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VIDA URBANA: Ciudadanía plena

VIDA URBANA: Ciudadanía plena

Feb 22, 2014

Por Benjamín Mora Gómez —-

Cosa curiosa es leer a los grandes liberales de la historia universal como lo fuera Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu, y encontrarnos con su definición de libertad, a la que reconoce como “el derecho a hacer lo que las leyes permiten”. No más y no menos, tan sólo lo que las leyes nos permiten, de manera que nuestros derechos son los contenidos en las propias leyes, y nunca fuera de ellas. Entender esto nos lleva a asombrarnos de las veleidades con que, a veces, imaginamos nuestros derechos y libertades. 

En el absurdo más irrisorio hay quien afirma que “el torito tapatío” atenta en contra de su derecho a emborracharse; sin embargo, en ninguna ley ni norma hay algo que nos señala: “Quien así lo desee, tiene derecho a emborracharse, y si así estuviera, podrá manejar sin que nadie lo moleste ni en su persona, ni bienes, ni documentos, salvo resolución personalísima de autoridad judicial competente, tras un juicio”.

Como ciudadanos, gozamos de derechos y deberes, y somos los sujetos activos de la vida política pues de nosotros –pueblo– el poder dimana. Nuestra esencia como seres sociales, no deriva del hecho de ser miembros de una comunidad, sino de tener la capacidad de decidir cómo queremos que sean las reglas de convivencia del grupo al que pertenecemos. Esto nos hace ciudadanos, y es por ello que la política pública de nueva generación, basada en derechos sociales que el Gobierno de la República ha puesto en marcha, resulta de enorme trascendencia y novedad.

Los derechos sociales representan la posibilidad de acceder a una ciudadanía plena y constituyen una amplia categoría de derechos humanos garantizados en nuestra Carta Magna, sus las leyes, así como en diversos tratados internacionales signados por el Gobierno Federal y ratificados por el Senado de la República.

Desde esta nueva visión de la política pública se construirá un piso justo, digno y muy humano para todos aquellos que hoy sufren de pobreza, marginación, exclusión, discriminación y violencia. Se reconoce a todos la dignidad innata, la igualdad esencial, la necesaria libertad creciente y derecho a ser diferentes y diferir en la búsqueda permanente de nuestra realización más elevada. Derechos que son inalienables e imprescriptibles pero que por años parecieron dormitar.

Una política pública así, está llamada a convertirse en el estilo de hacer gobierno como forma efectiva de justicia social. Atrás debe quedar aquella ciudadanía asistida para convertirse en ciudadanía plena. 

Vivimos un México nuevo que se mueve y transforma, capaz de compartir no sólo sus bienes materiales y económicos, sino también sus tradiciones y bienes culturales, simbólicos, civiles, históricos, construidos y trascendentes, tangibles e intangibles, que nos especifican, singularizan y particularizan ante el mundo.

Es tiempo de comprender que no habrá crecimiento económico sostenible sin inclusión social plena, y que, aquí, el orden de los factores sí altera el resultado. No se podrá crecer sostenidamente si antes no logramos la inclusión social de todos. Contrario al pensamiento neoliberal, no se trata de generar riqueza para luego repartirla, pues esto, jamás ha sucedido en la historia humana… ni sucederá.

Debemos comprender que es intrínsecamente antiético sostener que un México de “ganadores y perdedores” es natural y lógico. 

El cambio de visión sobre política pública podría parecer menor pero no es así; implica reconocer que como personas y colectivos somos titulares de derechos, y que esos derechos le imponen obligaciones al Estado, entre las que se destaca, identificar qué derechos se vulneran y quiénes se benefician de ello, para actuar con el poder del Estado y revertir sus consecuencias. Las demandas de justicia deben traducirse efectivamente en derechos.

El cambio no puede quedarse sólo en retórica y discurso, sino que deben construirse los instrumentos explícitos para que todos podamos ejercer nuestros derechos como la expresión más importante y visible de toda política pública. La exigibilidad y la verificación deben alcanzarse.

benja_mora@yahoo.com