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VIDA URBANA | Del uso libre de la razón

VIDA URBANA | Del uso libre de la razón

May 21, 2016

Aún recuerdo que, al llegar a la prepa se nos recibió con una extraordinaria frase tomada del pensamiento de Emanuel Kant: ¡Tengan el valor de servirse de su propia razón!, y recuerdo que se nos invitó a hacer el uso público, libre, responsable y digno de aquella. Esta lección, de escasos 5 minutos, definió mi personalidad y vida.

Libertad de pensamiento y de acción que son uno mismo y por los cuales nos guiamos en nuestro proceso de convertirnos en hombres y mujeres plenos; libertades que nos hacen capaces de criticar y reorientar nuestro entorno hacia mejores estadios, no permitiendo ser coaccionados por ningún tipo de presiones. Comprendí, asimismo, los graves resultados de una extraña y fastidiosa comodidad, que anida en muchos, de no razonar y conformarse con lo que otros hagan.

Es así que no entiendo las razones por las que, en Jalisco, de manera absurda, se exige a las organizaciones de la sociedad civil, al momento de su constitución notarial, obligarse a «no intervenir en asuntos legislativos»; ello, no sólo es profundamente antidemocrático sino, además, anticonstitucional y muestra un miedo aterrador y absurdo de los gobiernos hacia su sociedad civil organizada que, desde la razón, pudiera criticar la realidad que atienden y pusiera en evidencia la impunidad que todo lo pudre y desde la cual el mal infecta al gobernante. En la prohibición referida no estamos ante un supuesto en que la Patria y el Estado pudieran peligrar, y que justificaría tal limitante, sino que nos encontramos en los remolinos del capricho, la irreflexión, la ocurrencia y el autoritarismo que buscan ocultar lo que está a la vista de todos.

Entiendo que la misión primordial de la sociedad civil es el «abrir los ojos» de la razón a través de la construcción de competencias a partir de las inteligencias de cada persona para actuar en sociedad con base en valores y principios éticos que las hacen asumir responsabilidades individuales y colectivas que se significan en libertades plenas y futuros promisorios.

La sociedad civil evidencia los males de la impunidad y el abuso que se convierten en desigualdad social y pobreza, así como en acumulación de los bienes sociales en unas cuantas manos, provocando la escasez… y ello preocupa. ¿Cómo justificar la alza de precios de los alimentos si no es partir de una provocada escasez, falsa e inhumana, cuando cada día se tiran 31 toneladas de alimentos en buen estado? Por solo dar un ejemplo.

No acepto, pues, que a siglos de Emanuel Kant se nos siga creyendo incapaces de guiarnos por nuestra inteligencia con responsabilidad, o peor aún, de que requiramos de la tutela de otros para alcanzar los niveles de bienestar deseados.

Es tiempo de terminar con atavismos cuasi esquizofrénicos en el ejercicio del poder, pues cómo pueden convivir, por una parte, el derecho que tiene el ciudadano de elegir a sus «representantes» y, por la otra, la imposibilidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas de esos representantes que se sustentan en la acción legislativa. Pregunto: ¿En qué rincón de la más perversa soberbia se niega a la sociedad orientar las leyes que regulan nuestro actuar comunitario y el de nuestros representantes en el Congreso y el gobernante en Palacio de Gobierno, y en la interpretación de la constitución y las leyes de ella emanadas? ¿Y cómo nos pueden representar y atender nuestro mandato si se niegan a oírnos y nos prohíben orientar su actuar?

La Organización de las Naciones Unidas reconoce que «la sociedad civil contribuye con la promoción, protección y el fomento de los derechos humanos».

En octubre de 2014, Zeid Ra’ad Al-Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalaba: «la sociedad civil sigue siendo una prioridad estratégica, pues refuerza los objetivos que compartimos, ayuda a afrontar nuestros problemas comunes y respalda la misión y las iniciativas de la Oficina en el ámbito de los derechos humanos», y agregaba: «La existencia de una sociedad civil dinámica, diversa e independiente, capaz de actuar libremente y bien informada y preparada en lo que se refiere a los derechos humanos, es fundamental para garantizar una protección sostenible de los derechos humanos en todas las regiones del mundo». Y va más allá cuando sentencia que las Naciones Unidas «tiene la misión de proteger el espacio de la sociedad civil. Los países son los principales responsables de proteger a los agentes de la sociedad civil, pero cuando el espacio de estos, o ellos mismos, se encuentran en peligro debido a su labor de promoción de los derechos humanos, la comunidad internacional tiene la responsabilidad común de prestarles apoyo y protegerlos». Es pues un mandato que a todos obliga, incluidos los gobiernos estatales en México.

La Fundación Panamericana para el Desarrollo, brazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los temas relacionados con la sociedad civil, ha declarado: «La democracia no se expresa, solamente, a través de la votación cada ciertos años. Se expresa diariamente con la gente participando en su sociedad», y ha dejado en claro que uno de los principales síntomas que reflejan que la democracia de un país está muriendo es cuando sus actores sociales, representados en las organizaciones populares y en su conjunto, en los independientes, son excluidos de las decisiones de sus gobiernos… de ello es que hablo.

Los gobernantes deben decidirse sobre qué sociedad quieren: una fuerte y dinámica u otra pasiva y marginal. Sin embargo, sea cual fuere su postura, no pueden sustraerse a la reflexión de consenso del hemisferio occidental contenida como compromiso en la Carta Interamericana de la Democracia que fija el papel de la sociedad civil como actor político.

Es tiempo de que se reconozca —más allá del discurso huerco y banal— a las organizaciones ciudadanas como de interés público e impulsar su involucramiento activo en todas las etapas de elaboración de políticas públicas: formulación, implementación y seguimiento.

Es tiempo de dejar sin efectos notariales las prohibiciones de intervención en asuntos legislativos a la sociedad civil organizada.

Cabe decir que, en el Instituto Nacional de Desarrollo Social no solo no se respalda tal prohibición sino que se anima y promueve la intervención legislativa de la sociedad civil en los asuntos de su interés. En Indesol se confía en quienes sirve y son su razón de ser. Hagamos lo propio todos quienes servidos a las organizaciones ciudadanas.

benja_mora@yahoo.com