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Políticamente Correcto: Un Torito ilegal

Políticamente Correcto: Un Torito ilegal

Nov 30, 2013

Por César Íñiguez —-

Se puso en marcha desde hace tres semanas “El Torito” tapatío y hoy, después de su funcionamiento, saltan más preguntas que respuestas. Cabe señalar, que el estado tiene la obligación de generar políticas públicas adecuadas, pertinentes, pero sobre todo respetuosas de la legalidad para combatir los problemas sociales; entre ellos el consumo del alcohol combinado con el volante, lo que año con año, provoca muchas muertes.

El argumento es sensible, es válido; deben llevarse a cabo acciones concretas y pertinentes para abatir el problema; pero de ninguna manera, se justifica cualquier acción que lleve consigo la violación de los derechos humanos.

La Constitución Política de nuestro país; la máxima ley que todo mexicano debe observar y respetar, incluyendo el gobernador, enuncia en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Continúa la sentencia Constitucional, ahora en el artículo 16 que dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

¿Qué pasa con los operativos de alcoholimetría de la Secretaría de Movilidad?

Primero, violentan el artículo 16 al detenerte en un retén sin haber cometido infracción alguna y a voz de los propios directores de los operativos, de manera aleatoria; luego, violentan el artículo 14 Constitucional al dar positivo al aparato de alcoholimetría, que ilegalmente dan como prueba plena para imponer una multa de casi 13 mil pesos o mandarte al Torito detenido de 12 a 36 horas.

El artículo 129 de la Ley de Amparo menciona las reservas al concederse una suspensión en un juicio de garantías, al considerarse que existe perjuicio al orden público o al interés social y en uno de sus supuestos, en su fracción VI, establece las campañas contra el alcoholismo o drogadicción.

En este caso, el torito es y seguirá siendo ilegal por dos causas; la primera, el operativo que ponen en marcha no es contra el alcoholismo, sino en contra de manejar bajo los efectos del alcohol y en segunda; por que una ley reglamentaria, como lo es la Ley de Amparo no puede estar por encima de la Constitución Federal.

Esta es la razón jurídica, ahora hablemos de los frutos del operativo.

La primer semana del operativo del 15 de noviembre, se aplicaron 746 pruebas de alcoholimetría y se detuvo a 14 personas; el fin de semana siguiente, se aplicaron mil 902 pruebas en los distintos operativos y detuvieron a 23 personas.  Esto refleja que de las casi dos mil pruebas de alcohol, sólo se retuvo al 2 por ciento que dieron positivo a sus pruebas (que nadie sabe de su certeza o si pueden ser alteradas); al mismo tiempo, en el segundo fin de semana del operativo, se registraron tres accidentes mortales en las que murieron dos personas.

¿Qué está fallando?

¿El Ejecutivo del Estado no debería aplicar políticas públicas funcionales, adecuadas, legales y que realmente atacaran eficazmente las patologías sociales?  Las medidas preventivas siempre serán mucho más útiles y mucho mejores que las reactivas; y más aún, si son medidas que no violan la ley y no le provocan molestia a la ciudadanía. Esa es la gran diferencia.

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