Portal informativo de análisis político y social

VIDA URBANA | El Derecho a la Ciudad y los cambios deseables

VIDA URBANA | El Derecho a la Ciudad y los cambios deseables

Jun 6, 2015

Después de un plebiscito promovido por ciudadanos mexiquenses y sin mediar sustento legal vinculante alguno entre aquellos y el gobierno, en 2008 Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, determinó revertir la desincorporación del patrimonio público de 104 hectáreas del Conjunto Sedagro, que pretendía privatizar y urbanizar para construir un complejo administrativo, comercial y habitacional en el municipio de Metepec, en la zona metropolitana de Toluca. El gobernador Enrique Peña dio así respuesta a la oposición manifestada en una consulta convocada por el gobierno en que sólo participaron 12 mil 322 ciudadanos.

Recuerdo el gran debate que tuvo el plebiscito en los medios de comunicación y cómo hubo quien despreció su fuerza inicial y la de esos 12 mil 322 ciudadanos referidos y cómo, Enrique Peña Nieto, señaló:

«Si el pueblo elige a su gobernador, el pueblo puede decidir qué quiere de su gobernador».

La semana pasada, en este espacio, narré el caso de la guardería que se pretende construir en el lote marcado con el número 7078 de la avenida Naciones Unidas, en Loma Real, Zapopan, e hice referencia a la oposición vecinal al defender sus proyectos de vida barrial, habitacional horizontal de baja densidad y comenté que, en la misma cuadra, hay dos guarderías/preescolares.

Hoy sé que la autoridad municipal dará la licencia de construcción con o sin la anuencia vecinal pues, a decir suyo, no está obligada a atender los reclamos de los ciudadanos… así, la autoridad municipal parece olvidar que el poder público dimana del pueblo… así, el gobierno municipal atenta en contra del más elevado sentido de democracia, según el cual debería promoverse la participación ciudadana en lo público y de gobierno.

Estamos así, ante una crisis de gobernanza que contrapone a los ciudadanos con su gobernante, los primeros en querer volver a ser dueños de su ciudad, y el segundo, a querer entregarla a sus mercaderes.

En Zapopan se vive esa lucha que explica bien Henri Lefebvre en su libro El derecho a la ciudad (1968), y que sintetiza en un rescatar al hombre como su elemento principal y protagonista de la ciudad que él mismo ha construido; derecho que tiene como propósito fundamental el «buen vivir» para todos, y hacer de la ciudad «el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva». Pero esto, tan simple y maravilloso, podría no importarle a la autoridad municipal de Zapopan empeñada en dar una licencia de un equipamiento NO demandado por los vecinos.

La autoridad municipal, evidentemente política, no entiende que la ciudad es un espacio profundamente político en donde las voluntades colectivas pueden provocar solidaridades, por un lado, y conflictos, por el otro. Cuando se dan los conflictos y éstos no se resuelven, siempre las autoridades caen y el sistema que las hizo posible se transforma a fondo.

Siguiendo el pensamiento de David Harvey, si el derecho a la ciudad nos permite transformarla, es lógico intuir el derecho a reformar la norma jurídica que la ordena. Así, es derecho ciudadano no sólo reformar el Código Urbano sino también la Constitución Política en lo relativo a los alcances políticos y administrativos de los ayuntamientos. El 115 constitucional podría cambiar.

La reivindicación ciudadana de crear ciudad se basa en los derechos humanos y más puntualmente en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscritos por México ante Naciones Unidas, de tal manera que el Código Urbano de Jalisco, por su atrevimiento conculcante de derechos ciudadanos, es doliente de ilegalidad. El derecho a la ciudad se basa en una dinámica de reflexión, debate, proceso y conquista que nos permite ejercer otros derechos; no puede, por tanto, quedar al arbitrio y capricho de la autoridad municipal. La ciudad no puede seguir siendo destrucción/construcción de gobiernos trianuales.

Existe una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, articulada por Habitat International Coalition, que recoge los compromisos y medidas que deben asumir la sociedad civil, los gobiernos locales y nacionales, los legisladores y organismos internacionales para que todas las personas vivan con dignidad en las ciudades. Es así que la lucha aquí planteada podría convocar a los movimientos populares, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil, comprometidos con las luchas sociales por ciudades justas, incluyentes, democráticas, humanas, sostenibles y sustentables.

El derecho a la ciudad incluye: facilitar el tejido de las relaciones sociales, vivir dignamente, sentirse parte de ella, igualdad de derechos, ejercicio pleno de la ciudadanía, gestión democrática, protección especial de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, economía solidaria, producción social del hábitat y, por supuesto, participación política, entre otros. Limitar la participación ciudadana a su escucha es tener una idea muy empobrecida del sentido de la democracia.

Así, a partir del caso Naciones Unidas 7078, lucharemos por el ejercicio pleno de la ciudadanía, es decir, el ejercicio de todos los derechos humanos que aseguran el bienestar colectivo, y la construcción y gestión social de la ciudad. Recobraremos el sentido social de la propiedad y de la ciudad, predominando el bien colectivo sobre el derecho individual, lo que se traducirá en su uso socialmente justo, comunitariamente consensuado y ambientalmente sustentado.

Estamos ante la oportunidad de cambios de modelos hegemónicos que resultan arcaicos, atentatorios de derechos humanos y antidemocráticos, que violan tratados internacionales signados por México y, por ello, ilegales de origen.

Con motivo del 25 aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo: «Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos son deberes irrenunciables del Estado mexicano [….] Sociedad y gobierno estamos trabajando para que todas las personas puedan ejercer todos los derechos que les reconocen nuestra Constitución y los tratados internacionales, suscritos por nuestro país […] Los derechos humanos son… la piedra angular del quehacer de esta Administración». Pregunto, ante este pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto, cómo resolverá actuar el gobierno municipal de Héctor Robles Peiro y qué hará el Congreso de Jalisco respecto de un Código Urbano a todas luces contrario a los derechos humanos y la democracia.

 

benja_mora@yahoo.com