OPINIÓN
Secretaría de Salud, Seguro Popular, INSABI…los otros datos

Por Daniel Emilio Pacheco //
El beneficio que los mexicanos obtendrían con el éxito de la política pública de salud de Andrés Manuel López Obrador, sería incuestionable, relevante a nivel mundial.
Por ello es importante revisar los números y las acciones que hasta el momento se han realizado para llegar al fin deseado:
“Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud, vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro, de la población no asegurada, es de los cambios que vamos a llevar a cabo”, dijo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 9 de abril de 2019.
“Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud. Eso va a ser una hazaña”, expresó.
Andrés Manuel López Obrador, el político que más poblaciones de México ha visitado y conocido, debería con su experiencia, recordar la nula o deteriorada infraestructura hospitalaria que existe en el país que ahora gobierna.
Parece que tampoco ha tomado en cuenta el recorte de presupuesto que desde hace 4 años sufre la Secretaría de Salud Federal; en el año 2000 recibía 39 mil 420 millones de pesos, para 2012 el presupuesto de dicha Secretaría era de 143 mil 593 millones de pesos. Es decir, el presupuesto de salud creció con el apoyo del programa de Seguro Popular iniciado por Vicente Fox, hasta llegar a Enrique Peña Nieto, quien en 2015 otorgó el máximo presupuesto recibido por la Secretaría de Salud, 153 mil 839 millones de pesos. En 2016 inició la reducción de dinero y llegó hasta 122 mil 244 millones de pesos en 2018 con Peña Nieto, más de 30 mil millones de reducción a la Secretaría de Salud en tres años.
La esperanza de mejor presupuesto para salud con López Obrador como presidente, se derrumbó, en 2019 el presupuesto de la Secretaría de Salud fue de 120 mil 298 millones, es decir, casi 2 mil millones de pesos menos que lo gastado por Enrique Peña Nieto.
Para 2020 fueron asignados por la Cámara de Diputados -pues el Presidente pidió 237 millones de pesos menos-, a la Secretaría de Salud 128 mil 826 millones de pesos, es decir, aun con el aumento del 3.6% respecto al 2019, el presupuesto 2020 para la Secretaría de Salud es menor que el de 2015 en más de 25 mil millones de pesos.
El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) recibirá en 2020, un financiamiento de 112 mil 538.3 millones de pesos.
Entonces, presupuestalmente iniciar el INSABI es arriesgado pues no se tienen recursos para desarrollar los hospitales de especialidades necesarios, ni el dinero para contratar el personal que se requiere.
Según el director del INSABI, Juan Antonio Ferrer, el programa arranca con un déficit de 103 mil médicos, 70 mil especialistas y 250 mil enfermeras a nivel nacional. Tiene además 300 clínicas y hospitales abandonados.
La modificación al artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, que ordena brindar de forma gratuita el servicio que anteriormente se otorgaba por medio de cuotas, mete en problemas financieros al INSABI. ¡Ojo! La Constitución dice que, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, no obliga la gratuidad de la atención. La eliminación de cuotas de recuperación complica más la situación financiera para un adecuado arranque.
Aquí también se debe agregar el gasto financiero del cambio de nombre del programa de Seguro Popular a INSABI que no es nada barato y no se ha hablado del presupuesto para ese tema, gasto que se podía eliminar al no cambiar de nombre.
Como programa social, el Seguro Popular dio buenos resultados en cuanto a la reducción de la carencia por acceso a servicios de salud, según el último informe del Coneval sobre la evolución de la pobreza en el país. En México se alcanzó una reducción de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 millones en 2016, periodo donde el Seguro Popular crecía en instalaciones que prestaban atención y catálogo de enfermedades atendidas.
Si bien es cierto que los malos manejos por parte de los gobiernos estatales contra el Seguro popular fueron muchos, una correcta administración y el castigo ejemplar vía encarcelamiento a los responsables, permitiría el rescate moral de un programa que ha dado resultados.
Mantener lo logrado por el Seguro Popular y anexar los objetivos del Presidente sería algo benéfico no solo para la Administración Federal, sino también, para los pacientes y sus familiares que ahora no saben en qué va a terminar su atención.
