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Riesgos de la Reforma Política

Ha llegado a San Lázaro la propuesta de Reforma Política aprobada en el Senado, con prisas y bajo la presión de los tiempos que preocupan a los políticos. Sigue avanzando un proceso propagandístico y publicitario que busca, entre otros objetivos, contrarrestar el desprestigio de los órganos legislativos.

Las ideas contenidas en la reforma se han presentado de manera grandilocuente, como si fueran un hito en nuestra vida pública y una gran innovación. En realidad, la gran mayoría de los cambios sólo afectan a la clase política y atienden a repartos de poder, sin que beneficien sustancialmente a la sociedad.

Temas tabú

Hay añejas demandas ciudadanas que no serán discutidas, a pesar de la evidente urgencia de hacerlo. Por ejemplo, disminuir de 500 a 300 el número de diputados federales, reducir el número de los diputados conocidos como plurinominales y el de los senadores de lista.

Tampoco se tocará el tema de la reducción de sueldos de legisladores, mismos que ofenden a nuestra desigual sociedad. Además, se evitó responder a la legítima demanda de diseñar mecanismos de revisión del desempeño y la productividad de los legisladores. El fuero, obviamente, quedó intacto.

Ser cautelosos en los avances

En el tema positivo de las candidaturas ciudadanas a todos los cargos de elección popular habrá que tener cuidado de dotar de dientes a la ley, a fin de que esas candidaturas sean reales, operantes y capaces de incidir en la realidad.

De nada serviría que un ciudadano compitiera por un cargo de elección popular de manera aislada, pues sería aplastado por la hoy todopoderosa maquinaria de los partidos. Es indispensable diseñar instrumentos para que las candidaturas ciudadanas no sean sólo simbólicas o testimoniales.

Otro aspecto favorable de la reforma es la posibilidad de que los ciudadanos presenten iniciativas de leyes o decretos. Al igual que en las candidaturas ciudadanas, el diablo podría estar en los detalles: se debe atender con todo cuidado que sean los ciudadanos quienes se beneficien de estos mecanismos, no grupos clientelares o poderes fácticos capaces de movilizar personas. Mucho perderíamos si alguno de los diversos grupos antidemocráticos que hay en nuestro país presentara iniciativas de ley y luego presionaran a legisladores para su aprobación.

Lo mismo cabe decir del aspecto de la reforma que permitiría generar acuerdos vinculantes para las autoridades a partir de consultas populares, pues son los partidos y diversos grupos que no precisamente brillan por su talante democrático quienes mayor capacidad de movilización tienen para avasallar una de esas hipotéticas consultas.

También hay que señalar una realidad dura y peligrosa de la situación actual de nuestro país: la delincuencia organizada ha adquirido un gran poder, con una capacidad de organización y convocatoria que le podría permitir utilizar algunas de estas innovaciones para imponer y controlar candidatos, gobernantes e incluso iniciativas legislativas. Es indispensable que nuestros diputados actúen con máxima prudencia y pongan los candados reglamentarios que cancelen ese riesgo.

 

Evitar simulaciones

Al revisar la normatividad operativa de algunas de estas nuevas leyes del juego político hay que tener muy presente que los poderes fácticos —algunos blancos, otros negros y la mayoría grises— podrían sacarles más provecho que los propios ciudadanos.

Cuidemos que la reforma sea realmente un factor de redistribución del poder en nuestro país y no un Caballo de Troya para la delincuencia organizada o un nuevo caso de gatopardismo, en el que una vez más se haga realidad el célebre postulado de Lampedusa: “cambiar todo para que nada cambie”.

 

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