OPINIÓN
Una visita singular
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El pasado ocho de julio se cumplió la muy comentada visita de Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos de Norteamérica comandados por el señor Donaldo Trump, personaje de no buen cartel entre los mexicanos y en general a lo largo del ancho mundo. El motivo oficial la puesta en marcha del Tratado comercial T-MEX, que incluye además a Canadá.
El Presidente de México viajó como es su costumbre, en línea aérea comercial y asiento ordinario, símbolo de su austero modo de ser. Además se había hecho el examen del Corona Virus, del cual salió negativo, y por si fuera poco, llevaba cubre bocas. Ya en la tierra de Washington, AMLO se hizo presente ante los monumentos de Lincoln y de Juárez, cubriendo un protocolo cívico de hondo significado para las buenas relaciones.
Estas han registrado varias entrevistas entre Presidentes de México y Estados Unidos, iniciadas en 1909 entre Porfirio Díaz y William H. Taft en El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua; luego se registraron los encuentros de Ávila Camacho con Roosevelt (1943), Ruiz Cortínez con Eisenhower (1953) y Echeverría con Ford (1974). Abusaron de entrevistas el agringado Fox (13 veces), el villano favorito Salinas con Bush (9 ocasiones) y el destemplado Zedillo, quien se reunió con Clínton en 7 oportunidades.
La visita ahora era singular, recordando la forma de ser de Trump y la infausta frase de “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” atribuida al dictador Díaz. Por ello fue una sorpresa que los mexicanos residentes en el vecino país, en número bastante numeroso para una visita de esta índole, manifestaron su apoyo al Presidente de México con la clásica frase de “Es un honor estar con Obrador”, alegrado con notas de mariachi (llevado desde Nueva York) que interpretaban la canción “No me se Rajar” que hiciera popular el tapatío Vicente Fernández.
Por cierto, los mexicanos allí reunidos para patentizar su apoyo al mandatario azteca, evidenciaron su repudio a los reporteros de Televisa y otros medios por el estilo, además de objetar a los que como Jorge Ramos han mostrado una actitud hostil a la 4T. Para Sabina Bergman, la destacada dramaturga mexicana, fue un espíritu festivo el demostrado por los connacionales. Aunque eso sí, sobre la cena ofrecida ese mismo día, a la que asistieron once grandes capitanes del capital mexicano y otros del norteamericano, Sabina señaló que debería haberse incluido a más representantes, no solo del ámbito empresarial, sino también de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos y los artistas que mantienen gran relación entre los dos países.
Luego de la reunión que sostuvieron los dos mandatarios al filo de las 14.00 horas, vino el momento de la declaración conjunta, en la cual cada personaje echó mano de sus mejores locuciones de acuerdo a lineamientos diplomáticos. Trump sorprendió por lo acicalado de su mensaje, por lo que no tocó temas delicados. Pero el Presidente López Obrador, pronunciando un excelente discurso, si puso dedos en las llagas (hemos tenido desencuentros, hay agravios que no se olvidan) y resaltó los hechos que han enaltecido a las dos naciones: Lincoln y Juárez, Roosevelt y Cárdenas, para rematar con elegante pero categórica alusión de Washington, al mencionarlo para dejar claro que en vez de aplicar la doctrina Monroe, se atiende lo dicho por el libertador norteamericano: a los países, aunque sean débiles se les debe respetar.
A muchos comentaristas y críticos de AMLO no les gustó que le hubiera agradecido al pueblo norteamericano por conducto de su presidente, el trato de respeto que ha imperado mientras que el tabasqueño dirige a México, pero la diplomacia exige que la cortesía y buenas maneras imperen para evitar fricciones o diferendos. Recordemos que nuestra nación es la socia número uno del país de las barras y las estrellas, y eso es más que sumamente importante, por lo que se debe cuidar empeñosamente.
Porfirio Muñoz Ledo, punzante crítico dentro de la 4T, efusivo apuntó que AMLO “se volvió a poner la banda presidencial como Jefe de Estado”, agregando que el discurso expresado por el Presidente mexicano fue “contundente e inteligente”, dejando plasmada la posición de México al referir en su mensaje ante Trump, que “hay agravios” que no se olvidan, con lo cual “la visita representa una proeza diplomática, y abre una nueva vía para un trato igualitario” entre los dos gobiernos.
De acuerdo al Doctor en Historia y en Derecho, maestro de la UNAM Eduardo López Betancourt, luego de esta visita y lo expresado por el Presidente mexicano, “no habrá motivo ni necesidad de romper nuestras buenas relaciones políticas..,” y lo comprometió (a Trump) a seguir tratando con respeto a México, honrándolo como nación independiente, como lo que somos, le espetó AMLO al señor Trump: “un pueblo, digno, democrático y soberano”.
Ya en la cena y para cerrar con broche dorado, tras brindarles AMLO confianza a los grandes inversionistas tanto de éste lado del Río Grande (Bravo) como del otro, (desmintiendo a algunos medrosos mexicanos que difunden el embuste de que AMLO es un expropiador tipo Chávez) el mandatario yanqui forjó una impresionante frase: “Su Presidente, López Obrador, es el mejor Presidente que han tenido. Es duro, audaz. Y quiere mucho a su país”.
Ciro Gómez Leyva, comentarista cáustico de la 4T, no tuvo empacho en expresar que “fue un gran día del Presidente”, advirtiendo: «Los opositores están a la espera de un tuit de Trump que eche a perder la gran visita del presidente @lopezobrador a la Casa Blanca, le tapó la boca a los que pensaban que sería un desastre».
Sabiendo como es el mandatario gringo, nada remoto sería que sucediera la advertencia de Gómez Leyva, pero eso sería otro episodio, distinto al que nos ocupa. Porque para la historia, no cabe duda de que, la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital de los Estados Unidos, positivamente fue una visita singular.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