Hablé hace unos días con el Director General de la OPD Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Jaime Andrade Villanueva, me contó de la nula comunicación que han tenido por medio del Gobierno Federal para la implementación del INSABI, aun no saben cómo y cuándo empezara la Secretaría de Salud a cubrir los servicios que se siguen prestando a los antes beneficiarios del Seguro Popular.
Los Hospitales Civiles de Guadalajara tienen la ventaja de haber cubierto los servicios del Seguro Popular por medio de empleados del propio OPD Hospital Civil de Guadalajara, motivo por el cual no se despidió a ningún trabajador con el cambio a INSABI, pero a nivel nacional, son cientos los empleados que desconocen la forma en que volverán a ser contratados y por quién.
El que nuestro Presidente piense que las cosas se harán solo por el dicho de su boca, traerá consecuencias fatales en la salud de quienes menos tienen.
El INSABI es un servicio de salud que centraliza la atención en entidades gubernamentales, los servicios de salud a los que, según el dicho del Presidente, se aspira tipo Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son exactamente lo contrario.
Los servicios de salud en Canadá, Inglaterra o los Países Escandinavos son sistemas bien financiados con una operación de servicios descentralizados, que al permitir la libertad de elección del ciudadano: recompensa la calidad de atención.
Una deficiente planeación financiera, la mala comunicación por parte del Gobierno Federal con las entidades estatales y una atención monopólica, afectará al usuario que menos tiene para pagar por los servicios de salud.
En Twitter: @depachecos
CULTURA
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JALISCO
Las lecciones del movimiento estudiantil de septiembre

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
¿Qué lecciones deja el movimiento estudiantil que se expresó al interior de la Universidad de Guadalajara en septiembre de 2025 en el contexto del proceso electoral de renovación de los integrantes del Consejo General Universitario (CGU) con la demanda de una democratización más profunda de la representación estudiantil?
El suceso puede ser visto desde diversos ángulos y lecturas, encuadrado en la era postpadilla que vive la Universidad de Guadalajara, que no implica necesariamente un cambio sustantivo en el manejo político de gobierno que se ha vivido en las últimas tres décadas con el liderazgo de Raúl Padilla López que permitió se dieran cambios sustantivos al interior de esta gigantesca institución educativa.
Habrá que apuntar que el movimiento finalmente no alteró el resultado del proceso electoral, inicialmente parecía el surgimiento de un gran movimiento que podría sacudir las estructuras de poder y control de la UdeG que ha trascendido ya a dos generaciones, hoy con los liderazgos de Ricardo Villanueva (Subsecretario de Educación del Gobierno Federal) y de la rectora general Karla Planter.
Algo muy importante de la era de Padilla fue la estabilidad que la UdeG ha vivido y que permitió la creación de la Red Universitaria, el logro de la autonomía y un presupuesto constitucional.
Las votaciones se llevaron a cabo el 25 de septiembre, renovando los 48 consejeros estudiantiles, 9 representantes del personal académico y 9 del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) y con una participación del 38% entre el alumnado (126,413 votos de 342,076 estudiantes matriculados), un aumento del 14% respecto a 2024, pero con una abstención superior al 60% y un 12% de votos nulos —el porcentaje más alto en años recientes, especialmente en centros como el CUCSH.
Aunque el movimiento interpretó estos números como un «rechazo masivo» al sistema actual dominado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), las autoridades universitarias validaron el proceso como «pacífico y con participación histórica», procediendo con la integración del nuevo CGU.
La comunidad universitaria —compuesta por más de 350 mil estudiantes y docentes— en gran medida «hizo el vacío» a las demandas radicales del movimiento (como la suspensión inmediata de elecciones y reformas a la Ley Orgánica) por una combinación de factores, entre los que destacan la percepción de injerencia externa y la respuesta conciliadora pero firme de la rectora Karla Planter Pérez. Analicemos ambos, basados en análisis y testimonios recientes:
Injerencia de la Unión Juvenil Revolucionaria Mexicana (UJRM) como factor deslegitimador
Sí, la presencia de la UJRM —una organización de corte marxista-leninista, externa a la UdeG y vinculada al Frente Popular Revolucionario (FPR), jugó un rol clave en alienar a la comunidad. Aunque el movimiento se presentó como autónomo y orgánico, surgido de asambleas interuniversitarias en centros como CUCSH y CUCEA, críticos como el académico Martín Romero Morett (director de la División de Economía y Sociedad del CUCEA) argumentan que fue «manipulado por agentes externos» como la UJRM, que usó demandas legítimas (mejoras en infraestructura, gratuidad total y transporte seguro) para escalar a tácticas desestabilizadoras como tomas de edificios y paros indefinidos.
