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Vida Urbana: Cortar de tajo con los malos servidores

Vida Urbana: Cortar de tajo con los malos servidores

May 13, 2017

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Benjamín Mora Gómez //

La semana pasada, en este espacio, señalé la necesidad de enriquecer la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas (#Ley3de3) al agregar prueba de laboratorio médico reconocido de no consumir ni tener adicciones a drogas ilegítimas, y durante esta semana hubo quien me lo criticó por “meterme o intentar meterme en la vida privada de las personas que aspiren trabajar en el gobierno”. Doy respuesta: La Comisión Nacional contra las Adicciones –Conadic- nos convoca a dar prioridad a las necesidades e intereses de la sociedad por encima de los particulares ajenos al bienestar de la colectividad, y, agrega, que el servidor público debe estar consciente de que “el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando persiguen beneficios individuales”.

Hoy día, son conocidos nombres de servidores públicos adictos a enervantes, e incluso entre quienes se supone los combaten. Esta grave situación debe terminar y asumirse una postura de intolerancia sobre el consumo de drogas entre los servidores públicos, como lo propone para toda la sociedad el propio Conadic.

Debe, al mismo tiempo, tenerse mayor cuidado sobre los exámenes de adicciones como los debe haber en torno a los exámenes de confianza que, en varios casos, “otros lo hacen y aprueban” para servidores públicos cuyas vidas los pondrían en aprietos.

De igual manera, la semana pasada señalé que los delitos en contra del patrimonio gubernamental deberían ser imprescriptibles, es decir, poderse y deberse perseguir en cualquier momento futuro a su comisión, y que la no denuncia en tiempo y forma a su conocimiento debería constituirse como una forma de delincuencia organizada por quien omitiera actuar.

Hoy agrego como agravante el tratarse de un daño patrimonial en dependencias y/o programas con propósitos de bienestar social, educativo, cultural ambiental o de salud, y, propongo, que al monto del daño directo deberá sumarse el impacto –cuantificado- en la vida de los destinatarios originales.

Más aún, este criterio deberá aplicarse a las auditorías que se cumplen en las dependencias gubernamentales. Veamos: Toda auditoría se lleva a cabo con el conocimiento del servidor público responsable de mayor jerarquía del área o programa a revisar, lo que le obliga a dar seguimiento y la atención de la posible transgresión, las recomendaciones del auditor y la resolución obligada de la problemática. Así, cuando a juicio del titular del área de auditoría se presuma responsabilidad administrativa, civil o penal, se tiene la obligación de comunicarla al Órgano Interno de Control o de Control interno de la dependencia, anexando el soporte documental respectivo, y éste de comunicarlo al servidor público responsable del área observada para proceder administrativa, civil o penalmente. Si no lo hiciera, se le deberá perseguir por posible delincuencia organizada.

En todo ello no hay nada que no se haya intuido por gente de la talla de Montesquieu que deja en claro que en los gobiernos bien habidos no basta la voluntad del gobernante ni la fuerza de las leyes, sino que es esencial que en aquel prive la virtud. Lo que hoy falla es que quienes formulan, aprueban y publican las leyes NO se someten a ellas y, por tanto, no se sienten realmente responsables de ello, y menos de dar ejemplo de vida en igual sentido.

Día con día conocemos de “descuidos u omisiones” sobre la obligación de garantizar el imperio de la Ley en casos que nos escandalizan y desprestigian como nación ante el mundo. Nuestro mal es que nuestro régimen político y gubernamental ha sido vencido por el virus de la inmoralidad política.

En México, la delincuencia parece imponer sus códigos de corrupción que desde el gobierno se avalan con impunidad.

Montesquieu nos dice: “Cuando la virtud desaparece, la ambición entra en los corazones que pueden recibirla y la avaricia en todos los corazones. Los deseos cambian de objeto, se deja de amar lo que se amó, no se apetece lo que se apetecía, se había sido libre con las leyes y se quiere serlo contra ellas, cada ciudadano es como un esclavo prófugo, cambia hasta el sentido y el valor de las palabras; a lo que era respeto se le llama miedo, avaricia a la frugalidad. En otros tiempos, la riqueza de los particulares formaba el tesoro público; ahora es el tesoro público patrimonio de los particulares. La república es un despojo, y su fuerza no es ya más que el poder de algunos ciudadanos y la licencia de todos”. Nada hay que agregarle.

Las leyes deben cumplirse ante tantos crímenes en contra de la nación que nos ofenden a todos.

El ejercicio de la política está degradado por servidores públicos enfermos de ambición y en burla permanente hacia la virtud, pero sobre todo por políticos faltos de palabra, obnubilados ideológicamente y mentirosos patológicos.

Devolvamos honor a la política. Hagamos de la palabra la medida de nuestra altura personal. Detengamos a los duartes que hay en cada gobierno, desde ya, y no esperemos a que se fuguen y tengamos de buscarlos por el mundo entero. 

Transformemos a México. Casi todos lo queremos.

E-mail: benja_mora@yahoo.com


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