OPINIÓN
¿Tendremos a un Alfaro más conciliador y menos de confrontación?
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Un año de gobierno está por cumplir Enrique Alfaro y el escenario con los resultados, de acuerdo a lo que proyectaron después del triunfo contundente en las elecciones del 1 de julio del 2018, es muy distinto a lo que esperaban, cuando han descubierto que el ejercicio de gobierno es muy complejo, con problemas de años y décadas que se han ido acumulando o que se vuelven cada vez más críticos.
El estilo de Alfaro como político de oposición fue siempre ir hacia adelante como el boxeador fajador que echa golpes y que se gana los aplausos del respetable, enfrentándose o creando villanos favoritos, primero Raúl Padilla, después el PRI, que en esa etapa le dio buenos réditos, después enderezó sus baterías contra el doctor Carlos Lomelí, el super delegado, al que no lo soltó hasta lograr que dejara la representación federal. En el arranque de gobierno, con su política de confrontación, Alfaro el Gobernador se enfrentó al poder Presidencial, pero allí encontró roca de granito. No pudo y tuvo que recular. Si no puedes con el enemigo, te lo haces amigo.
DIÁLOGO, CONCENSOS O CONFRONTACIÓN
Al terminar el primer tramo de seis que le corresponde correr al gobernador emecista, es oportunidad para la reflexión serena. La principal característica de Alfaro en estos once meses ha sido el de la confrontación. ¿Hay ánimo y actitud para la serena reflexión? Está por verse.
Pero la realidad, no la que le dicen al oído sus cortesanos, podrían ubicar a Alfaro. Tirios y troyanos -menos sus aduladores- están convencidos que el líder de MC se ha desgastado prematuramente en este primer tramo. ¿Las decisiones del desgaste han valido la pena? ¿Son las que requiere Jalisco para su transformación?
LA IMPOSICIÓN MISÓGINA
La primera fue tratar de imponer a las feministas y activistas su visión para impulsar programas y políticas públicas para enfrentar los problemas que las agobian. Con una actitud misógina, impositiva e intolerante el gobernador descalificó las críticas de las feminisas y hasta las tildó de conservadoras y falsas progresistas. Sus palabras se las tendría que tragar y dar marcha atrás a todo lo que aseveró. La perdió.
Otra decisión polémica tomada fue el arrendamiento financiero que se le otorgó a uno de sus amigos ricos con el contrato multianual “A toda máquina” de 3,600 millones de pesos y que ha sido severamente cuestionado por la opinión pública, en el que se cometieron serias irregularidades a decir de la Contraloría del Estado, golpeando así el discurso alfarista de la honestidad y de lucha contra la corrupción. Lo mismo ha sucedido en la Secretaría de Salud donde las adjudicaciones directas o con muchas dudas, para favorecer a familiares de las jefaturas de estas dependencias o a empresas de los cuates.
LA CONFRONTACIÓN CON LA PRENSA
Producto de ese estilo de confrontación ha sido el estar permanentemente descalificando a los medios de comunicación y al periodismo crítico, a quienes culpa de la percepción negativa que tienen los ciudadanos de la seguridad pública al estar convencido que éstos no reflejan la realidad y mal informan.
LOS PROBLEMAS REALES
Si bien es cierto que Alfaro ha enfrentado los grandes problemas de Jalisco, y algunos otros heredados por los gobiernos anteriores (Villas Panamericanas), los resultados no son los esperados, mientras que otros le han explotado en las manos (seguridad y dengue).
En el tema de la seguridad han sido los delitos de altos impacto lo que lo han avasallado y son los que más golpean mediáticamente a su gobierno. En este primer año los homicidios dolosos podrían llegar a los 2,500, para imponer record histórico.
Y otro problema que lo sorprendió y cuyo manejo ha sido terrible, es el problema del dengue y la crisis epidemiológica que llevan a Jalisco a ser líder en el problema. Se ha demostrado que empezaron a fumigar tardíamente, además de haber utilizado insecticida caduco. El gobernador lo rechaza y más que ver si hay fallas humanas de parte de los titulares de la Secretaría de Salud y la OPD de Salud, prefiere culpar al cambio climático. Y de allí no lo podemos sacar.
Realmente, más allá de la retórica, hay muy poco que presumir de logros en este primer año, todos son planes en papel, como lo es en Educación con el proyecto llamado “Educar para la vida”, que ha iniciado con un plan piloto en 50 escuelas de 14 mil que hay, habrá que ver si los indicadores que se apliquen nos demuestran que la propuesta permite que la educación mejore, cuando Jalisco se encuentra en el lugar 28 en cuanto a calidad educativa en el país.
¿Qué debemos de esperar en este próximo año de Alfaro el gobernador? ¿Un gobernante que privilegie el diálogo, que sume, que genere consensos o un gobernador que utilice la fuerza para imponerse, en constante confrontación? ¿Está Alfaro en el camino de la rectificación, convencido que la pérdida de apoyo ciudadanos no es invento de sus malquerientes o se esperará a que sean las urnas las que le digan lo que no ha querido ver?
Habrá que ver si ese tono conciliador que mostró con la oposición en el Congreso del Estado es el cambio en el ejercicio de gobierno o fue nada más de un día.
Dicen los que saben que genio y figura hasta la sepultura. Pero damos el beneficio de la duda en este caso particular de gobierno. No hay que ser pesimista.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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