Esta percepción de «caballo de Troya político» —buscando capturar órganos colegiados y recursos universitarios para agendas partidistas— deslegitimó el movimiento ante una mayoría que prioriza la estabilidad académica sobre confrontaciones ideológicas.
Hubo diversas opiniones externas a la UdeG que refuerzan esto: la UJRM no es un «movimiento estudiantil espontáneo», sino una amenaza que instrumentaliza luchas genuinas, lo que explica por qué solo un grupo reducido (estimado en cientos, no miles) se movilizó activamente, mientras el resto optó por la apatía o el voto nulo sin adherirse a la protesta radical.
La rectora Planter misma aludió a esta «injerencia de actores externos que manipulan causas estudiantiles para fines políticos», lo que resonó en la comunidad al evocar temores de repeticiones de conflictos pasados (como los de los 70), pero sin el contexto represivo actual.
En redes como X, posts de militantes de la UJRM muestran su reivindicación explícita de la lucha, pero también generan rechazo al ser vistos como «extremistas ajenos» a la comunidad universitaria.
LA ACTITUD CONCILIADORA DE LA RECTORA KARLA PLANTER
La intervención de Planter —quien asumió el cargo en abril de 2025 como primera rectora mujer— fue muy pertinente al expresarse contra la violencia, con un enfoque de diálogo que desinfló el momentum del movimiento. Rechazó la suspensión electoral por ser «ilegal y violatoria de derechos» de la comunidad, pero respondió públicamente al pliego petitorio estudiantil (entregado el 17 de septiembre), comprometiéndose a atender demandas viables como ampliación de cupos, becas y seguridad en transporte, mientras descartaba otras «inmorales» (ej. espacios para consumo de marihuana).
En un video mensaje, enfatizó: «La universidad es para el aprendizaje, no para sustancias», y llamó a «escuchar y dialogar» tras las movilizaciones, lo que académicos como Romero Morett elogian como «adecuado»: acepta mejoras sin ceder a lo ilegal, atendiendo limitaciones presupuestales reales (la UdeG depende de subsidios estatales limitados).
Esta postura conciliadora —combinada con garantías de libertad de expresión y rechazo a la violencia (hubo incidentes de represión por porros de la FEU, pero no avalados por rectoría)— convenció a muchos de que las vías institucionales bastaban, reduciendo el apoyo al movimiento. Manifestaciones de profesores (Asamblea de Profesoras y Profesores Independientes del CUCSH) respaldaron demandas, pero condenaron excesos, alineándose con el llamado al diálogo. Al final, el movimiento levantó paros temporales para «reorganizarse», pero las elecciones prosiguieron sin alteraciones mayores.
En síntesis, la «invasión» fue dual: la UJRM aportó radicalismo percibido como ajeno, erosionando credibilidad; Planter, con su diálogo conciliador, canalizó tensiones sin confrontación, priorizando la continuidad. El resultado: un CGU renovado con bajo respaldo, pero funcional, y un movimiento que, pese a visibilizar fallas (alta abstención como «éxito simbólico»), no transformó el statu quo.
JALISCO
El negocio de la salud pública: Antonio Cruces Mada, con los dedos sucios

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un nombre puede ser un epitafio adelantado. “Operadora Dedos Sucios” —así, sin disfraz, sin rubor— se constituyó en Guadalajara en 2020. La empresa parecía una broma de cantina, pero tenía como socio mayoritario al exsecretario de Salud de Jalisco, Antonio Cruces Mada. A su lado, Jesús González Lomelí, un magnate fronterizo ligado al Cártel de Sinaloa, señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Lo que sonaba a una ocurrencia grotesca terminó siendo un símbolo exacto: el retrato de un funcionario que confundió la política con el saqueo y la salud pública con un botín.
