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Vida Urbana: Absurda y ridícula compensación urbana

Vida Urbana: Absurda y ridícula compensación urbana

Sep 2, 2017

Por Benjamín Mora //

Judas vendió al Maestro por 30 monedas de plata; hoy, en Jalisco, con 500 pesos por piso excedido a lo autorizado en un edificio, se legaliza su daño ambiental urbano desde los ayuntamientos metropolitanos de Alfaro, Lemus y amigos.

Con indignación pero sin asombro, me enteré que en nuestra metrópoli, por acuerdo de las autoridades municipales, pueden regularizarse todas las edificaciones que, en el pasado -y presente-, hayan excedido el número de pisos autorizados por la absurda y ridícula compensación de 500 pesos por piso, equivalentes a poco menos de 5 centímetros cuadrados de construcción al precio de venta. Así, el deseado ordenamiento urbano jamás se tendrá… a esto se le conoce como corrupción e impunidad.

Estoy totalmente de acuerdo con Trino Padilla, procurador de Desarrollo Urbano de Jalisco, quien señala: “No se puede, estrictamente hablando, regularizar algo con una multa, sino con lo que plantea la ley” que es la demolición”; pero eso no cabe en el imaginario de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y sus presidentes municipales metropolitanos.

Quien está detrás de muchas de las edificaciones irregulares tapatías en Providencia y otras colonias, es Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, quien no detiene, por decisión propia, y sí fomenta, también por decisión propia, la violación a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano. Por su parte, Trino Padilla, como procurador de Desarrollo Urbano, ha iniciado procedimiento en contra de las disposiciones jurídicas y administrativas emanadas del reglamento municipal por ser contrarias a otros ordenamientos superiores, incluso federales.

Parece que en la ecuación urbana hay algunos demonios vestidos de munícipes y alguien que vela por nuestro futuro sustentable; claro, debemos denunciar y solicitar a Prodeur nos represente jurídicamente.

Lo que hoy sucede en nuestra metrópoli es de tal gravedad que viola compromisos de México en el ámbito internacional. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, signado por el gobierno de la República, el número 11 hace referencia a ciudades y comunidades sostenibles.

En la página de internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html) se lee “mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva” y esto, simplemente no está en el DNA ni de Alfaro ni de su gobierno, ni de Lemus, ni de… los hoy gobierno municipales metropolitanos de Movimiento Ciudadano no solo no promueven ni respetan la participación e inclusión ciudadana sino que violan, descaradamente, los Planes Parciales de Desarrollo vigentes.

Lemus y su gobierno autorizó un edificio para oficinas y comercio que viola los Planes Parciales de Desarrollo, al exceder sus C.O.S y C.U.S, en especial el ZPN-5 Vallarta-Patria, sobre la avenida Naciones Unidas casi esquina con Ceja de la Barranca, en el fraccionamiento Loma Real, en donde también autorizó una guardería y en ambos casos, que quede claro, sus licencias son nulas de pleno derecho. Es pues, un gobierno que se mantiene “casi nulo de pleno derecho”… es un gobierno que se recrea, que se divierte y enriquece en la ilegalidad urbana.

Las regularizaciones de lo ilegal es algo que excede el principio jurídico según el cual, el servidor público solo puede hacer aquello que la ley le manda, y no hay mandato que le dé licencia para legalizar lo no conveniente para la ciudad y sus ciudadanos, para legalizar lo que es nulo de pleno derecho. Más aún, las autoridades municipales de la ilegalidad urbana no han informado de qué manera habrán de satisfacer la “eficacia hídrica” como lo manda el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible.

Estamos ante licencias ilegales de construcción por provenir de actos viciados por su discrepancia con los Planes Parciales de Desarrollo vigentes y nulos de pleno derecho de acuerdo al Código de Desarrollo Urbano para Jalisco. La infracción ha sido cometida por la propia autoridad municipal y quienes en ella intervinieron deben ser juzgados y sancionados conforme a Derecho.

A los presidentes municipales -si acaso fueran no responsables directos- deben articular un oportuno procedimiento para depurar las irregularidades cometidas por sus subalternos y, en su mejor determinación, separarlos del cargo por falta de probidad y honradez. Pero el asunto no es tan simple pues las licencias constituyen un acto declarativo de derechos para su titular que exige un juicio de lesividad que deje sin efectos a las licencias y debe suspender las obras autorizadas. El principio de seguridad jurídica obliga a que sea el propio Ayuntamiento quien impugne la licencia de la mejor manera.

Pero claro, Alfaro y Lemus están embolados en los resultados de sus “ratificaciones” y seguro creerán que hace bien en vivir en la nulidad de pleno derecho urbano.

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