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VIDA URBANA | Ilegalidades tramposas

VIDA URBANA | Ilegalidades tramposas

May 30, 2015

Hace unos días leí, de la presidente Michelle Bachelet, una expresión por demás interesante: «los modos éticamente discutibles de hacer negocios» en referencia a la fallida acción de su gobierno en contra de la corrupción en Chile. En el mismo tema, Sauli Niinistö, presidente de Finlandia, durante su visita de Estado a México, sentenció que la corrupción afecta a los derechos humanos. Así, podemos convenir en que la corrupción vulnera los derechos humanos por cuanto entraña una violación al derecho de igualdad ante la ley, sustituyendo el interés público que debe proteger el servidor público como agente del Estado, por el interés privado de quienes corrompen.

Desde hace años, el Derecho a la Ciudad ha ocupado mi tiempo, pasión y estudio, al ver cómo las ciudades sufren de un proceso de degradación, destrucción, ruptura y dispersión, resultado del abuso, la arbitrariedad, la discriminación, el error y la negligencia de sus autoridades y habitantes; así como de leyes amañadas y débiles. No hay día en que no se atente en contra de aquello que cohesiona, da sentido de pertenencia y otorga identidad a sus ciudadanos. Día a día nuevas violaciones se suceden en los usos y densidades del suelo, así como en la calidad ambiental del aire, el suelo e imagen y en todo aquello que representa su herencia social y cultural.

Las ciudades son espejo de la organización social de sus habitantes y del sistema de poder que las vertebra; son la construcción social más extraordinaria del ser humano. En ellas se posibilita la vinculación, integración y convivencia humana, y se concentra la mayor riqueza y diversidad económica, ambiental, social, política y cultural, así como la más lacerante inequidad económica, la pobreza, la marginación, la exclusión, la desigualdad…

En materia de desarrollo urbano y, en especial, de usos del suelo, en Jalisco vamos en sentido contrario a lo que mandata la Carta Magna. Resulta que, por atrevimiento irresponsable de quienes han formulado la norma urbana, la autoridad municipal NO está obligada a obtener la anuencia vecinal cuando se da una licencia de construcción que afectará su vida comunal y familiar, violando el principio de preeminencia del bien mayor sobre el menor y, con ello, los artículos 14 y 16 constitucionales pues les causan molestias, sin ser oídos y vencidos en juicio.

Recién, en Zapopan, el o los dueños —desconozco nombres— del predio marcado con el número 7078 de la calle Naciones Unidas en el fraccionamiento Loma Real, con tan sólo el dictamen (número 1111/2015/2–276/DDT) y alineamiento (número O/L–0223–15/MY), sin licencia de construcción, se atrevieron a iniciar la construcción de lo que, anuncian, será una guardería. Los vecinos están indignados y preocupados ante lo que podría afectarles su calidad de vida, por un «equipamiento vecinal» —término que dan a las guarderías» que los vecinos rechazan pues, en la zona, está sobradamente cubierto. Estamos ante un caso «éticamente discutible de hacer negocios».

La supuesta guardería pretende desplantarse sobre una excavación profunda —ahora suspendida— de unos tres metros de profundidad de lo que sería su estacionamiento… poco, muy poco común en una guardería, y más propio de un edificio de varios niveles en una zona exclusiva para habitación horizontal de baja densidad.

Por intervención de Laura Haro, candidata a diputada por el Distrito 10 local, la obra se suspendió en tan sólo dos días. Sin embargo, la autoridad municipal sigue el trámite de la licencia de construcción solicitada por quien demostró desprecio por la Ley y el Estado de Derecho, al tiempo que socava los derechos humanos de quienes viven en Loma Real. Al primero se le escucha y a los segundos se les ignora. Hay favores que ponen en duda la honorabilidad de todo un Ayuntamiento, y desatenciones que lo denigran y evidencian.

Lo que hoy sucede en Naciones Unidas de Zapopan atenta en contra de la democracia pues se niega al pueblo el derecho a decidir cómo quiere vivir, y garantiza impunidad a quien ha despreciado a la Ley y el Estado de Derecho. A quien no merece confianza, pues ha sido tramposo, se le otorga; y a los ciudadanos se les niega la más mínima confianza. Esto parece esquizofrénico.

El caso Naciones Unidas 7078 debe servir para volver visible al ciudadano ante la autoridad, y a ésta, saberse humilde ante aquel, así como asumir compromisos de lucha social por recobrar nuestro derecho a la ciudad, con toda su historia, identidad colectiva, sueños y logros, conculcado por quienes hacen leyes y reglamentos en Jalisco.

La norma urbana que hoy prevalece en Jalisco es, a mi entender: ilegal por su anticonstitucionalidad, ilegítima, defectuosa, irregular, abusiva, arbitraria, discriminatoria y negligente. Debe, pues, cambiarse. No puede permanecer lo que es contra natura pues contraviene la participación activa ciudadana en los actos de gobierno que le son de interés.

Ojalá Héctor Robles Peiro asuma este caso con un profundo interés democrático, justo y legítimo, y Laura Haro siga con este espíritu de resolución pronta y socialmente comprometida.

 

benja_mora@yahoo.com