Portal informativo de análisis político y social

VIDA URBANA | Impunidad judicial

VIDA URBANA | Impunidad judicial

May 2, 2015

Comprender al ser humano es una tarea siempre inconclusa e informe, llena de paradojas y contradicciones, de lucha, por un lado, en contra de nuestro impulso autodestructivo y de destrucción de todo cuanto nos rodea y, por el otro lado, en favor y de compromiso hacia la dignidad humana y la vida misma a las que debemos respeto, amor, cuidado y solidaridad.

El conocimiento del ser humano, aun el más aventajado y objetivo, se descubre caótico. No aprendemos a ser neutrales en nuestras relaciones, justos en nuestro actuar, ni a ser armoniosos en el diálogo y, menos, a ser tolerantes ante la frustración… abusamos y entramos en pleitos ante la menor causa.

Montesquieu alguna vez dijo: «No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia». Hace apenas unos días, Alondra Luna Núñez fue secuestrada por la Interpol con la autorización de la jueza de primera instancia en materia civil, con sede en Los Reyes, Michoacán, Cinthia Elodia Mercado García, y llevada a fuerza y con violencia física y moral a Houston, Texas, en donde probó, mediante estudios de ADN, que no es quien buscaba Dorotea García Macedo, su supuesta y falsa madre. La jueza de la causa abusó, violó garantías constitucionales, ofendió, y causó graves daños a una menor y a sus padres y familia; fue negligente e incapaz de revisar la causa, valorar su solidez y reflexionar sobre las implicaciones de la resolución metaterritorial de un tribunal extranjero. A Alondra se le expatrió y no hubo poder público mexicano que lo impidiera; el interés superior de la menor no importó; el interés superior de una connacional les valió nada. Relaciones Exteriores palideció ante una petición judicial norteamericana; los protocolos fallaron y se olvidaron de nuestra soberanía.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en entrevista radiofónica con Leonardo Curzio, señaló que no basta una disculpa e instó a reparar el daño… pero la jueza sigue departiendo justicia desde su particular estilo. Ni por asomo de dignidad y vergüenza, renuncia. Estamos ante un hecho más de abuso por incapacidad moral y ética al impartir justicia que indigna. A Alondra se le trató como a la peor criminal y con la mayor de las brutalidades policiales; los vacíos institucionales se evidenciaron en todo el proceso.

En nuestro Sistema Judicial sobra soberbia y falta humildad para aceptar al ciudadano con todo lo que conlleva; en especial su libertad —la razón primera y última de la justicia— con el respeto, cuidado y comprensión que merece. En México, las instituciones responsables de impartir justicia son «juzgadas» por los ciudadanos como carentes de valores morales y éticos, que no merecen su confianza. Los juzgadores han sido juzgados y condenados.

Los poderes públicos, en especial el Legislativo, han perdido la capacidad para construir principios abstractos —pero muy lógicos— para normar los comportamientos nuestros y de ellos. Todo se lo permiten a sí mismos, y todos nos limitan, a partir de una desconfianza abusiva e insostenible si entendieran y aceptaran que el poder dimana del pueblo y jamás les pertenece.

Jueces y magistrados —por fortuna, no todos— rompen el Estado de Derecho y casi nunca se les castiga. Casos abundan, recientes y añejos; conocidos y olvidados. Sabemos de jueces y magistrados tomados in fraganti violando la ley.

En Jalisco, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, ocupamos el sitio 31 en el índice de imparcialidad de los jueces. Peor sí podría ser, y sólo una entidad federativa nos separa de ese nivel, de esa vergüenza.

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidente del Fondo Monetario Internacional, ha señalado que la corrupción y la falta de un Estado de Derecho más fuerte frenan el crecimiento económico de México (Foro México, febrero de 2015), y ni así, en muchos casos, la justicia se toma como asunto prioritario en la agenda nacional. No se entiende que las reformas estructurales podrían ser letra muerte si la justicia, la honestidad y la probidad no se asumen como el más elevado propósito ciudadano.

Todos necesitamos tener la sensación clara de vivir en un ambiente de estabilidad y orden. En este contexto, me es esperanzadora la recién aprobada Ley Anticorrupción por el Constituyente Permanente, aunque me preocupa que, como dijera Ricardo Anaya, coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, «Va a tomar una generación entera limpiar a México de corrupción […] El camino va a ser largo».

Difiero de Ricardo Anaya. Yo prefiero imaginar que este proceso podría ser más breve si lo sustentamos en el legado de Max Weber, para quien la autoridad debe buscar siempre su legitimidad; imaginario social por el que la gente obedece voluntariamente a sus gobernantes; dicha legitimidad sólo será posible cuando, quienes ocupan algún cargo de elección popular o cumplen alguna función pública y gobierno, lo hagan con honestidad, probidad, eficiencia y eficacia. Si esto no se cumple, no alcanzarán decenas de generaciones para cambiar a México. Es necesario, pues, aplicar la ley y dejarse de autocomplacencias desde el poder. Hoy se sabe quién es corrupto/corrupta; están a la vista de todos; se conocen con nombre y apellido; se saben de sus vínculos y negocios. No esperemos más y empecemos el cambio. Y, por favor, no más Alondras.

 

benja_mora@yahoo.com