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Tercera Instancia: Sigue contra los pobres

Tercera Instancia: Sigue contra los pobres

Oct 22, 2017

Por Modesto Barros González //

Desde el inicio de la actual administración del Gobierno Municipal de Guadalajara se han implementado acciones, autoritarias varias de ellas, para combatir a grupos de menores recursos económicos.

Hace dos años, a los pocos días del gobierno, Enrique Alfaro Ramírez, inició la persecución contra grupos vulnerables que su pecado es ganarse el sustento al vender productos en la vía pública.

Como era de esperarse el malestar fue demostrado y no hubo poder humano que lo hiciera recapacitar y dar mejores opciones para los cientos de desalojados de las calles.

Semanas después algunos comerciantes ambulantes lograron “arreglar” su situación y pudieron seguir con su vendimia ambulantes pero la mayoría que había tuvieron que conseguir nuevas acciones para hacerse llegar de recursos para mantener a sus familias, lo que poco debió de interesarle al alcalde.

Meses después de gobierno Enrique Alfaro Ramírez, enfocó sus baterías contra los dueños de las calandrias del centro de la capital de Jalisco.

En una acción para demostrar una vez más su poderío de gobierno sin tomar que deben tener intervención y sobre todo respeto para las regidoras y regidores del mismo partido político que ganaron las elecciones que el alcalde y también los de otros institutos políticos que tiene representación legal y constitucional, pero eso poco lo ha tomado en cuenta.

A los calandrieros les quiere imponer unos autos eléctricos para eliminar el uso de caballos.

El señor presidente municipal está tan aferrado a su “proyecto” de eliminar las calandrias y hasta se metió a la vida interna de la agrupación legalmente constituida que de un plumazo busca eliminar a su dirigente y ha negociado con uno más cómodo para los fines que persigue.

Por otra parte, ha encabezado acciones en predios de San Rafael y en las cercanías del embalce de El Dean, donde por cierto, en éste último se invirtieron varios millones de pesos para restaurar el depósito acuífero y darle mayor plusvalía a la zona, lo que pareciera que por mera coincidencia se interesaran a comprar los predios que puso en venta en donde era la planta de transferencia de basura y los que utilizaba parques y jardines municipal, hoy negociados a la empresa Cabsa en su filial construcciones.

Mientras los habitantes de la capital de Jalisco se quejan de la inseguridad que se está viviendo y aunque no toda la culpa es del gobierno municipal, las estrategias y acciones que ha implementado el diputado con licencia y titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, Salvador Caro Cabrera, no se han logrado buenos resultados.

Los elementos policiales han sido asignados a una “peligrosísima” persecución de personas, principalmente jóvenes, que circulan por las calles cercanas al templo de El Santuario de Guadalupe, donde se ganan su sustento consiguiendo clientes para quienes buscan algún tipo de medicamento.

Ese tipo de trabajo no es ilegal si la mercancía que ellos consiguen no es de las llamadas controladas.

La decena de policías en cumplimiento de su deber, son destinados a la “peligrosa” vigilancia y persecución de quienes ofrecen conseguir medicinas, ni siquiera ellos las venden pero son arrestados si hacen su trabajo y tienen que pagar 600 pesos de multa administrativa.

También hay que recordar que en campaña el alcalde dio a entender que acabaría con la pobreza en Guadalajara, y parece que es su meta, acabar con los pobres en las calles.

¡Y PORQUÉ NO DENUNCIAN!

Una vez más tuvieron que hacer cambio forzado del director administrador de la Cruz Roja Guadalajara, ya que se tiene conocimiento que Eduardo Díaz Pérez, ilegalmente operaba una nómina de aviadores que presuntamente le redituaban alrededor de 200 mil pesos mensuales.

Supuestamente los directivos no pueden denunciar el presunto abuso de confianza por serias complicaciones en la administración que durante años han llevado a tan noble institución.

Hace ya muchos años también llegó de la Ciudad de México Agustín Ríos Vélez, quien en múltiples ocasiones fue cuestionado por el desempeño de su trabajo y hasta de la escuela de enfermería de la Cruz Roja, se había apoderado y llevado a una casa en la calle República, pero mediante algunas acciones legales fue recuperada para la misma Cruz Roja tapatía.

Seguramente en unos días el delegado en Jalisco, de la institución, Miguel Ángel Domínguez Morales, ordenará a los abogados que se abran acciones legales para quién o quiénes resulten responsables del desfalco que se dice suma varios millones de pesos y descubrir cómo se logró.