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Tercera Instancia: Muy seria dificultad

Tercera Instancia: Muy seria dificultad

May 13, 2017

Por Modesto Barros González //

En serio aprieto siempre han estado los titulares en turno de los gobiernos de todo el país para ejercer controles en los centros carcelarios, donde la ley del más fuerte o poderoso económicamente ejercen controles que de una u otra manera tienen que tolerar para mantener la mayor tranquilidad posible entre la población carcelaria.

Siempre ha provocado expectación, enojo e indignación el salir a la luz pública los testimonios de presunto autogobierno o privilegios que se les permite a algunos reos y se desata una persecución contra quién o quiénes permiten o han permitido que ocurran.

Hace unos días el periódico Milenio dio a conocer que en el reclusorio de Puente Grande, Jalisco a cargo del gobierno estatal, se llevó a cabo una gran fiesta entre la población para festejar a un reconocido delincuente.

De inmediato inició la cacería de los posibles culpables de haber permitido el ingreso de bebida alcohólicas, un grupo musical y otros artículos totalmente prohibidos por los reglamentos internos del reclusorio.

Hay que recordar que hace años también salió a la luz pública una fiesta que sostuvieron algunos capos de la droga en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, cuando llevaron una reconocida banda musical, comida especial para los invitados y al haber sido en uno de los patios del centro carcelario, al parecer el satélite de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA se filmó la grave irregularidad.

De inmediato y seguramente forzados los responsables tuvieron que realizar una inspección de las celdas y entonces con supuesta gran sorpresa descubrieron que tenían muebles de lujo, costoso sistema de sonido y otros privilegios, que seguramente entraron volando.

Ahora casi igual buscan apretar y quitar cualquier tipo de privilegios que han de tener algunos reos, ya que del “fiestón” que tuvieron en junio de 2013, ya han pasado casi cuatro años.

El problema en el manejo de los centros carcelarios es que las autoridades no pueden tener un vigilante para cada interno y si así ocurriera, el poder económico o los amedrentamientos que ejercen algunos, hacen que se viole el reglamento.

Según expertos las cárceles, todas son verdaderas bombas de tiempo, si ejercen mayor presión a la población, más temprano que tarde les estalla y ocurren los motines, si los dejan muy sueltos, permitiéndoles acciones indebidas, también les provocan serios conflictos entre los que ejercen el poder y los que están con las restricciones.

Lo que pasa es como al cohetero, si lo hacen bien las autoridades, les chiflan, si lo hacen mal, les chiflan, pero sea como sea su responsabilidad es implantar un justo medio entre los cientos de internos que purgan una sentencia o están bajo proceso penal.

El autogobierno existe en casi todas las cárceles del mundo, si uno o varios individuos pertenecientes a una banda criminal o de poderosos delincuentes ejercen ese control, la autoridad llega a acuerdos no autorizados, mucho menos lo aceptarán, para que así ejerzan el control de presunta tranquilidad entre los reos.

Ese tipo de acciones son muy criticables, pero a la autoridad le conviene “arreglarse” con uno o dos líderes ya que no puede hacerlo con todos los internos que cada uno busca beneficios particulares.

Esperemos que la investigación que se haga para determinar quién o quiénes permitieron esa indebida fiesta en el núcleo penitenciario de Puente Grande en 2013, pero sobre todo que se les sancione.

¡CONTINÚA EL MANTO PROTECTOR A UBER!

El enorme poder económico que ejercen los propietarios de la empresa UBER, se volvió a demostrar hace unos días al obtener una resolución de un juzgado federal con sede en la Ciudad de México.

Al resolverse un juicio de garantías o conocido como amparo, los abogados de la trasnacional argumentaron entre otras cosas que las autoridades de Jalisco, violaban el ejercicio de la libre competencia al obligarlos a cumplir con una serie de requisitos que no exige a los llamados taxis amarillos.

Para esos arbitrarios señores de UBER, cuando les conviene no son competencia porque ellos no son autos de alquiler y ahora si se quiere amparar que prestan similar servicio que los Amarillos.

El caso es que las autoridades del Gobierno de Jalisco, parecen estar atados de manos por argucias legales que hacen los abogados de UBER, así no los ha podido meter en cintura y sigue creciendo el número de vehículos afiliados a esa compañía, sin poderse saber cuántos vehículos están prestando el servicio en toda la entidad, mucho menos quiénes los conducen y ni siquiera cumplen con el pago los permisos legales para poder circular en el Estado.

No tardará mucho tiempo cuando el Gobierno suelte el manotazo y entonces se desaten operativos para detectar las unidades que hasta el momento operan presuntamente en forma ilegal y entonces sí pagarán, como siempre, los inocentes e incautos propietarios de los vehículos, ya que UBER, no tiene ni una tuerca de algún automotor.

Por cierto ahora ya tienen decenas de personas en motocicletas que reparten varios artículos y también enriquecen más las arcas de la empresa extranjera y tampoco se sabe, seguramente que no lo hacen, el pagar los impuestos y otorgar prestaciones a esos motociclistas.