Cruces Mada, médico de formación, había hecho carrera en la burocracia jalisciense: titular de los Servicios Médicos Municipales de Guadalajara, luego responsable del Seguro Popular, más tarde secretario de Salud en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Pero su verdadero oficio no fue curar cuerpos, sino extirpar presupuestos.
En 2015, mientras fungía como director del Seguro Popular Jalisco, Cruces Mada repetía una y otra vez que no existía deuda alguna con los Hospitales Civiles de Guadalajara. “Se ha cumplido cabalmente con los compromisos”, decía con aplomo frente a reporteros.
La Universidad de Guadalajara, los Hospitales Civiles y el Centro Universitario de Ciencias de la Salud le respondieron con un documento demoledor: no sólo sí había deuda, sino que superaba los 764 millones de pesos. Y lo acusaban de algo más grave: querer confundir, engañar a la opinión pública con declaraciones falsas y dolosas.
Los firmantes —entre ellos el rector Tonatiuh Bravo Padilla -Hoy diputado del desaparecido partido Hagamos- y los directores de ambos hospitales— enumeraron las cifras que el funcionario pretendía evaporar: 6.5 millones de pesos en 2013, 131.9 millones en 2014 y 627.1 millones en 2015. Todo documentado, con comprobaciones entregadas al propio Seguro Popular. La estrategia de Cruces, que denunciaban, era retardar durante meses la conciliación de cuentas para usar ese retraso como pretexto y no pagar.
No era la primera vez que quedaba en evidencia. En febrero de 2013, la Secretaría de Salud, el OPD Servicios de Salud Jalisco y el Seguro Popular habían firmado junto con el Hospital Civil un acta circunstanciada de hechos por un monto de 382.6 millones de pesos adicionales al contrato de ese año. El documento reconocía plenamente el adeudo, y además constaban acuses de recepción por 200 millones de pesos en servicios prestados durante enero y febrero de 2013.
Ante semejantes pruebas, los directivos de la UdeG sentenciaban: “Es imposible desconocer estos compromisos, como ha pretendido Cruces Mada”. Recordaban incluso el decreto del Congreso del Estado de 2012, que obligaba a reconocer todos los actos jurídicos celebrados hasta febrero de 2013.
El mensaje era claro: Cruces no solo mentía, sino que trataba de borrar con declaraciones públicas lo que estaba estampado con tinta oficial.
La disputa no era un pleito de contadores. Cada peso negado significaba un insumo menos, un proveedor que dejaba de surtir, una sala quirúrgica paralizada. “La crisis financiera pone en grave riesgo la operación, capacidad y calidad de atención de esta benemérita institución”, advertían los directivos en su carta.
La escena resultaba deprimente: mientras el director del Seguro Popular juraba no deber un centavo, en los pasillos del Hospital Civil los médicos improvisaban con lo poco disponible, y los pacientes más pobres de Jalisco aguardaban en salas saturadas. El hospital convertido en rehén de la corrupción.
La impunidad, sin embargo, no duró para siempre. En febrero de 2020, Cruces Mada fue vinculado a proceso, junto con Jaime Agustín González Álvarez, por los delitos de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.
El caso estalló por la compra irregular de equipos de videovigilancia para el Hospital General de Occidente y contratos simulados por servicios que nunca se prestaron. El daño estimado al erario: 25 millones de pesos.
El juez Juan José Rodríguez Velarde dictó medidas cautelares: resguardo domiciliario para Cruces Mada, prohibición de salida del país para sus compañeros de gabinete. Un cuarto implicado, Fernando Letipichia, exdirector jurídico, fue el único que escapó de la vinculación.
Dos años después, en octubre de 2022, el exsecretario volvió a los tribunales. Esta vez por peculado. La acusación parecía menor: haberse ausentado de su cargo en 2016 y 2017 sin permiso ni vacaciones. Pero el trasfondo era otro: desatención dolosa de la administración pública, con la consecuencia de nuevos desfalcos.
