucha anticorrupción a medias

Políticamente Correcto: Lucha anticorrupción a medias

Jul 15, 2017

 

Por César Iñiguez //

Unos de los principales problemas que aquejan a nuestro sistema político es la corrupción y la impunidad. Entre los factores que hacen que se presenten es la manera en la que se define al encargado de combatir y perseguir el delito en todas sus formas; se trata del agente del Ministerio Público, quien bajo el nuevo sistema de justicia penal, integra una carpeta de investigación y consigna ante un juez a quien considera, cometió un delito.

¿Cómo es que un agente del Ministerio Público y un Fiscal General van a combatir la corrupción cuando esta venga del Ejecutivo, quien originalmente los designó?

La clave de tener un combate frontal a la corrupción de manera eficiente, es que ningún político y ningún partido influya de más en la designación del fiscal general y del fiscal especializado anticorrupción.

La reforma que se aprobó en el Congreso del Estado es insuficiente, porque lo que el PAN, PRD, Nueva Alianza y los independientes proponían, era que el proceso para elegir al fiscal fuera lo más apartidista e independiente posible.

La propuesta de ellos era que el Congreso eligiera a un comité seleccionador, para que éste a su vez definiera al Comité de Participación Social, el cual presentaría las propuestas para enviárselas al gobernador, para que él, de entre las propuestas, enviara una terna al Congreso, donde finalmente fueran definidos.

Pero no, Movimiento Ciudadano y el PRI se opusieron a la propuesta y con mayoriteo definieron el siguiente método “muy ciudadano”: que el gobernador proponga una terna que será calificada por el Comité de Participación Social, quienes a su vez mandarían las propuestas al Congreso para ser finalmente designados.

Es decir, el primer y más importante filtro es el gobernador, quien presentará la terna del nuevo fiscal general y del fiscal anticorrupción, lo que quiere decir que sus propuestas serán personajes a fines a él, independientemente de quien sea el titular del Ejecutivo.

La importancia de tener un fiscal general ajeno a los intereses partidistas es tal, que de ello depende la eficacia en el combate a la corrupción, que sea de manera pareja, sin distingo de colores, compadrazgos y compromisos.

Porque el que el gobernador defina inicialmente la terna, es como si el titular del INE lo definiera el Presidente, o regresar unos años atrás como en 1988, que las propias elecciones las organizaba y calificaba el Poder Ejecutivo y eran frecuentes los abusos y las caídas del sistema.

El que el gobernador no defina directamente al fiscal general y al fiscal especializado en materia anticorrupción es un avance que se desechó, porque es insuficiente y porque influye de más en su designación al ser propuestos inicialmente por él mediante una terna.

La corrupción se presenta en todos los niveles, pero sin duda, el que sus titulares sean autónomos y apartidistas es un avance importantísimo, que el PRI y MC, dejaron pasar.

Una propuesta más que el PRI y MC desecharon, fue la independencia de la Auditoría Superior del Estado en la investigación y calificación de las cuentas públicas de los municipios, sin la intervención del Congreso.

Es de todos conocido que se presta a vaivenes políticos y partidistas la calificación final de la cuenta pública de un municipio, dependiendo el partido y el personaje que encabezó una administración, donde la última palabra la tiene la Comisión de Vigilancia -influyendo de más, el diputado y el Partido al que pertenece- donde finalmente se resuelven.

Muchas veces, la calificación y los dictámenes están alejados de una estricta fiscalización técnica e influyen los intereses políticos y partidistas en sus determinaciones.

Por ello, era muy necesaria la independencia y autonomía de la fiscalización en las cuentas públicas municipales, una oportunidad que desecharon MC y el PRI.

Así quedó, muy corta, la reforma del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

 

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