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TERCERA INSTANCIA: ¡Por fin despertó la CEDHJ!

TERCERA INSTANCIA: ¡Por fin despertó la CEDHJ!

Feb 20, 2017

Por Modesto Barros González

Más de nueve años debieron transcurrir para que se diera cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco que no se ha hecho casi nada para mitigar y cumplir con las recomendaciones que se hicieron en relación a la contaminación concentrada en el río Santiago, en las cercanías de las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.

El responsable de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, la semana pasada se puso las pilas al enviar ultimátum a siete municipios para que informen los avances sobre la recomendación que en tiempo y forma hizo esa dependencia por la terrible contaminación del río Santiago.

Los responsables de los gobiernos municipales de Atotonilco el Alto, Arandas, Chapala, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Chapala, deberán, ahora sí, se supone, a informar debidamente.

Tal parece que al responsable de Derechos Humanos estatal, por fin le cayó el veinte y hasta ahora parece que se dio cuenta que no debe de seguir permitiendo que siga la contaminación.

En relación a su comunicado a los alcaldes dijo que «son gobiernos municipales que no están informando ningún avance, se están resistiendo a ellos y nosotros no podemos ser cómplices, de ninguna forma, de este tipo de irresponsabilidades. He girado instrucción a la Coordinación de Seguimiento de la Comisión para que envíe un nuevo y último requerimiento para que en un término máximo de diez días informen a la Comisión sobre los avances que se puedan tener en el caso».

Presuntamente les dio diez días para que cumplan el requerimiento de información, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), sigue nadando de muertito y poco o casi nada hace para controlar las emisiones de sustancias tóxicas en la referida zona por parte de las industrias.

De la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco a cargo de María Magdalena Ruiz Mejía, no se puede decir mucho del control de las descargas domiciliarias que es su competencia.

La semana pasada se recordó el fallecimiento del niño de seis años de edad Miguel Ángel López Rocha, quien el 26 de enero de 2008 cayó accidentalmente en el rio Santiago, ingirió agua y a las pocas horas estaba en coma y falleció el día 13 de febrero de ese mismo año.

Como se recordará el primer parte médico fue contundente al señalar que traía en su sangre grandes cantidades de contaminantes del río y los desarrolladores de los fraccionamiento La Azucena y el gobierno municipal de El Salto permitió la edificación de casas a menos de 50 metros del contaminado río, pero nadie se hizo responsable.

Han tenido que pasar nueve años para volver a salir en la prensa y amagar con acciones para que se cumplan los ordenamientos legales en materia de contaminación, pero la verdad es que nadie hace nada y menos les importa hacer, ni a los responsables del gobierno federal y tampoco a los del estado de Jalisco.

Por cierto, el pasado jueves ejidatarios de El Zapote, quisieron tomar posesión de sus terrenos que les fueron otorgados desde hace años en un decreto presidencial, pero para desgracia de ellos están ubicados en las colindancias del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Con todo y que son los legales y reales propietarios de los predios, resultó que no les permitieron ocupar sus terrenos y hasta la fuerza pública intervino.

Después de 19 horas y de gritos y sombrerazos el poder de la macana y los rifles dominó la situación y ocho de los ejidatarios, incluido el presidente del comisariado ejidal Nicolás Vega Pedroza, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía del Estado.

El Ejecutivo de Jalisco ha tenido que dar la cara y lidiar los conflictos con ese grupo ejidal, tanto por la falta de pago de los terrenos que les arrebataron para la construcción de la terminal aérea y que el gobierno federal no le quiere liquidar lo justo, pese al ordenamiento de un tribunal federal, pero también debe de estar pendiente en que no sea molestado el concesionario del aeropuerto.

Por cierto la flamante Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, no se apareció en el conflicto del jueves a decir de los ejidatarios ultrajados y algunos arrestados.

Si bien es cierto que es del ámbito federal la intervención de Derechos Humanos o sea la Comisión Nacional, también existe la obligación de intervenir en primera instancia la dependencia estatal en apoyo, pero eso parece que poco les importa a los responsables de evitar que se ataque la integridad de las personas.

El caso de defunción más conocido es el de Miguel Ángel López Rocha, un niño de apenas seis años de edad, quien el día 26 de enero de 2008 cayó accidentalmente en el río, ingirió de sus aguas, a las pocas horas estaba en coma y murió el 13 de febrero del mismo año. El primer parte médico fue contundente. Traía en su sangre grandes cantidades de arsénico. El gobierno negó esta versión, no aceptó responsabilidad alguna y tampoco ha variado su posición respecto de la contaminación del río. Los constructores del fraccionamiento La Azucena y el Ayuntamiento de El Salto que autorizó su edificación a menos de 50 metros del río, tampoco asumieron responsabilidad alguna.

E-mail: mobago1948@gmail.com