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Tercera Instancia: El poderío de Uber

Tercera Instancia: El poderío de Uber

May 20, 2017

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Por Modesto Barros González //

Una vez más quedó demostrado que no pueden meter en cintura a la “intocable” empresa estadounidense UBER, cuyo concesionarios en Jalisco hacen lo que les pega la gana y con total impunidad se niegan a respetar las leyes y reglamentos vigentes, con todo y que habían dicho que cumplirían.

Entre las obligaciones que deben de acatar las denominadas Empresas de Redes de Transporte (ERT) está el compromiso legal, no si se quiere, marcado en la convocatoria para la regularización de las plataformas publicado el 8 de noviembre del año pasado. Este fin de semana cuatro responsables empresas cumplieron y el secretario de Movilidad y Transporte, Servando Sepúlveda Enríquez, entregó las constancias de cumplimiento.

Así las compañías CityDrive, representada por el jalisciense Juan Jaime Petersen Farah; Cabify, de Ricardo Plaschinski; Siggo, de Enrique Lanos así como Easy/Taxy, con David Loma, cumplieron las exigencias para poder prestar el servicio y están debidamente acreditadas.

Sin embargo una vez más a UBER, cuyos empleados o concesionarios de la franquicia en esta entidad permanecen en el anonimato a pesar es la que más vehículos tiene en su plataforma desde hace más de cinco años que operan, nadie las ha podido obligar a que cumplan. Para mejor entendimiento son “intocables”.

Recién llegó a la titularidad de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOV), el abogado Servando Sepúlveda Enríquez, intentó en obligar a la compañía transnacional a cumplir la ley y recordamos que ordenó a la policía vial detener varios vehículos; sin embargo todo quedó en eso, un intento.

Tal pareciera que a los responsables de UBER les gusta estar fuera de la ley y hacer lo que les pega la gana, tan es así que se estima que cuentan con alrededor de diez mil vehículos para prestar el servicio de taxis en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), sin que ninguna característica de las unidades o de quiénes las tripulan estén en la base de dato de la SEMOV

Existen personas que han utilizado la aplicación desde hace tiempo y han notado una sensible baja en la calidad del servicio, seguramente por la mala supervisión a las miles de unidades y choferes.

Mientras los miles de taxis tradicionales conocidos como “taxis amarillos” sienten el peso de la ley, a los de UBER parecieran que les gusta burlarse de las autoridades y un poderoso manto protector impide que sean sometidos al cumplimiento. Faltará mucho tiempo para hacerlos cumplir, posiblemente hasta el cambio de administración gubernamental, porque a ésta le tienen tomada la medida o al menos eso se demuestran al no poderla someter.

Vale la pena hacer notar que gracias a su poderío económico, UBER logró obtener un amparo en la Ciudad de México que en poco tiempo deberá de resolverse a fondo, y entonces se verá si continúan protegiéndola también en la capital del país.

PARECE OTRA TOMADA DE PELO 

Los meses pasan y a puras promesas y amenazas, hasta con la ley del garrote siguen controlando la exigencia de pago a los ejidatarios del Zapote, quienes desde el principio de su lucha se han encontrado solos. Salvo algunos grupos sociales y ciudadanos ven que les asiste la razón de reclamar el pago de sus terrenos expropiados hace más de 50 años, donde ahora se encuentra el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

La terminal aérea concesionada desde hace varios años el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), quiere ampliar sus instalaciones y construir otra pista, para lo cual requiere adquirir más de 100 hectáreas que también son propiedad de los ejidatarios de El Zapote, quienes han dicho en repetidas ocasiones que aceptan vender, pero primero piden el pago de las más de 300 hectáreas que arbitrariamente les expropiaron.

En días pasados GAP anunció de nueva cuenta que está dispuesto a pagar todo lo que se les llegue a adeudar a los ejidatarios y el costo del terreno por comprar, para terminar con el casi eterno conflicto. Pero como no son hermanitas de la caridad buscan algunas ventajas y el gobierno federal, en concreto la tan mal manejada Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), debe dar su anuencia y llegar a la solución, lo que por desgracia parece que tienen muy poco interés en hacerlo.

Así es que de nueva cuenta les dan largas al conflicto, pues el mismo titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, se comprometió el año pasado a que en los primeros meses del éste año quedaría liquidado el adeudo a los miembros de El Zapote; una vez más no cumplió como en otros temas más.

Como dicen algunas voces “si es pasión que se les borre”, por lo que los ejidatarios deberán de hacerse el ánimo de seguir luchando en tribunales y ante las autoridades federales para que les cumplan lo que en un juicio ya se decidió desde hace casi un año al obtener la supuesta protección de una justicia federal maniatada, ya que ni siquiera se hace algo para castigar el desacato que hace la SCT.

Conste, se dice que vivimos en un Estado de Derecho, pero en un sinnúmero de acciones el ciudadano común está desprotegido.


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