El juez le impuso prisión preventiva y, al final del proceso, la sentencia fue contundente: nueve años de cárcel y el pago de 5.7 millones de pesos por reparación del daño.
El médico que decía no deber nada terminó condenado por ausencias injustificadas y desvíos comprobados. Ironías de la justicia: no faltaba nunca a la cita con el dinero público, pero sí a la oficina.
El caso Cruces Mada no puede entenderse en solitario. Su historia está entretejida con la de una Secretaría de Salud acostumbrada a convertir el presupuesto en negocio. Jaime Agustín González, su antecesor, también enfrentó procesos.
La mecánica era conocida: retrasar pagos a hospitales, presionar con adeudos millonarios, autorizar contratos inflados, justificar privatizaciones encubiertas. Todo bajo la mirada permisiva de un Congreso local incapaz de fiscalizar y de un Ejecutivo más preocupado por la lealtad política que por la salud pública.
“Con los dedos sucios” no era solo el nombre de una empresa fantasma. Era la metáfora perfecta de un político que convirtió la salud en negocio y la mentira en política de Estado.
Cruces Mada terminó en prisión, pero el daño permanece: hospitales endeudados, proveedores reacios a surtir, pacientes en riesgo. La benemérita institución, orgullo de Guadalajara, sigue pagando los platos rotos de quienes confundieron servicio público con caja registradora.
La ironía es cruel: un médico que debía velar por la vida amputó presupuestos, cercenó derechos y abrió heridas que no cierran. La política jalisciense lo recordará no como gestor, ni como doctor, sino como lo que fue: un operador de cuentas falsas.
Ese era su prontuario cuando decidió convertirse en empresario de fachada, accionista mayoritario de una compañía que los estadounidenses señalan como lavadora del dinero sucio de Joaquín Guzmán Loera y su herencia criminal.
El Tesoro norteamericano describió a González Lomelí como un operador clave para blanquear millones de dólares en nombre de los hermanos Arzate, brazo financiero de Ismael “El Mayo” Zambada. No es poca cosa: quince de sus negocios fueron sancionados, entre ellos Veintiuno Mexicali y Botanero 21 Ávila Camacho, ambos ligados también a Cruces.
Su esposa, Nancy Karina Martínez Basañez, corredora pública, también aparece como accionista de Operadora Dedos Sucios. El nepotismo empresarial no conoce de rubores: donde uno mete la firma, el otro pone la fianza.
El asunto se volvió internacional cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en su lista de sanciones a González Lomelí y a las firmas donde Cruces figura como socio. Traducido: Estados Unidos congeló activos y prohibió transacciones con esas compañías, a las que identifica como engranajes del Cártel de Sinaloa.
Y así, el epitafio adelantado de su empresa suena a sentencia: Antonio Cruces Mada vivió, gobernó y cayó con los dedos sucios.
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MUNDO
Verdades a medias, mentiras eternas

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez
Siguiendo con la verdad y las mentiras, Abraham Lincoln dijo que “podrás engañar a todos durante algún tiempo; podrás engañar a alguien siempre; pero no podrás engañar siempre a todos”. Anónimo, ese estupendo autor mundialmente desconocido, consideró que “la mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo”.
Cicerón, emperador romano, también explicó que “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”. Antonio Machado, poeta de poetas, indicó que “la verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés”.
Francis Bacón consideró que “la verdad es hija del tiempo, nunca de la autoridad”. George Orwell enfatizó que “en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”. Jean Cocteau dijo que “no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría”.
Simone de Beauvoir, adalid de la filosofía femenina, nos enseñó que “no es suficiente conocer la verdad, también es necesario hacerla escuchar”.
Hay una retahíla de dichos, sentencias y consideraciones sobre la verdad y las mentiras. Lo cierto es que en estos tiempos de mentiras completas y verdades a medias es necesario recordar las lecciones que dejaron algunos genios de la manipulación de la verdad.
Aquí y en China, pasando por Gaza, Ucrania, Nepal, África, EEUU y demás naciones en conflictos internacionales o internos, hay una “fiebre” por las mentiras; una obsesión por ocultar la verdad y tergiversar la realidad a las conveniencias de quienes detentan los poderes públicos pocas veces vista en la historia de la humanidad.
La fuerza de la repetición de las ideas en el subconsciente es la estrategia maestra. Las frases descalificadoras, los insultos velados o crudos, las negaciones, las mentiras, las medidas verdades son la tónica de los gobernantes actuales, de todos los colores y sabores y de todas las naciones.
No es casualidad, es causalidad. Dicha estrategia la practicó con demasiado éxito Joseph Goebbels, al frente de la propaganda de Hitler.
Goebbels se sumergió en las teorías de Sigmund Freud, especialmente las del inconsciente, donde habitan los peores miedos, fobias y emociones varias de los humanos, para elaborar una maniobra que permitiera a Hitler “lavar los cerebros” de los alemanes y no pocos fanáticos desperdigados por el mudo entero, que aún suspiran por “lo que hubiera sido, si hubiera ganado el führer”.
Aquí algunas de las frases del genio de la manipulación nazi para manipular a la gente:
1. “Más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad verosímil”;
2. “Si no puedes negar las malas noticias, inventa y difunde con profusión otras que las distraigan”;
3. “Hay que brindar constantemente argumentos e informaciones nuevas con un ritmo tal que, cuando el enemigo responda, el público esté ya interesado en otras cosas”;
4. “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel de mensaje al menos inteligente de los sujetos a los que se dirige. “Cuanto mayor sea la masa a convencer, menor esfuerzo mental debe realizar el conglomerado y, por ende, el individuo. “La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa, por lo que tiene gran facilidad para olvidar;
5. “Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”;
6. “Miente, miente, miente y vuelve a mentir, que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”;
7. “Sin la radio (adecuando esa particularidad, hoy decimos que, sin los medios de comunicación masiva, incluyendo o resaltando las redes sociales) no habría sido posible conquistar al poder”.
En aquel entonces, la radio era el medio más influyente e importante entre un movimiento espiritual y la nación, “entre la idea y el pueblo”;
8. “Hay que ‘Individualizar’ al adversario en un único enemigo”.
Está claro que el objetivo de Goebbels fue ideologizante, político y sectario. También que su método de difundir a los cuatro vientos frases repetidas -contundentes en la mentira hasta rayar en lo cínico, carentes de veracidad, con evidencias de ello, pero desdeñadas por los gobernantes, no han perdido vigencia y son recurrentes en las tácticas de los gobernantes para “conquistar a las masas”.
El propagandista nazi supo conjuntar elementos psicológicos, sociológicos y políticos para los fines perversos del Tercer Reich.
Su procedimiento lo confeccionó con base en la psicología, utilizando los conocimientos del inconsciente que Sigmund Freud, (judío) descubrió. (Nadie sabe para quién trabaja).
Debido a esta manera de “convencer” No es de asombrar que personas que antaño tenían un juicio mesurado, que ponderaban las informaciones con sensatez, y hasta escepticismo, de repente se hayan vuelto fanáticas del modo de gobernar de los morenistas. Lo lamentable es que repiten como eco las frases hechas de los que gobiernan en mayoría y que (dicen) tienen en sus “granjas de teléfonos celulares” a sus más fieles repetidores de sus mitomanías.
Cavar en la mente colectiva ha sido un trabajo lento, persistente, constante, falto de pudor e intolerante de parte de aquellos que han dictado las nuevas reglas a seguir.
Los efectos de esas normas y maniobras “cuatro teístas” se han dejado sentir en nuestro país.
En Mexicalpán de las Tunas, la ideología gubernamental se dicta en las conferencias mañaneras y las redes sociales; no pocas veces se hace con métodos poco éticos, pero eficientes y eficaces, que parece lo mismo, pero no es igual.
No hay duda de que el manual de Goebbels, en materia de propaganda política se aplica en cada renglón del discurso gubernamental, sea del Ejecutivo, Legislativo y ahora del Judicial. Desde la punta de la pirámide, hasta la base de esa estructura, “fabricada” desde el sexenio pasado, se escuchan sus verdades mentirosas y mentiras que quieren hacen parecer verdades.